Organizaciones de Las Flores piden a Abinader declarar de utilidad pública terrenos destinados a escuela

Los residentes sostienen que el Estado adquirió los terrenos alrededor de 2012. Foto/fuente externa Escuchar el artículo Detener el artículo La Junta de Vecinos y varias organizaciones comunitarias y religiosas de Las Flores de Pantoja solicitaron formalmente al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos destinados a la construcción de una escuela en esa comunidad, al advertir que el prolongado conflicto sobre la titularidad del inmueble mantiene en riesgo un proyecto educativo esperado desde hace más de 14 años. La petición está contenida en una comunicación fechada este 7 de septiembre de 2026, dirigida al mandatario, en la que los firmantes reclaman además una intervención directa del Poder Ejecutivo para esclarecer definitivamente la situación jurídica de los terrenos y garantizar que cualquier inversión realizada por el Estado con fines educativos sea protegida. 'Nuestros niños no pueden seguir esperando indefinidamente', señalan las organizaciones en la carta, en la que sostienen que la necesidad del plantel se ha hecho cada vez mayor debido al crecimiento poblacional de Las Flores. Los comunitarios explican que, conforme a informaciones publicadas y documentos públicos que aseguran haber consultado, el Estado realizó inversiones para adquirir terrenos y desarrollar trabajos relacionados con un centro educativo, pero el proyecto habría quedado paralizado debido a un conflicto judicial sobre la titularidad de la propiedad. La carta advierte que recientemente se han presentado personas en el lugar identificándose como vinculadas a DESTIEL, S.R.L., quienes, según los firmantes, han dado a entender que pretenden ejercer control sobre parte del inmueble. Sin embargo, las propias organizaciones aclaran que no pretenden establecer por su cuenta quién posee jurídicamente los terrenos y piden que esa cuestión sea determinada por las autoridades competentes. 'No afirmamos que dicha compañía carezca o tenga derechos sobre el inmueble, pues precisamente solicitamos que las autoridades competentes investiguen y determinen formalmente esa situación', precisa la comunicación. Los firmantes señalan que su principal temor es que cualquier ocupación, cierre, modificación o disposición física del área pueda agravar el conflicto y poner nuevamente en peligro la posibilidad de levantar la escuela reclamada por la comunidad. Las organizaciones plantearon al Poder Ejecutivo ocho acciones principales: Investigar exhaustivamente la situación jurídica actual de los terrenos destinados al proyecto educativo de Las Flores. Verificar la titularidad, antecedentes y situación registral del inmueble, así como conocer el estado del proceso judicial relacionado con los terrenos. Determinar quiénes son las personas que se han presentado como vinculadas a DESTIEL, S.R.L., cuál es su relación con la compañía y qué derechos alegan poseer sobre el inmueble. Evitar cualquier ocupación, destrucción, alteración, transferencia o disposición irregular mientras no se determine definitivamente la situación jurídica. Revisar integralmente el proyecto de construcción de la escuela y establecer por qué, después de más de una década, la comunidad continúa sin una solución definitiva. Proteger los recursos públicos invertidos y buscar una salida legal que permita materializar finalmente el centro educativo. Mantener informada a la comunidad sobre las decisiones y acciones que adopten las autoridades en relación con el proyecto. Declarar de utilidad pública el inmueble, con el objetivo de garantizar que sea destinado a la construcción de un centro educativo para Las Flores de Pantoja. En uno de los pasajes centrales de la comunicación, las organizaciones sostienen que el conflicto va más allá de una disputa inmobiliaria y afecta directamente el derecho a la educación de los residentes del sector. 'Aquí está en juego el derecho de cientos de niños y jóvenes a recibir educación en condiciones dignas y seguras, así como la protección de una inversión realizada con recursos del pueblo dominicano', establece el documento. La carta también rechaza cualquier salida violenta al conflicto. 'No queremos confrontaciones. No queremos violencia. No queremos apropiarnos de lo que no nos corresponde. Queremos que se respete la ley', enfatizan los firmantes. Entre las organizaciones mencionadas en la comunicación figuran la Junta de Vecinos, la filial de Las Flores de la CNDH-RD, la Alianza Comunitaria Las Flores, las iglesias Monte Horeb, El Milagro de Dios y Casa de Unción, representantes de la Iglesia Católica y grupos de emprendedores de la comunidad. Los firmantes solicitaron finalmente que la comunicación sea recibida por el Poder Ejecutivo y remitida a las instituciones correspondientes para su investigación y seguimiento, al tiempo que se declararon dispuestos a entregar documentos, testimonios y otras evidencias que ayuden a esclarecer la situación.