MONTERREY, NUEVO LEÓN.— Lo que durante décadas funcionó como el principal motor de la recaudación tributaria en México atraviesa un proceso inverso de dependencia fiscal. Entre 2019 y 2026, los apoyos otorgados por el Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanzaron una suma acumulada de 2.75 billones de pesos, impulsados por aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales, esquemas de absorción de pasivos y la reducción de la carga tributaria exigida a la petrolera.
De acuerdo con un análisis elaborado por Grupo Financiero Base a partir de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de los Estados Financieros Consolidados de Pemex, del total comprometido, 2.04 billones de pesos corresponden a apoyos efectivos y verificables en las cuentas públicas, mientras que 710 mil millones de pesos se explican por renta petrolera no capturada tras la disminución en las tasas de derechos de extracción.
La magnitud de los recursos transferidos equivale a un monto que fluctuó entre el 0.5% y el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual durante dicho periodo. En 2021, el año con mayor nivel de apoyo, la asistencia estatal llegó a representar el 6.5% de los ingresos presupuestarios totales del Estado mexicano.
Competencia por el presupuesto público
El volumen de capital inyectado a la empresa estatal ha encendido señales de alerta entre analistas económicos debido al costo de oportunidad que implica para las finanzas públicas. Cada peso destinado a cubrir los vencimientos de deuda, compromisos con proveedores u operaciones del organismo compite de manera directa con áreas prioritarias del gasto social.
A manera de comparación, en 2025 los apoyos totales otorgados a la petrolera —que sumaron 396.2 mil millones de pesos— superaron el presupuesto federal asignado al rubro de vivienda (355.7 mil millones de pesos) y representaron el equivalente al 41.7% de la partida destinada a salud y al 37.3% de la inversión en educación.
Estimaciones de la firma financiera sugieren que, de haberse encauzado esos recursos hacia proyectos de infraestructura productiva, el crecimiento del PIB mexicano pudo haber sido al menos 0.5 puntos porcentuales mayor por año. Asimismo, la concentración de margen fiscal en el rescate de la empresa limitó el espacio para aplicar medidas contracíclicas durante contingencias económicas.
Evolución del régimen fiscal y balance de pasivos
El esquema de auxilio a Pemex se transformó en la presente década. Entre 2019 y 2024, la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) se redujo de manera gradual del 65% al 30%. A partir de 2025, el marco tributario migró hacia el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB), fijando una tasa del 30% sobre el valor bruto del petróleo crudo y condensados, eximiendo además a la empresa del Impuesto sobre la Renta (ISR).
En el frente financiero, las operaciones de refinanciamiento y capitalización han permitido contener el saldo de la deuda financiera de Pemex, la cual cerró 2025 en 85.2 mil millones de dólares (1.53 billones de pesos) y descendió a 79.0 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde 2014. Esta deuda financiera es la única de la empresa que computa dentro del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).
Sin embargo, el pasivo total de la petrolera se mantiene en niveles elevados al sumar 4.13 billones de pesos (equivalentes al 11.7% del PIB). Este monto incluye un pasivo laboral de 1.47 billones de pesos y adeudos con proveedores y contratistas por 629.7 mil millones de pesos. Para liquidar parte de estas deudas con proveedores, en 2025 se estructuraron vehículos de financiamiento con la banca de desarrollo y comercial por hasta 250 mil millones de pesos, trasladando una fracción considerable de esos adeudos a obligaciones de largo plazo.
Riesgo soberano en la mira de las calificadoras
A pesar de que el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex proyecta que la empresa dejará de requerir aportaciones patrimoniales gubernamentales a partir de 2027, el consenso de mercado anticipa que las transferencias presupuestarias continuarán en los próximos ejercicios. Para 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobó una partida de 263.5 mil millones de pesos en aportaciones patrimoniales vía la Secretaría de Energía.
Agencias calificadoras internacionales como Fitch Ratings, Moody's y S&P han advertido de forma reiterada que, si bien el respaldo implícito del Gobierno Federal reduce el riesgo de incumplimiento imminente de Pemex, traslada de forma paulatina las vulnerabilidades de la petrolera al balance general de la nación. Esta transferencia de riesgo crediticio se ha consolidado como uno de los factores centrales que amenazan la calificación del crédito soberano de México y el mantenimiento del grado de inversión.
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