Comodoro no cuenta con lugares adecuados para alojar a menores

Mientras se buscan alternativas, podrían aplicarse arrestos domiciliarios y controles de detención mediante audiencias telemáticas. La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil obligó a los distintos organismos que intervienen ante delitos cometidos por adolescentes a establecer pautas comunes de actuación en Comodoro Rivadavia, donde una de las principales dificultades es la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores privados momentáneamente de su libertad. Ante este escenario, se realizó una reunión en la Unidad Regional de Policía de la que participaron los jefes de las distintas comisarías, autoridades de la fuerza, representantes del Ministerio Público Fiscal, defensores públicos penales y miembros de la Asesoría de Familia. El encuentro tuvo como finalidad definir cómo deberá actuar la Policía ante las primeras situaciones que se presenten bajo el nuevo marco normativo y, especialmente, determinar qué hacer con los adolescentes cuando resulte necesaria una medida restrictiva de la libertad. El fiscal jefe Cristian Olazábal explicó que uno de los principales inconvenientes es que Comodoro Rivadavia no cuenta actualmente con las condiciones necesarias para responder plenamente a las exigencias previstas por la normativa. 'Nos reunimos en la Unidad Regional junto a todos los jefes de las comisarías, jefe de Unidad, participó la doctora Suárez, defensores públicos penales y representantes de la Asesoría de Familia, con el fin de establecer criterios uniformes en cuanto al nuevo régimen penal de menores', señaló. El punto más complejo, reconoció, pasa por la falta de espacios apropiados. 'No contamos con la infraestructura y las condiciones necesarias para mantener a menores en situación de detención', sostuvo. Las primeras intervenciones A partir de ésta situación, los distintos organismos acordaron avanzar sobre protocolos que permitan dar una respuesta inmediata ante cada caso. Olazábal explicó que se establecieron 'parámetros de actuación comunes' frente a situaciones que involucren a adolescentes y que también se buscará determinar rápidamente cuándo deben intervenir otros organismos estatales. La cuestión adquiere especial importancia porque la actuación judicial penal constituye solamente una parte de la respuesta estatal. Las medidas de protección que eventualmente necesite un adolescente deberán ser determinadas por los organismos especializados correspondientes. 'Una vez que se activa el sistema de Justicia Penal, lo que son las medidas de protección no se resuelven desde el ámbito penal. Hay organismos especializados y serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de determinar qué medidas se toman con ese menor y al cuidado de quién van a permanecer', explicó Olazábal. El objetivo de la reunión fue precisamente anticiparse a las situaciones que puedan generarse durante las guardias y evitar que cada dependencia adopte criterios diferentes. 'Nos pusimos de acuerdo para ver cómo vamos a afrontar las situaciones de tensión que se produzcan y cómo tiene que actuar el personal policial', indicó. Otro de los puntos que genera preocupación es la necesidad de contar con efectivos preparados específicamente para intervenir con adolescentes. 'La ley establece que tiene que ser personal especializado. Hoy por hoy no contamos con este recurso', explicaron. El interrogante inmediato para las autoridades es cómo cumplir con una normativa que ya se encuentra vigente utilizando los recursos actualmente disponibles. Por su parte, la defensora pública Mariel Suárez coincidió en que la capacitación constituye solamente una parte de la solución. 'Todos los funcionarios estamos recibiendo capacitaciones, pero evidentemente con las capacitaciones no alcanza si no tenemos la infraestructura para alojar a estos jóvenes', afirmó. Según explicó, también existe preocupación respecto de la preparación que posee el personal policial, debido a que serán los efectivos que se encuentran en las calles quienes tendrán el primer contacto con los adolescentes ante un procedimiento. 'Nosotros queríamos saber cuál es el nivel de capacitación que está recibiendo el personal preventor, que es el personal policial, que es el que va a estar en la calle realizando las detenciones', señaló. Para Suárez, transmitir algunas pautas básicas puede contribuir a ordenar las primeras intervenciones, aunque resulta insuficiente para resolver todas las dificultades. 'La buena voluntad no es suficiente. Necesitamos lugares, personal capacitado, infraestructura. Hay muchas cosas por definir', remarcó. Durante el encuentro surgieron distintas alternativas para resolver provisoriamente dónde podrían permanecer los adolescentes cuando exista una orden judicial que implique una restricción momentánea de su libertad. Entre las posibilidades planteadas aparecieron dependencias como la Comisaría de la Mujer y la Policía Comunitaria. La primera opción fue descartada debido al importante volumen de intervenciones relacionadas con violencia familiar que atiende esa dependencia en Comodoro Rivadavia. 'Desde el plano rechazamos que sea Comisaría de la Mujer porque la conflictividad de violencia familiar que tiene Comodoro es muy alta y era incompatible la permanencia de los menores ahí', explicó Olazábal. Tampoco la Policía Comunitaria aparece, en principio, como una solución definitiva. Además, durante la reunión se aclaró que la creación o disposición de espacios específicos para adolescentes privados de su libertad no corresponde directamente al Ministerio de Seguridad, sino que involucra a otras áreas del Poder Ejecutivo. Arresto domiciliario y audiencias telemáticas Una de esas alternativas ya fue utilizada en el primer caso presentado desde la implementación del nuevo régimen. Olazábal explicó que el juez penal dispuso el traslado del adolescente a su domicilio y ordenó que la audiencia de control se realizara al día siguiente. El arresto domiciliario podría convertirse así en una herramienta frente a determinados casos, aunque su utilización dependerá fundamentalmente de la gravedad del hecho investigado y de la decisión judicial. También se analiza recurrir a herramientas tecnológicas para evitar permanencias innecesarias de adolescentes dentro de dependencias policiales. 'Dependiendo también de la gravedad del delito, si se trata de delitos de baja lesividad, que podamos hacer los controles de detención telemáticamente', detalló Olazábal. Según indicó, esta modalidad permitiría 'dar celeridad al proceso' y al mismo tiempo reducir las dificultades que enfrenta la Policía al tener bajo su responsabilidad a un menor en instalaciones que no fueron diseñadas para ese fin. Suárez insistió, sin embargo, en que no puede establecerse una respuesta automática para todas las situaciones. 'Cada caso es particular, así que cada caso se va a analizar en forma individual sobre cómo se va a decidir de parte de las autoridades', explicó. Suárez remarcó que los menores son responsables penalmente desde los 14 años bajo el nuevo esquema, pero sostuvo que resulta fundamental diferenciar responsabilidad penal de castigo. 'Hay que transmitirle a la sociedad que la punibilidad no es igual a castigo en todos los casos'. La defensora destacó que esa premisa también deberá ser incorporada por el personal policial encargado de realizar las primeras intervenciones. La distinción cobra especial relevancia frente a hechos considerados de baja lesividad. Entre los ejemplos mencionados durante la entrevista aparecieron daños o peleas callejeras entre adolescentes. 'Punibilidad no es igual a castigo en todos los casos, sobre todo en delitos de escasa lesividad', reiteró Suárez. Por último, Olazábal también descartó que la necesidad de organizar estos nuevos mecanismos responda a un crecimiento reciente de hechos delictivos protagonizados por adolescentes en Comodoro Rivadavia. 'No, el parámetro siempre ha sido el mismo', aseguró.