Judicatura extinguió la unidad de jueces anticorrupción

QUITO, Pichincha Un informe del lunes siete de septiembre constituye la base jurídico técnica para eliminar la unidad especial de jueces anticorrupción. De esta manera, el cuerpo de jueces especializados, que fue conformado en 2022 luego de un concurso vigilado por sociedad civil, quedó extinguido, y sus competencias fueron modificadas. La decisión fue adoptada por el pleno del Consejo de la Judicatura la noche del mismo lunes, luego de que la Presidencia del organismo convocara a sesión urgente. Mercedes Caicedo asumió la titularidad del CJ hace algo más de cien días. La unidad de jueces anticorrupción venía conociendo 44 tipos de delitos, de alta complejidad, pues analizaba estructuras de crimen organizado, algunas de las cuales tenían alcance transnacional. En varios de los expedientes había al menos 15 procesados. Sin embargo, el informe que fundamenta la extinción revela que 'Las actuales unidades de lucha contra la corrupción y crimen organizado poseen una carga procesal baja'. «Resulta jurídicamente viable la supresión y modificación de competencias de la unidad judicial de garantías penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con sede en el distrito metropolitano de Quito; el tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y la sala especializada penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción…', dice el informe. Según la resolución, se ampliará la unidad de garantías penales con sede en Iñaquito; al tribunal de garantías penales y a la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. La unidad judicial con competencia en delitos flagrantes de la parroquia La Mariscal de Quito, según la resolución, tiene capacidad operativa e infraestructura 24/7 'necesaria para absorber la atención inicial, calificación de flagrancia y formulación de cargos de los delitos de corrupción y crimen organizado a nivel nacional, además de los actos urgentes'. Qué era la unidad especializada anticorrupción Estaba integrada por un cuerpo especial de 21 jueces. Fueron seleccionados mediante concursos y vigilancia de la sociedad civil. El proyecto fue diseñado alrededor de 2021, con la argumentación de que el juzgamiento de los delitos relacionados con la criminalidad organizada requiere un manejo con jueces especiales, debidamente capacitados. El funcionamiento de la unidad arrancó a fines de 2022. Muchos de los escogidos recibieron cursos en Estados Unidos, país que apoyó e impulsó este proyecto. No obstante, hubo problemas. Al menos cuatro de los integrantes de esta unidad fueron señalados por distintas irregularidades. Inclusive, tres fueron asociados con posibles pagos para la liberación de miembros de alto perfil de la estructura criminal Comandos de la Frontera. Una denuncia que removió el avispero El entonces juez anticorrupción Carlos Serrano salió del país a fines de 2024. Denunció que había recibido presiones indebidas por parte del entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha. El objetivo habría sido que no se pronunciara a favor de la culpabilidad del serbio Jezdimir Srdan, por esas fechas procesado por presunto lavado de activos. El juzgador cuencano integró el tribunal que dictaminó la culpabilidad del serbio en ese delito. Luego denunció que perdió su protección, a pesar de que había sufrido amenazas directas del serbio, durante la audiencia a la que el acusado asistió por zoom desde el centro de privación de libertad. Serrano denunció que el pedido que recibió coincide con la tesis de la defensa del serbio. Esto provocó una crisis interna en el Consejo de la Judicatura, y la salida del entonces presidente Mario Godoy. (I)