Proponen declarar emergencia sanitaria en Viedma ante la acumulación de vehículos retenidos. Foto: Marcelo Ochoa
El Concejo Deliberante de Viedma tratará este miércoles un proyecto para declarar la Emergencia Ambiental y Sanitaria en el predio ubicado en cercanías del aeropuerto Gobernador Castello, donde se acumulan vehículos secuestrados.
La iniciativa pretende avanzar de manera más rápida sobre autos y motos que llevan más de seis meses en el lugar, compactando los rodados que ya no tengan utilidad y recuperando aquellos que puedan ser utilizados.
La emergencia tendría una duración de un año y complementaría la Ordenanza N° 7881, que ya establece procedimientos para la descontaminación, desguace y compactación de vehículos.
La diferencia es que, con la nueva ordenanza, el Ejecutivo podría disponer de aquellos vehículos cuya fecha de secuestro o retiro supere los seis meses. En los fundamentos del proyecto se señala la proliferación de vectores de enfermedades que podrían impactar en la salud pública. Foto: Marcelo Ochoa
De acuerdo a los fundamentos del proyecto, el objetivo es reducir la acumulación extrema que dificulta el inventario y genera riesgos ambientales por la presencia de fluidos y organismos infecciosos como roedores e insectos.
Antes de avanzar con la compactación, se realizará un cruce de datos para descartar pedidos de secuestro vinculados con causas penales o cuyos propietarios puedan reclamar su titularidad. Los vehículos se publicarán durante un día en el Boletín con el objetivo de hacer pública su futura compactación. Foto: Marcelo Ochoa
También se publicará el listado de los vehículos que serán compactados, tanto en el Boletín Oficial como en un diario de circulación local, otorgando cinco días hábiles para que posibles propietarios o terceros interesados se presenten.
En caso de no registrar impedimento, los vehículos podrán continuar con el proceso de descontaminación, desguace y compactación.
El proyecto propone que el Ejecutivo evalúe la cesión de vehículos que todavía estén en condiciones de circular a entidades de bien público.
En concordancia, se contempla la idea de destinar las bicicletas secuestradas a estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro que tengan dificultades para trasladarse.
Finalmente, en caso de que los rodados sean convertidos en chatarra y posteriormente vendidos, los fondos obtenidos deberán incorporarse a los recursos de la Agencia Local de Seguridad Vial, tal como establece la ordenanza actual.
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