Tecnología, equipo policial, alquileres y plazas quedarían bajo presión si los recursos no pueden utilizarse a tiempo durante 2027.
Casi ₡30 mil millones quedan bajo llave: Poder Judicial alerta por consecuencias
El Poder Judicial tendrá recursos aprobados sobre el papel que podrían no estar disponibles cuando realmente los necesite durante 2027.
Ese es el centro de la preocupación expresada por Corte Plena ante las condiciones incorporadas por el Gobierno al proyecto de Presupuesto Nacional: ₡29.844 millones quedarían sujetos a un procedimiento previo antes de poder utilizarse.
A ese monto se suma un recorte directo cercano a ₡10.500 millones, con lo que la afectación señalada por autoridades judiciales supera los ₡40.000 millones.
₡29.844 millones del Poder Judicial quedarían condicionados
La principal inquietud no es solamente cuánto dinero tendría disponible la institución, sino cuándo podría acceder a él.
Según el análisis divulgado por CR Hoy, una de las normas propuestas obliga a completar auditorías externas, obtener certificaciones de la Contraloría General de la República y superar posteriormente trámites en la Asamblea Legislativa antes de liberar esos recursos.
Para las autoridades judiciales, esto crea un problema de planificación desde enero.
Contratos, compras de equipos y proyectos que requieren ejecución durante todo el año podrían quedar en espera mientras avanza el procedimiento.
Teletica informó que magistrados calificaron el mecanismo como inédito y advirtieron que podría dejar a distintas dependencias sin capacidad suficiente para administrar justicia y combatir al crimen organizado.
Tecnología y ciberseguridad entran en la discusión
Uno de los rubros más expuestos sería tecnología.
CR Hoy cifra en ₡10.257 millones la afectación sobre servicios tecnológicos, lo que alcanzaría renovación de equipos, modernización de sistemas, proyectos digitales y herramientas de ciberseguridad.
La conectividad también es crítica para una institución con oficinas distribuidas en todo el país y sistemas que requieren comunicación constante entre tribunales, fiscalías, OIJ y otras dependencias.
Un atraso presupuestario podría obligar a reprogramar proyectos o contrataciones que deben empezar desde los primeros meses del año.
OIJ también advierte impacto operativo
La Policía Judicial figura entre las áreas más sensibles.
El escenario presupuestario señalado por CR Hoy contempla limitaciones para renovar flotilla, adquirir chalecos y armamento y mantener distintos servicios utilizados por los investigadores.
También existiría presión sobre infraestructura, alquileres y mantenimiento de edificios.
La institución señala que una reducción en esas partidas podría afectar reparaciones básicas en cientos de oficinas y aumentar el riesgo de cierres temporales por problemas físicos o sanitarios.
Otro foco son las plazas vacantes.
Las reglas propuestas limitarían su utilización, incluso cuando algunas sean necesarias para sustituir personal que se jubile, renuncie o fallezca.
Presupuesto todavía puede cambiar en el Congreso
El planteamiento no está en firme.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 deberá atravesar la discusión legislativa y los diputados todavía pueden modificar tanto los recortes como las condiciones impuestas a los recursos.
Corte Plena sostiene que no se opone a la fiscalización del gasto público, pero cuestiona que los controles impidan ejecutar fondos durante el periodo para el que fueron presupuestados.
La batalla ahora pasa a la Asamblea Legislativa, donde deberá definirse si los casi ₡30 mil millones condicionados quedan bajo las reglas planteadas por Hacienda o si se modifica el mecanismo antes de aprobar el presupuesto.
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