La Cámara de Diputados retomó sus sesiones ordinarias el miércoles 2 de septiembre de 2026 y, entre las primeras propuestas presentadas, apareció una que toca de lleno el bolsillo de quien tiene coche: obligar a quienes venden vehículos en México a garantizar que haya refacciones disponibles y a responder cuando esas piezas no llegan a tiempo.
La iniciativa fue presentada por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario de Morena, y busca reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor. En tribuna, la legisladora expuso que hoy una persona puede esperar entre 8 y 12 meses por una pieza indispensable, mientras sigue pagando mensualidades y seguro de un auto que no puede usar.
El primer punto de la propuesta es una regla general: quien comercialice autos en el país debe contar con capacidad real de respaldo después de venderlos. Por eso plantea que fabricantes, importadores y proveedores garanticen en territorio nacional la disponibilidad efectiva de refacciones, partes y componentes para vehículos eléctricos, híbridos, de diésel y de gasolina.
El segundo punto fija un plazo. Cuando se trate de refacciones críticas —las que impiden que el vehículo funcione—, el suministro tendría un máximo de 60 días naturales, es decir, contando fines de semana y días festivos. Si ese plazo se rebasa, la consecuencia dejaría de recaer únicamente sobre el consumidor.
¿Qué pasaría si la refacción tarda más de 60 días?
En ese supuesto, la iniciativa plantea que la empresa responsable entregue un vehículo sustituto de características similares y sin costo mientras llega la pieza. La propuesta también abre la posibilidad de revisar el contrato o de reponer el bien, conforme a lo que ya establece la propia ley.
Si no hay refacciones, no lo tiene que pagar el pueblo mexicano que de buena fe ha adquirido un vehículo. Rocío Adriana Abreu Artiñano, diputada federal
Un tercer planteamiento apunta al largo plazo: que existan refacciones originales o compatibles, nuevas y certificadas, durante al menos ocho años después de que un modelo deje de comercializarse en México. A esto se suma la protección de la garantía, que de acuerdo con lo dicho en tribuna se va consumiendo mientras el vehículo permanece detenido en espera de la pieza.
La diputada citó el artículo 28 de la Constitución, que establece obligaciones para proteger a las personas consumidoras, y pidió el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó el documento a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen.
Los puntos clave de la iniciativa sobre refacciones
Fabricantes, importadores y proveedores tendrían que garantizar la disponibilidad de refacciones dentro del país. Aplicaría a vehículos eléctricos, híbridos, de diésel y de gasolina. Plazo máximo de 60 días naturales para entregar refacciones críticas. Vehículo sustituto de características similares y sin costo si se rebasa ese plazo. Posibilidad de revisar el contrato o reponer el bien, según lo que marca la ley. Refacciones disponibles por lo menos ocho años después de que el modelo salga del mercado mexicano. Fue turnada a comisión para dictamen: todavía debe analizarse, discutirse y votarse antes de convertirse en ley.
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