El magistrado Ismael Moreno, que investiga el denominado "caso Koldo", ha solicitado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que emita el expediente de uno de los contratos de obra, presuntamente, amañados. En concreto, el relativo a Levantina de Ingeniería y Construcción SL (LIC), una de las compañías que, según las pesquisas desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presuntamente retribuyó con "mordidas" la concesión de adjudicaciones de la dirección general de Carreteras de Transportes y cuyo propietario, Pepe Ruz, era el "enlace" del exministro de Transportes José Luis Ábalos con los empresarios.
En una resolución, dictada este martes y a la que ha tenido acceso este periódico, el instructor acepta así la diligencia solicitada por la defensa de la expresidenta del ente público, Isabel Pardo de Vera, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya dado su visto bueno. La expresidenta de Adif solicitó este requerimiento a fin de demostrar que se pagó mucho menos por esta obra bajo sospecha de amaño.
El presupuesto inicial para una de estas contrataciones públicas bajo sospecha era de 489.300 euros y, finalmente, ADIF solo abonó a la contrata 373.405 euros por los trabajos que fueron ejecutados, según reconoció el propio ente público.
La adjudicación se tramitó, además, por la vía de la emergencia y tuvo como fin la estabilización de los tadules de las trincheras situadas en la línea ferroviaria Gijón Sanz Crespo-Pravia, en Asturias, después de que un deslizamiento de tierra, que tuvo lugar el 14 de octubre de 2020 y afectó a una trama de esa vía, provocara el descarrilamiento de un Feve.
Pardo de Vera mostró, en un principio, reticencias a Koldo García, quien fuera la mano derecha del exministro socialista de Transportes, porque ya se le había concedido "hace nada" un contrato a LIC, valorado en 700.000 euros, y creía que volver a contar con esta "iba a cantar", según se desprende de los mensajes intervenidos por la UCO.
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