Comerciante atrapa a presunto ladrón en Olancho (Video)

Una mezcla de frustración, impotencia y profunda indignación embarga a una microempresaria capitalina, luego de que las autoridades del orden público se negaran a procesar a un sujeto que ingresó a su establecimiento comercial con el propósito de hurtar bienes de su propiedad. De acuerdo con el crudo relato de la víctima, el incidente comenzó en el interior de su negocio cuando se percató de que un hombre desconocido se adentró al local y sustrajo de forma ilícita dos cilindros de gas licuado (LPG). Lejos de amedrentarse ante el robo en desarrollo, la comerciante decidió actuar por cuenta propia e inició una veloz y decidida persecución en contra del presunto delincuente, quien pretendía darse a la fuga a pie con la mercancía robada. Para neutralizar la huida del sospechoso, la ciudadana abordó su vehículo particular y le dio alcance unas calles más adelante, ejecutando una maniobra táctica de cierre al cruzarle el automotor y bloquearle por completo el paso. Gracias a esta rápida e intrépida reacción civil, la comerciante logró retener físicamente al sospechoso en el lugar y llamó de inmediato a las patrullas policiales del sector para que ejecutaran el arresto correspondiente de ley. Sin embargo, lo que parecía una acción de justicia comunitaria dio un giro adverso e inesperado. La afectada denunció públicamente que los agentes de la Policía Nacional que se presentaron a la escena se negaron de forma tajante a tomarle la denuncia formal en contra del retenido. Según la comerciante los uniformados justificaron la negativa argumentando que la forma en que ella interceptó y arrinconó al delincuente utilizando el vehículo representaba un uso desproporcionado de la fuerza civil, lo que técnicamente podría acarrearle repercusiones penales en su contra por delitos como tentativa de atropellamiento o privación ilegal de la libertad. La comerciante manifestó su total repudio a los criterios aplicados por los operadores de seguridad. Lamentó que el sistema desproteja al sector privado que trabaja de forma honrada a diario y que, además de haber sido víctima del robo de sus insumos de trabajo, ahora deba enfrentar el pánico y el temor de verse perjudicada jurídicamente por el simple hecho de defender su patrimonio ante la delincuencia común.