Cinco procesados por presunta venta de estupefacientes en varios sectores de Ocaña

NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA 8 de septiembre de 2026 – Cinco personas fueron judicializadas por su presunta participación en actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores de Ocaña, según información de la Fiscalía General de la Nación. Los procesados fueron identificados como Marco Antonio O. M., Anderson Farid F. P., Senaid A. R., Luis Felipe C. M. y César Jouvert M. C. De acuerdo con la investigación, los hechos materia del proceso habrían ocurrido entre el 30 de mayo y el 1 de julio del año en curso. Durante ese periodo, las autoridades documentaron 33 compras controladas de base de coca, de las cuales 27 fueron atribuidas a las cinco personas judicializadas. Según el reporte de la Fiscalía, la investigación estuvo a cargo de una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Norte de Santander, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional en Norte de Santander. Las labores investigativas establecieron que la presunta comercialización de los estupefacientes se habría desarrollado en los sectores 26 de Julio, El Ramal, El Bambo, Mercado Público y la Urbanización Central, en Ocaña. Además, según la información conocida, también se habrían realizado entregas a domicilio. La Fiscalía imputó a los cinco procesados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos formulados en su contra. Finalmente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial. A.U. La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7° de la Ley 906 de 2004.