El Gobierno nacional anunció el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una decisión que modificaría las restricciones aplicadas durante los últimos años a los ciudadanos autorizados para portar este tipo de elementos.
Según la información divulgada por el Ejecutivo, la medida estaría contemplada en el Decreto 1368 de 2026 y busca cambiar el enfoque de la política sobre el porte legal de armas, bajo el argumento de que las restricciones afectan principalmente a ciudadanos que cumplen con la normatividad, mientras las organizaciones criminales continúan accediendo de manera ilegal a armas de fuego.
Gobierno destaca cifras de incautaciones
De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública habría incautado 15.700 armas de fuego en diferentes procedimientos realizados en el país.
Del total reportado, 14.179 armas estarían relacionadas con la comisión de delitos, según las cifras entregadas por el Gobierno. El balance también señala que 980 armas fueron vinculadas a disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN.
La decisión abre nuevamente el debate sobre el acceso y porte legal de armas en Colombia, especialmente frente al equilibrio entre el derecho de los ciudadanos autorizados y las medidas de seguridad pública.
El levantamiento de la suspensión no significa que cualquier persona pueda portar un arma libremente. Los ciudadanos deberán cumplir las condiciones, requisitos y controles establecidos por la legislación colombiana para obtener y mantener los permisos correspondientes.
La implementación de la medida estará acompañada por los controles de las autoridades competentes, mientras el Gobierno sostiene que su objetivo es fortalecer la seguridad y evitar que las restricciones recaigan únicamente sobre quienes cumplen la ley.
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