Publicado por Vanessa López
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La Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarp) de Ecuador reforzó los controles para prevenir el lavado de activos en el país, mediante una nueva resolución publicada en el Registro Oficial, en agosto pasado.
La norma establece nuevas reglas de vigilancia, auditoría, control y supervisión para los registradores de la propiedad y registradores mercantiles, considerados sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento de otros delitos.
De acuerdo con la entidad, la resolución busca que los registros públicos dejen de ser únicamente instancias de inscripción y se conviertan también en un punto de control preventivo frente a posibles operaciones con recursos de origen ilícito.
Para ello, establece un esquema de supervisión basado en riesgos y obliga a los registradores a prestar especial atención a operaciones como transferencias de dominio, hipotecas, daciones en pago, cesiones de derechos, traspasos de créditos y cesiones de participaciones.
No se puede pagar una hipoteca con dinero en efectivo, a partir de los $10.000
Uno de los principales cambios está relacionado con las operaciones de $10.000 o más, ya sean individuales o acumuladas. En estos casos, los registradores deberán verificar la forma en que se efectuó el pago y comprobar que las obligaciones hayan sido liquidadas mediante mecanismos del Sistema Financiero Nacional o de la Economía Popular y Solidaria, evitando el uso de efectivo, piedras o metales preciosos.
La medida también fortalece la identificación de las personas que intervienen en las operaciones y la revisión del origen de los recursos, con el propósito de detectar señales que puedan estar relacionadas con el lavado de activos. El objetivo es aumentar la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias y mercantiles y dificultar que bienes o sociedades sean utilizados para ocultar dinero de procedencia ilícita, según la entidad.
Convenio en 2025
La decisión de la Dinarp se enmarca, además, en una coordinación más estrecha con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Ambas instituciones suscribieron en octubre de 2025 un convenio para fortalecer la supervisión, el intercambio de información, la capacitación y la elaboración de matrices de riesgo aplicables a los registros de la propiedad y mercantiles.
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