Régimen penal juvenil en San Juan: el proyecto provisorio llega a la Legislatura y Ferrari aclaró qué pasó con la acordada de la Corte y el rol del supervisor

Se presentó este martes en la Legislatura el proyecto de ley que establece un esquema provisorio y transitorio para adaptar el sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil , que comenzó a regir a nivel nacional el pasado 5 de septiembre. La iniciativa será tratada en una sesión especial convocada para el próximo lunes . El ministro de Seguridad de Israel le pidió a Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina en las Malvinas El ingreso del proyecto representa un cambio respecto del esquema que se venía analizando en los últimos días. La Corte de Justicia había trabajado sobre una acordada para adaptar transitoriamente la estructura de los juzgados de menores, pero finalmente se decidió no avanzar por esa vía y trasladar la definición a la Legislatura. Así lo explicó este martes el asesor Letrado de la Provincia, Alejandro Ferrari , quien señaló en Radio Colón que la discusión surgió a partir de las dudas sobre la pertinencia de que una acordada judicial estableciera un procedimiento tan sensible como el relacionado con menores en conflicto con la ley penal. Según relató, el tema fue analizado en una reunión realizada la semana pasada con representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Corte de Justicia. A partir de ese intercambio, se resolvió que la salida más conveniente era otorgarle fuerza de ley a un régimen transitorio , hasta tanto la Legislatura sancione el Código de Procedimiento Penal Juvenil definitivo. "Se pensó que bien podía esa acordada que estaba en ciernes en el seno de la Corte darle fuerza de ley transitoria, provisoria, a través de la Cámara de Diputados", explicó Ferrari. El asesor Letrado remarcó que el proyecto definitivo de procedimiento penal juvenil fue elaborado por el Poder Ejecutivo y sometido a la consideración de distintos actores vinculados al sistema, entre ellos la Corte de Justicia, las defensorías, el Ministerio Público Fiscal y organismos especializados en derechos de niños y adolescentes. Por qué no avanzó la acordada de la Corte La definición de llevar el esquema transitorio a la Legislatura busca, principalmente, evitar eventuales planteos de nulidad sobre los procedimientos que se apliquen mientras San Juan termina de diseñar su nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil. Ferrari explicó que la preocupación estaba vinculada a que una regulación de estas características quedara sustentada únicamente en una acordada judicial, lo que podía abrir la puerta a cuestionamientos por parte de las defensas. La alternativa fue entonces que el Poder Legislativo establezca mediante una ley el marco transitorio que permitirá aplicar en San Juan las disposiciones del nuevo régimen nacional mientras se completa la reforma provincial. La Justicia deberá reforzar su estructura Otro de los cambios que plantea el nuevo sistema está relacionado con la organización del fuero especializado. Ferrari explicó que el proyecto elimina la Cámara de Apelaciones de Menores y establece que sean los propios jueces penales de menores quienes revisen las decisiones adoptadas por sus pares, una modalidad que, según señaló, también fue implementada en otras provincias. El problema aparece cuando la legislación exige que la decisión original haya sido adoptada por un tribunal colegiado: en esos casos, también deberá existir un tribunal colegiado para revisar el fallo. San Juan cuenta actualmente con dos jueces específicos de menores en la Primera Circunscripción y dos jueces multifuero en la Segunda. Sin embargo, estos últimos no podrían continuar interviniendo en causas penales juveniles bajo el nuevo esquema debido al requisito de especialización. Ferrari estimó que será necesaria al menos la designación de un juez penal de menores para la Segunda Circunscripción y que, en el conjunto de la provincia, podría requerirse una estructura mínima de seis magistrados para garantizar el funcionamiento del sistema de revisión. De todos modos, aclaró que esa definición quedará en manos de la propia Justicia, a través de una eventual reestructuración interna del Poder Judicial. Qué pasará con el supervisor de los menores Uno de los puntos que todavía generaba interrogantes era quién tendría a su cargo el seguimiento de las medidas alternativas a la privación de la libertad que los jueces dispongan para los adolescentes. Ferrari explicó que, mientras se sanciona el Código de Procedimiento Penal Juvenil definitivo, ya existe un esquema de trabajo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Por un lado, la Justicia cuenta con un gabinete. Por otro, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia creó un área específica de Penal Juvenil y asignó a dos profesionales con experiencia en el trabajo con menores para coordinar con los jueces el cumplimiento de las medidas alternativas. El objetivo es que estos profesionales puedan hacer un seguimiento de los adolescentes y comunicar al juez de la causa los avances o las situaciones que se produzcan durante el cumplimiento de las medidas orientadas a su reinserción familiar y social. Pero, además, Ferrari reveló cuál es la definición que se busca incorporar al esquema permanente: que el Poder Ejecutivo sea el encargado de supervisar las medidas alternativas dispuestas por los jueces. "Lo ideal sería que sea el Gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo, quien tenga esta función de supervisor de las medidas alternativas que los jueces dispongan", sostuvo. De esta manera, el juez conservaría la potestad de disponer la medida, mientras que el Ejecutivo tendría a su cargo el seguimiento de su cumplimiento y la elaboración de informes sobre la evolución del adolescente. El proyecto definitivo todavía está en construcción La ley provisoria que llegará al recinto el próximo lunes no representa el final de la reforma. Su función será brindar un marco jurídico transitorio mientras avanza el proyecto de Código de Procedimiento Penal Juvenil elaborado por el Ejecutivo. El diseño definitivo requiere adecuar la estructura judicial, establecer las competencias de cada actor y definir mecanismos de seguimiento y revisión compatibles con el nuevo paradigma nacional.