La Cámara de Representantes aprobó un dictamen que reunió iniciativas de los diputados Miguel Núñez, Martín Arjol y Juan Szychowski, además de propuestas impulsadas por los exlegisladores Ariel Pianesi y Gladys Cornelius. La modificación alcanzó el artículo 7 de la regulación original, que impedía utilizar el herbicida, sus componentes y productos afines en todo el territorio provincial, con un período de transición fijado en dos años.
La nueva redacción estableció que los bioinsumos podrán emplearse cuando cuenten con la aprobación de los organismos competentes del país y, en los casos correspondientes, con el aval exigido por las naciones receptoras de las exportaciones misioneras. También fue suprimido el artículo 8, que contemplaba sanciones ante incumplimientos y remitía a otras disposiciones locales relacionadas con fitosanitarios y saneamiento ambiental.
Fuente: Parlamento de Misiones
Otro punto relevante fue la incorporación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables como organismo responsable, junto con la cartera del Agro y la Producción. A las atribuciones ya previstas, como administrar el registro de productores, celebrar convenios de investigación, brindar asistencia técnica y conceder incentivos financieros, se sumó la participación de entidades representativas de las actividades agropecuaria y forestal. Urea made in Argentina: Vaca Muerta será la materia prima de un proyecto millonario
Costos, competitividad y transición productiva
Entre los argumentos que respaldaron la revisión se señaló que la restricción podía elevar los gastos, reducir los rendimientos y perjudicar la capacidad de competir, especialmente ante la falta de sustitutos homologados para determinados destinos comerciales. Los legisladores también advirtieron que superponer procedimientos provinciales a las evaluaciones realizadas en el ámbito federal podía generar demoras e incertidumbre, por lo que propusieron delimitar las competencias y brindar mayor previsibilidad al sector.
Durante el debate se reconoció que las alternativas necesarias para reemplazar los herbicidas no estuvieron disponibles al ritmo previsto en 2023. El planteo oficial apuntó así a sostener la promoción de prácticas más sustentables, pero mediante una transición gradual basada en soluciones eficaces, autorizadas, accesibles y económicamente viables.
El diputado Miguel Núñez sostuvo que la reforma respondió a la necesidad de "compatibilizar la promoción de alternativas productivas con las condiciones concretas en las que se desarrolla la actividad agropecuaria misionera". De esta manera, la actualización buscó adecuar los objetivos ambientales de la norma a la realidad productiva provincial.
Por su parte, el miembro informante de la comisión, Enio Lemes, afirmó que la decisión pretende acompañar la incorporación de tecnologías sustentables sin afectar el trabajo ni el desarrollo económico. En ese sentido, remarcó que la transformación del sistema requerirá herramientas capaces de ofrecer resultados concretos a quienes producen.
La reforma mantuvo así el impulso a los insumos biológicos, pero dejó sin efecto el plazo obligatorio para sustituir el glifosato. Con este cambio, la provincia optó por una adopción progresiva, sujeta a la disponibilidad de alternativas y a las condiciones de cada actividad.
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