Antes de que pase el tiempo que dura un embarazo, habrá elecciones municipales y autonómicas. En los 45 municipios de la Región hay probablemente materia para ser examinada por los electores antes de acercarse, o no, a la urna. Quizá sea el de Murcia en el que haya más enjundia temática por el calado de los asuntos a solucionar o al menos intentarlo en la siguiente legislatura, después de tres décadas y un año de gobiernos del Partido Popular prácticamente ininterrumpidos: el breve lapso de égida de coalición socialista-ciudadana no dio tiempo para nada.
Conviene recordarlo porque recientemente se ha lamentado profundamente la muerte del único alcalde socialista con mayoría absoluta de la democracia, José Bódalo, reconocido también —tras fallecer; en vida, poco— como el artífice de pasos administrativos decisivos para actualizar la ciudad y ponerla en vísperas del siglo XXI. Pasos que, como también es comúnmente admitido, terminó de dar su sucesor del mismo partido, José Méndez, pues aquel solo completó una legislatura por decisión del aparato. Quizá por eso el nuevo regidor perdió la absoluta, pero demostró que era posible gobernar en coalición con IU a su izquierda y CDS a su derecha para ir completando el trazado dejado por su antecesor socialista.
Desde 1995, pues, gobiernan los mismos, el PP, con la corta salvedad citada, y 30 años después la capital de la Región sigue viendo cómo se declaran en la práctica irresolubles los dos enormes problemas que afectan a más ciudadanos y que redundan en el agravamiento de otras rémoras: el transporte público y la calidad de vida en las pedanías.
La «nueva» ordenación del transporte público lleva desde 2019 —dos legislaturas— enredada burocráticamente gracias a decisiones malamente tomadas en despachos municipales sucesivamente ocupados por diversas cabezas pensantes del partido gobernante. El actual baranda de la cosa, el concejal José Francisco Muñoz, anunció en junio, muy contento el hombre, que se prevé adjudicar la licitación del «nuevo modelo» en otoño. Consecuentemente, su puesta en marcha será otra promesa electoral para los comicios de mayo de 2027. Se supone que la alcaldesa Rebeca Pérez debe tener muchísimo interés en solucionar esa carpeta puesto que fue con ella como concejal del ramo, capitaneando el Consistorio José Ballesta, cuando se enredó la madeja cuya punta no se atisba.
Un relato pormenorizado de los avatares por los que ha de pasar continuamente cualquier usuario de ese servicio público en Murcia, desde antes de que Rebeca Pérez asumiera el asunto, daría para una especie de biblia de la movilidad murciana, incluyendo el interés anterior de aquel alcalde que no iba ni a los cajeros automáticos de su banco por construir a machamartillo un tranvía que seguirá sin solucionar nada mientras no enlace el norte «moderno» de la burbuja con el sur de siempre, ahora esperanzado gracias al empeño ciudadano en soterrar el tren.
La movilidad de la capital de la Región depende en buena medida de que el 70% de su población que habita las 55 pedanías tenga una posibilidad real y tangible de desplazarse cómoda y prontamente por el municipio sin tener que recurrir al vehículo privado. Como eso último es algo quimérico desde hace décadas, la «Murcia cochista» (copio a Lola García) es la definición más precisa que puede hacerse de la capital regional. Habría que añadir «y guarrista», como adjetivo definitorio de la ciudad conseguida por la suma de humos de escape en crecimiento exponencial, el uso desaforado del vehículo privado y el transporte público ineficiente e inexistente en algunos casos.
Es la pescadilla que se muerde la cola, sin que en La Glorieta parezca que al menos saben dónde está la boca y dónde el rabo, conocimiento indispensable para intervenir eficientemente. Todo esto no es más que un capítulo, crucial eso sí, de esa biblia de la movilidad que resultaría de un examen profundo del municipio capitalino. Sirva en cualquier caso la constatación de que, de momento, ni la cola ni la cabeza aparecen por ningún lado en la Casa Consistorial.
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