Opinión: Santurbán, una la complejidad que nadie quiere resolver

Durante casi una década, Santurbán ha sido escenario de disputas políticas, jurídicas y ambientales. Mientras gobiernos discuten delimitaciones y expiden resoluciones, la minería ilegal continúa y el drenaje ácido sigue afectando las fuentes de agua que abastecen a millones de personas. Santurbán tiene, al mismo tiempo, oro y agua, campesinos y empresas mineras, mineros formales y socavones clandestinos, ambientalistas convencidos de que toda actividad humana es una amenaza y funcionarios convencidos de que toda actividad humana es negociable. Nadie miente del todo. Ese es el problema. Llevamos casi una década discutiendo Santurbán como si fuera un problema binario: se protege o se explota, es páramo o es territorio productivo, los ambientalistas tienen la razón o la tienen los mineros. Esa simplificación, cómoda para el titular, pero inútil para la política pública, ha permitido que el verdadero fracaso pase inadvertido. Mientras dos gobiernos se turnan la discusión sobre reservas, resoluciones y metodologías de delimitación, una destrucción ambiental real, documentada desde 2023, sigue intacta a pocos kilómetros de donde se firman esos decretos. La pregunta que debería ordenar el debate no es quién tiene la razón moral sobre el páramo. Es más incómoda: ¿por qué, con tanta norma, tanta resolución y tanto anuncio, seguimos sin resolver lo único que de verdad importa, proteger el agua que abastece a millón y medio de personas, mientras el oro ilegal sigue saliendo de la montaña? El agua que baja de Santurbán no es un símbolo: es el insumo básico de la economía de dos departamentos. De ella beben Bucaramanga y su área metropolitana, buena parte de Norte de Santander, y decenas de municipios que dependen de esas cuencas para agricultura, industria y consumo humano. Tratarla como un asunto exclusivamente ambiental (algo que solo se protege apagando toda actividad productiva a su alrededor) es tan corto de vista como ignorar que su calidad depende, sobre todo, de las condiciones en que esa actividad se ejerce. El dilema no es agua o minería. Es minería bien hecha, con licencia, control y responsabilidad, o minería que destruye lo que la región entera necesita. El agua es, ante todo, motor de desarrollo. Una región que la gestiona bien atrae industria, sostiene agricultura competitiva, garantiza servicios públicos confiables y construye la infraestructura que necesita para crecer. Una región que la gestiona mal, o que la deja contaminar mientras discute decretos, compromete su propio futuro económico, no solo su paisaje. Defender el agua y defender el desarrollo no son posiciones opuestas: son la misma tarea, vista con inteligencia en lugar de con consignas. Ahí está........