La crisis informativa

E n los países donde funciona el estado de derecho después de una denuncia mediática grave en contra de algún funcionario público, siempre hay acciones. En todo el mundo la información publicada mediáticamente, -referente a un delito-, se convierte en un detonante judicial, incluso sucede en el resto de Latinoamérica. Como ejemplo de esto recordamos la investigación de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post, -denominada caso Watergate-, que logró exhibir la red de espionaje creada por el presidente republicano Richard Nixon en 1972, en contra del Partido Demócrata para apoyar su reelección. Esta investigación generó un escándalo que orilló al presidente Nixon a renunciar en 1974, antes de que el Congreso lo destituyera de forma deshonrosa. En contraste en México hay una disonancia cognitiva colectiva, de alcance nacional. Nuestro gobierno trae una retórica discursiva de combate a la delincuencia y cero impunidad. Sin embargo, en los hechos, -aún y cuando la prensa pone las evidencias de delitos a la vista, de forma pública-, las autoridades voltean hacia otro lado y no se dan por aludidas. Es preocupante que a la sociedad mexicana esta incongruencia, -entre la narrativa gubernamental moralista y la falta de acciones-, le sea indiferente. La indiferencia gubernamental, -convertida en evidente protección para los "de casa"-, destruye el "estado de derecho". Después de las denuncias públicas no sucede nada, no hay consecuencias, a no ser que haya interés por parte de quienes gobiernan de perjudicar a un adversario y entonces la justicia se convierte en un arma política. En los últimos veinticinco años 25 presidentes latinoamericanos han sido enjuiciados y hasta encarcelados, pero en este régimen de la Transformación, -que ya va para ocho años-, ningún gobernador morenista ha sido procesado aún teniendo acusaciones directas por parte del sistema de justicia norteamericano. Entre 2001 y 2026 los presidentes peruanos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y Martín Vizcarra fueron procesados y enfrentaron algún tipo de prisión. En estos 25 años en Brasil los presidentes Luiz Inácio "Lula" da Silva, Michel Temer y Fernando Collor de Melo pisaron la cárcel y Jair Bolsonaro estará en prisión domiciliaria durante 27 años. A su vez, Dilma Rousseff fue destituida por "pedaleo fiscal", que es una conducta administrativa penal por haber abusado del presupuesto federal sin aprobación del congreso. En Colombia Álvaro Uribe enfrentó prisión domiciliaria en el 2020. En Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner empezó a cumplir prisión domiciliaria en el 2025 y en Bolivia fue procesada y encarcelada Jeanine Añez. En Ecuador enfrentó la justicia Lucio Gutiérrez. El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión, aunque en el 2025 fue indultado. En El Salvador procesaron y encarcelaron a Francisco Flores y a Antonio Saca. En Guatemala pisaron la cárcel los presidentes Alfonso Portillo, Álvaro Colom y el presidente de origen militar, el general Otto Pérez Molina. En Nicaragua Arnoldo Alemán. En Panamá Ricardo Martinelli y en Paraguay Luís Gonzalo Macchi. En Costa Rica Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez y en Ecuador Lenin Moreno fue juzgado y condenado a cinco años de prisión este 28 de agosto pasado. ¡Qué lección de democracia y justicia nos han dado estos países latinoamericanos! Mientras tanto, en México, -entre el Congreso y la Presidencia de la República-, protegen a gobernadores que han sido señalados por la prensa mexicana, -y además por la justicia norteamericana-, de vinculación con el crimen organizado y ni siquiera se les ha abierto un proceso judicial. Casi todos los presidentes latinoamericanos mencionados fueron juzgados por corrupción y no por vinculación con cárteles o delincuencia organizada, que es aún más grave. ¿Qué tienen esos países latinoamericanos que no tiene México? En principio un sistema de justicia, -y un congreso-, fuerte y con independencia. Por ello lo primero que hizo la 4T al llegar al poder fue modificar la Constitución para apoderarse de los poderes Legislativo y Judicial. A lo anterior añadamos que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto fueron detenidos y privados de la libertad, -por corrupción-, seis gobernadores priístas: Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington, Andrés Granier, Eugenio Hernández y Rodrigo Medina estuvo detenido 19 horas y liberado para llevar su proceso en libertad. A su vez César Duarte fue perseguido durante el gobierno de Peña Nieto pero permaneció prófugo hasta el 2020 en que fue detenido. Es de destacarse que fue un gobierno priísta el que encarceló por corrupción a gobernadores de su propio partido. En este régimen de la Transformación está faltando la conexión jurídica entre denuncia y acción judicial. Por ello hoy vemos subordinación de los otros dos poderes, -que originalmente eran independientes y generaban equilibrio-, al Poder Ejecutivo, lo cual genera protección para "los de casa". México es un país sobrediagnosticado. Los delitos están a la vista pero las autoridades voltean hacia "otro lado". El periodismo de investigación en México es excelente. Además, hay varias organizaciones civiles dedicadas a realizar auditoría jurídica sobre la actuación de los funcionarios públicos y de nuestros gobernantes. Sin embargo, hoy las fiscalías son obsoletas, pues no investigan los delitos. La prensa tiene la información que le permitiría a las fiscalías armar expedientes y sin embargo es ignorada. No hay voluntad política para hacer cumplir la ley pues la ley se ha convertido en una herramienta de dominación política. No ha sucedido nada con el clan político de Sinaloa, ni con el cártel de Tabasco, no obstante que las denuncias están presentadas. ¿Quién le pone el cascabel al gato?