Presupuesto 2027 trae más deuda y más dudas

EDITORIAL Presupuesto 2027 trae más deuda y más dudas No por gastar más se gobierna mejor. De los mismos creadores de barreras para fiscalizar licitaciones, asignaciones y proveedores en el sistema Guatecompras, ahora se anuncia el estreno de un nuevo proyecto de presupuesto deficitario en año electoral. No es el primero en su tipo, pero sí el más abultado de la historia: un récord que cada año se rompe, pero que no por ello se justifica. No por gastar más se gobierna mejor; por el contrario, cada plan de gasto gubernamental exhibe mediocridades, contradicciones, dobles discursos y voracidades. La nueva propuesta de gasto del Ejecutivo —que también integra asignaciones al Congreso, Organismo Judicial, Usac, deporte, situado constitucional municipal y también el pago de deuda, entre muchos otros rubros— rebasa los Q192 mil millones. La excusa suena gastada: hay más gasto en inversión social. Fue la misma justificación del año pasado. El problema de fondo está en que al menos Q48 mil millones —una cuarta parte— de ese presupuesto vigente para un solo año se pretende financiar con créditos y bonos que tardarán décadas en ser pagados. ¿Cuánto realmente se convertirá en obras duraderas, servicios eficientes y resultados estratégicos que potencien la competitividad y el desarrollo humano integral? Basta ver cómo del bolsón de Q15 mil millones destinados a los 'Consejos Departamentales de Desarrollo' para el 2026 solo se había ejecutado 15% hasta julio, pese a grandes necesidades de infraestructura vial, social, de salud, agropecuaria y productiva. En otras palabras, no es que se satanice la deuda, es necesario tener capacidad financiera para impulsar proyectos prioritarios; pero la capacidad de gestión institucional se ha visto limitada por excusas, dilaciones, incapacidades y hasta intromisiones judiciales en asuntos administrativos. Hay otro dato que debería motivar discusión mucho más seria y técnica: el monto autorizado para colocar bonos del tesoro pasó de Q12 mil 775 millones en el 2023 a Q25 mil 104 millones en el 2025 y podría ser hasta de Q42 mil 852 millones para el 2027. No faltan farisaicos diputados disfrazados de 'técnicos' que primero ponen el grito en el cielo, pero cuando ya cae la cuota a beneficio de su partido, dejan la pose y se pliegan a echarle más carga a los tributantes actuales y futuros. Y ya que mencionamos deudas arrastradas, es válido mencionar cómo desde el 2024 el mercantilismo diputadil expone su lado más inescrupuloso y convenenciero, al forzar el traslado de fondos sin ejecutar en los Codedes hacia el siguiente año, sumando un monto adicional que no solo es inconstitucional, sino opaco. Si existen miles de millones que todavía no se han podido ejecutar, ¿para qué asignar más? La respuesta correcta debería ser el cierre del grifo de los incentivos perversos; la respuesta de los congresistas ha sido, invariablemente, seguir amasando los bolsones percudidos para financiar obra electorera y beneficiar a contratistas allegados, que a veces son solo prestanombres de los mismos diputados. Y justo allí entra el nefasto efecto de los bloqueos a la fiscalización de impuestos por el Ministerio de Finanzas a la base de datos de Guatecompras. Porque no basta con saber cuánto se asignará, el ciudadano tiene derecho a conocer cuánto y cómo se usan los recursos, a quién se le otorgan los contratos y cuáles son sus nexos. Entonces, si el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, tuviera una pizca del espíritu de supuesto fiscalizador que exhibía hace años como analista, junto con el anuncio del proyecto presupuestario debió anunciar el cese del bloqueo impuesto a la única ventana de información pública a los gastos de ejecución.