Fiscalía: el precio de la demora

El concurso para elegir al próximo fiscal general de Ecuador vuelve a extenderse y enfrenta apelaciones y objeciones.Canva Creado: Actualizado: El concurso para elegir al próximo fiscal general vuelve a extenderse, casi veinte meses después de la salida de Diana Salazar. ¿El error más grande? Permitir que este proceso se convierta en una sucesión de retrasos, apelaciones y reajustes, sin que exista una explicación convincente. Las experiencias anteriores debieron dejar como lección que en la elección de las máximas autoridades de justicia, la legitimidad no se construye al final. Se construye desde el primer día, con reglas claras, tiempos razonables, transparencia y decisiones que puedan ser explicadas y defendidas públicamente. Hoy existen siete apelaciones pendientes y 38 objeciones contra 25 de los 26 aspirantes. El resultado podría conocerse entre el 24 y el 28 de diciembre. El riesgo de elegir al fiscal sin garantizar su independencia ¿Dónde está el mayor riesgo? En que la discusión se concentre en quién gana el concurso y no en cómo llega al cargo. Un fiscal general puede ser legalmente designado y, sin embargo, enfrentar dudas sobre su independencia o legitimidad. Hay además un problema que está pasando inadvertido: mientras el proceso se prolonga, la Fiscalía enfrenta un país atravesado por crimen organizado, corrupción y violencia. Cada mes de incertidumbre institucional permite a las estructuras criminales adaptarse y fortalecerse. Las consecuencias reales son que una Fiscalía percibida como débil, cuestionada o políticamente condicionada, puede afectar investigaciones, decisiones estratégicas y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho. La pregunta fundamental es: ¿qué garantías concretas existen para que el próximo fiscal pueda actuar con independencia frente al poder político, económico y criminal? Que el concurso termine en diciembre no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Pero la demora no puede convertirse en normalidad, ni la transparencia en una promesa. Ecuador necesita saber ¿por qué fue elegido el fiscal general, bajo qué reglas y con qué garantías de independencia? La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas. Porque cuando se elige al responsable de perseguir el delito, vigilar el proceso, también es defender la democracia.