¿Un error histórico en ciernes?

Germán Rodríguez, senador y mayor retirado de la Infantería de Marina al que respeto y aprecio, ha presentado un proyecto de acto legislativo para otorgar el derecho al voto a los miembros activos de la Fuerza Pública. No dudo de su buena fe; sé que busca equiparar los derechos políticos de los uniformados con los de los demás ciudadanos. Pero el asunto no es menor: conduce al corazón de las instituciones militares y policiales y puede afectar la estabilidad de nuestra democracia. La debilidad principal de la propuesta es que ignora la naturaleza especial de la institución castrense en nuestro país y olvida la lección más dolorosa y sangrienta de nuestra historia moderna. Durante la "Violencia" de mediados del siglo XX, el enfrentamiento partidista destruyó el tejido institucional. Policías y militares, contaminados por el sectarismo entre liberales y conservadores, perdieron su imparcialidad y terminaron participando en la lucha partidista. Esa crisis de legitimidad y el caos condujeron al golpe militar de Rojas Pinilla en 1953, la única dictadura de la segunda mitad del siglo pasado, que demostró el peligro inmenso de que los uniformados asumieran un rol de deliberación y control político directo. La transición hacia la democracia en 1957 exigió un pacto nacional. La Junta Militar transitoria entendió que para salvar la República era indispensable despolitizar las armas por completo. Bajo el acuerdo del Frente Nacional, se trasladó a la Policía al Ministerio de Defensa, el único sin representación partidista. En ese momento se consolidó el papel de la Fuerza Pública: una institución profesional, técnica, apolítica y no deliberante, cuyo único norte es la defensa del orden constitucional, sin importar el color político de quien ocupe la Casa de Nariño. No podemos subestimar el impacto operacional. Introducir el debate electoral en los cuarteles abre la puerta a prender fuego a la disciplina y a la subordinación, columnas vertebrales de las Fuerzas Militares. Imaginemos un escenario donde el comandante de un batallón profese abierta afinidad por un partido y sus subalternos simpaticen con otro. ¿Cómo se sostendrá la obediencia debida cuando las decisiones operacionales empiecen a ser leídas bajo la lupa de la sospecha partidista? ¿Cómo evitar que un ascenso, un traslado o una sanción se interpreten como un premio o una retaliación ideológica? El riesgo de fracturar la unidad de la tropa es inmenso y devastador para la seguridad nacional. Las advertencias de analistas y sectores de la reserva activa no pueden caer en saco roto. Han señalado que la propuesta pone en peligro directo la disciplina militar y han advertido sobre los complejos desafíos éticos de trasladar la lógica vertical de las fuerzas armadas a la horizontalidad del debate electoral. Si el virus de la polarización contamina a quienes portan el uniforme, la institución dejará de ser el patrimonio protector de todos los colombianos para convertirse en una ficha del ajedrez electoral, con la emergencia de los peligros que significa que cuenten con la fuerza de las armas. El argumento de que Colombia es una excepción en América es una falacia por generalización. Estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Llevamos décadas enfrentando una agresión narcoterrorista que no da tregua. Someter a soldados y policías a las promesas de los candidatos en medio de un conflicto es una irresponsabilidad mayúscula. Como lo es también abrir la puerta para que el presidente de turno intente cooptar el voto de los uniformados usando su poder de Comandante Supremo. ¿Han pensado los promotores en los riesgos que tendría para el sistema democrático un presidente como Petro con la posibilidad de presionar el voto de sus subordinados? En Colombia, la primacía del poder civil exige que las armas permanezcan apartidistas e incontaminadas de la refriega electoral. Modificar la Constitución tal vez no sea un acto de inclusión sino un gravísimo error histórico que destruiría el pacto de neutralidad vigente desde 1957. Mi análisis inicial y la discusión con veteranos muestran una tendencia mayoritaria que entiende que dar el voto a los uniformados es un acto de amnesia histórica suicida. Esperemos el debate en el Congreso y que en el mismo impere la visión de Estado y el interés de preservar la democracia.