Negar la realidad

El Gobierno sigue sin reconocer la gravedad de la situación de morosidad del sistema financiero.Luego de la interrupción, en junio, de la escalada de 19 meses en la irregularidad de las financiaciones, la mora volvió a subir levemente en julio.Los datos preliminares muestran que en el total del sector privado llegó al 7,9%, mientras que la mora de las familias se ubicó en el 12,9% (rondando valores máximos desde mayo). Son 5,9 millones de personas quienes están con atrasos en sus créditos. Cuando los fenómenos dejan de impactar en un grupo aislado y pasan a ser masivos, ya es un problema sistémico ante el cual el Estado, como mínimo, debe prestar atención y actuar en consecuencia para resolverlo. El tomar crédito no es malo en sí mismo. Pero cuando se utiliza para cubrir necesidades básicas como el pago de servicios públicos esenciales o alimentos, se convierte en una situación muy difícil de abordar.Es un problema de ingresos: una parte considerable de la ciudadanía gana menos de lo que se requiere para llegar a fin de mes. Por lo tanto, no estamos ante una situación en la que las personas se volvieron irresponsables y no pagan sus deudas: en la mayoría de los casos, simplemente, no poseen los medios necesarios para afrontarlas. Nos encontramos ante un sistema que no está lo suficientemente regulado, en particular sobre las fintech y billeteras electrónicas, las que presentan la mayor mora. Los créditos en este segmento suelen otorgarse a un costo financiero muy elevado, lo que perjudica a los tomadores de los mismos e incrementa las probabilidades de incumplimiento. El mercado por sí solo no debería poder definir las condiciones de los préstamos, ya que se perjudica en especial a quienes poseen bajos ingresos y, por lo tanto, menor capacidad para manejar sucesos imprevistos.No obstante, este escenario es congruente con la ideología central de la administración actual que, como lo ha manifestado expresamente el Presidente, considera que se trata de 'un asunto entre privados'. Tras el déficit de junio, el Sector Público Nacional volvió a mostrar superávit durante julio, acumulando un resultado primario positivo equivalente a 0,9 puntos del PBI en lo que va del año.No obstante, el resultado financiero (al descontar el pago de intereses) registró un superávit de tan solo el 0,1% del PIB. Tomando los 7 primeros meses de 2026, los ingresos totales se redujeron en forma interanual un 4,6% real, mientras que los gastos primarios cayeron un 2,8%. Puede parecer extraño que los ingresos bajen más que los gastos. Alguien podría pensar: ¿es que no se está ajustando lo suficiente? Esta pregunta se responde fácilmente (aunque con elevada preocupación) al analizar las diferencias contra 2023: los ingresos totales cayeron 10,2%, mientras los gastos primarios mermaron un 30,3%. En definitiva, los números expuestos no hacen más que confirmar las dificultades del Poder Ejecutivo para continuar con su programa de mantener superávit fiscal: fue tan grande el ajuste que resulta muy difícil profundizarlo aún más. Un dato que hay que tomar en especial consideración, dada la cercanía de la presentación ante el Congreso del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, que se debe realizar antes del 15 de septiembre próximo. Con indicadores más recientes de agosto, se puede analizar la recaudación de dicho mes, que registró un descenso del 3,9% real en el acumulado interanual.Las mayores bajas se produjeron en los impuestos relacionados con la actividad. En efecto, los ingresos por IVA mermaron un 6,7% en términos reales. Los aportes y contribuciones a la seguridad social se redujeron un 4,4% y 3,3%, respectivamente, mientras que el impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente cayó un 3,5%. También ligado a la actividad (debido a la caída en la participación de los bienes intermedios y de capital que se compran al exterior), los derechos de importación registraron una variación negativa del 18,5% en el acumulado interanual. Las mayores contribuciones positivas correspondieron a la recaudación de Ganancias (19,2%) y Bienes Personales (7,3%). Los recientes resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), compilado por el BCRA, ilustran los problemas por los que atraviesa el programa económico.La proyección del PIB para 2026 de los 45 bancos y consultoras encuestados fue reducida del 2,7%, en la estimación de julio, al 2,1%, en agosto. Es una baja muy significativa. En el caso de la inflación, se espera que alcance el 30,0%, oscilando en los meses por venir hasta febrero de 2027, entre 1,6 y 1,8% mensual, muy lejos de comenzar con el cero. Cifras muy alejadas de las previstas en el Presupuesto 2026, que se elaboró teniendo en cuenta un aumento del PIB del 5,0% y una inflación del 10,1%. Cabe mencionar que menor crecimiento significa, entre otros, una menor recaudación, y, por lo tanto, menores recursos para atender el gasto público, como se comentó en los párrafos anteriores. Para mantener la política actual, el gobierno tendría que seguir ajustando, aunque le resulte difícil.Ahora, ¿cómo se conciliará esta orientación en un año de elecciones? ¿Cómo será compatible en un año electoral convencer a la ciudadanía de que el oficialismo necesita cuatro años más para que lleguemos al país supuestamente 'floreciente' que hay en el escenario al final del túnel? ¿Podrá aceptar la ciudadanía que se sigan deteriorando los servicios públicos de educación, salud, transporte, etc.? La mejor respuesta a estas preguntas la encontramos en experiencias pasadas en nuestro país, en las que los gobiernos de corte neoliberal, como el actual, nunca terminaron llevando bienestar a las grandes mayorías de la población. Como mencionamos en otras oportunidades, mientras no cambie el modelo es muy improbable que la ciudadanía pueda estar mejor. Presidente Partido Solidario