Desaparecer con Alzheimer: una emergencia de salud pública y derechos humanos

El 3 de agosto de 2026, George De Aza Amparo salió de su hogar sin imaginar que sería la última vez que su familia lo vería. Pasaron las horas, comenzaron a extrañarlo y la preocupación fue creciendo. George tenía 78 años y, según informó su familia, vivía con Alzheimer. Su desaparición lo colocaba en una situación de especial vulnerabilidad y hacía que cada minuto fuera determinante. Este relato, reconstruido a partir del testimonio de la familia de George, no ha sido confirmado por las autoridades. La situación se agravó aún más cuando, según relató su familia, al intentar presentar la denuncia se le indicó que debía esperar 48 horas. Este relato resulta especialmente preocupante a la luz de la Ley 25-26, que establece que, tras el reporte y la valoración de la denuncia, el sistema de alertas debe activarse de manera conjunta e inmediata, sin que transcurran más de 24 horas desde el reporte. Cada 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer nos invita a fijar la mirada en el deterioro cognitivo, los cuidados y el impacto que esta enfermedad tiene sobre millones de personas y sus familias. Pero hay una realidad de la que todavía hablamos muy poco: el riesgo de que una persona con deterioro cognitivo salga de su casa y no recuerde cómo regresar. Una persona con Alzheimer puede desorientarse, no reconocer el lugar donde se encuentra, olvidar información básica o tener dificultades para explicar cómo regresar a casa. En estos casos, el deterioro cognitivo asociado al Alzheimer puede incrementar el riesgo de extravío y dificultar que la persona pueda orientarse, pedir ayuda o regresar a casa. Así ocurrió con George. A pesar de que su familia logró establecer contacto con él, no pudo determinar dónde se encontraba. Poco después, su teléfono se apagó. Siete días más tarde, el 10 de agosto, George fue hallado sin vida. Para su familia, fue una pesadilla que comenzó con una pregunta: ¿dónde está? Y, desde ese instante, cada minuto contó, pero en cuenta regresiva. En República Dominicana, esta realidad tiene rostro y nombre. Según registros de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (ASODOFADE) hay familias que continúan buscando a sus seres queridos, algunas desde hace años. Mayores de 80 años Ramón Castillo ( 88 años ), desaparecido desde 2024 . ( ), . Alcibíades Portes (81 años), desaparecido en 2024. Entre 75 y 79 años Ramón Alberto Marte Peña ( 78 años ), desaparecido desde el año 2012. ( ), desaparecido desde el año 2012. Tina Vallejo (75 años), desaparecida en San Cristóbal en junio de este año. Hortensia Reyes (75 años), desaparecida desde el año 2022. Entre 70 y 74 años Roberto Mentor ( 74 años ), desaparecido desde el año 2022. ( ), desaparecido desde el año 2022. José Altagracia Feliz (72 años), desaparecido desde enero de 2025. José Lucía Alcántara (70 años), desaparecido desde enero de 2025. Roberto Rodríguez (70 años), desaparecido desde julio de 2025. Entre 63 y 69 años Juan Lara Vizcaíno ( 68 años ), desaparecido de su hogar en Baní . ( ), desaparecido de su hogar en . Ramón de Jesús Toribio Arroyo, desaparecido desde enero de 2021 en Sabana Perdida. César William Pérez (63 años), visto por última vez con rumbo desconocido. Esta lista no es exhaustiva ni representa el total de casos activos en el país. Corresponde a casos reportados por familiares a ASODOFADE al momento de escribir este artículo, quienes señalaron la existencia de Alzheimer o deterioro cognitivo. La información no constituye un registro epidemiológico ni oficial de personas desaparecidas. Cada una de estas historias es distinta. Pero todas tienen algo en común: una familia que continúa viviendo con la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido. Detrás de cada uno de estos nombres hay algo que la sociedad todavía no termina de entender: no estamos hablando simplemente de personas que "se perdieron". Hablamos de personas en condición de especial vulnerabilidad, cuya capacidad para orientarse, pedir ayuda o regresar a casa puede verse afectada por el deterioro cognitivo. Por esa razón, la respuesta institucional debe contemplar la especial vulnerabilidad de las personas con deterioro cognitivo. Las primeras horas pueden ser determinantes para el hallazgo con vida de una persona. Los adultos mayores que se extravían pueden enfrentar riesgos graves, entre ellos lesiones, deshidratación, accidentes o incluso la muerte si no son localizados oportunamente. Por eso, la prevención también debe formar parte de la conversación sobre el Alzheimer. Es necesario desarrollar campañas de visibilización y prevención en comunidades, escuelas y medios de comunicación. Es preciso informar a las familias sobre cómo reducir el riesgo de extravío; formar comunidades capaces de identificar y asistir a una persona desorientada; capacitar a las autoridades para que comprendan la urgencia de estos casos; y contar con protocolos especializados que permitan activar de inmediato los mecanismos de búsqueda. En este sentido, la incorporación de mecanismos específicos para adultos mayores representa un avance importante a propósito de la Ley 25-26, promulgada en junio de 2026, que crea el Sistema Nacional de Alertas para Personas Desaparecidas, oficialmente denominado "Alertas RD". La normativa contempla una Alerta Silver para adultos mayores de 65 años y establece que, tras valorar la denuncia, la Policía Nacional y el Ministerio Público deben activar conjuntamente el sistema de alertas de manera inmediata, sin que transcurran más de 24 horas desde el reporte de desaparición. Sin embargo, en el caso de George, según relató su familia, se le indicó que debía esperar 48 horas para presentar la denuncia. Esa espera contrasta con lo que exige la nueva normativa. Este relato no fue contrastado con la institución involucrada, pero plantea una pregunta que merece respuesta pública: ¿la espera de 48 horas fue un caso aislado o refleja una práctica más extendida? Es una pregunta que las autoridades responsables de activar Alertas RD deberían responder, porque cada hora de espera es, en casos como este, una hora que no se recupera. El verdadero desafío no es lograr la promulgación de una ley: comienza después, en su aplicación. El éxito de la Ley 25-26 no se mide por su aprobación, sino por las vidas que ayuda a proteger. Las leyes, por sí solas, no encuentran personas. Las encuentra la coordinación efectiva entre instituciones, la rapidez en activar las alertas y el compromiso de toda la sociedad — sin burocracias innecesarias ni minimización del riesgo. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el caso de George sigue vigente en la memoria de quienes lo vivieron de cerca — y en la urgencia de una ley que aún debe demostrar su eficacia. Recordemos también a las familias que han salido a buscar a un ser querido sin saber si volverán a abrazarlo. Porque cuando una persona con deterioro cognitivo desaparece, el tiempo no es un detalle: el tiempo también salva vidas.