La tragedia de Viacha no puede quedar sin respuestas

La tragedia ocurrida en el cuartel Bolívar de Viacha dejó de ser solamente una emergencia. Se ha convertido en una obligación de Estado: encontrar a quienes todavía permanecen desaparecidos, identificar a las víctimas, esclarecer qué ocurrió, establecer responsabilidades y reparar el daño causado. El balance oficial llegó este domingo a seis fallecidos, mientras continúan las tareas en una zona devastada por dos explosiones que también dejaron decenas de heridos y viviendas afectadas. Pero ni siquiera ese balance permite todavía dimensionar completamente la tragedia. Hay personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse y durante las tareas de búsqueda se encontraron restos humanos dispersos que deben ser sometidos a procedimientos forenses para determinar su identidad. Detrás de cada desaparecido hay una familia esperando una respuesta A medida que avanzan las investigaciones aparecen datos que hacen todavía más urgente una explicación completa. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que los equipos encontraron artefactos explosivos tipo 'booster' y que en una estructura próxima al sector destruido existe material bélico y una gran cantidad de granadas. La primera explosión habría involucrado pólvora negra vinculada con material pirotécnico. Sobre la segunda, mucho más potente, todavía no existe una causa establecida. Ese punto es central. Una investigación seria no puede partir de conclusiones anticipadas ni buscar explicaciones convenientes. Debe establecer qué explotó, por qué explotó y, sobre todo, bajo qué condiciones estaba almacenado ese material. También debe determinar quién tenía a su cargo su inventario, custodia, mantenimiento y seguridad. Existen normas para el almacenamiento y manejo de explosivos y municiones, precisamente porque su capacidad destructiva obliga a extremar las medidas de seguridad. Determinar si esas disposiciones se cumplían en el cuartel Bolívar no es un detalle técnico; es una de las preguntas esenciales que debe responder la investigación. Las Fuerzas Armadas administran instalaciones y materiales cuya naturaleza exige niveles extraordinarios de control. Esa condición no disminuye su obligación de rendir cuentas. La reserva propia de determinados asuntos militares no puede convertirse en un argumento para impedir que la sociedad conozca las causas de una tragedia que produjo muertos, desaparecidos, heridos y daños fuera de una instalación castrense. Tampoco bastará con identificar el origen físico de la explosión. Si existieron fallas en los protocolos, deficiencias de almacenamiento, inventarios desactualizados, negligencia o incumplimiento de normas, deberán establecerse responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales. El Ministerio Público tiene la obligación de desarrollar una investigación independiente, técnica y transparente. Hay, además, una responsabilidad inmediata con las víctimas. Antes que cualquier explicación institucional está la obligación de encontrar e identificar a todas las personas. Las familias que todavía buscan a sus seres queridos no pueden permanecer entre versiones parciales, listas que cambian y horas de incertidumbre. Y los vecinos cuyas viviendas fueron dañadas no pueden quedar atrapados entre formularios, competencias institucionales y promesas. Viacha necesita solidaridad y también es urgente que se encuentre a los desaparecidos; que cada víctima tenga un nombre, que las familias conozcan la verdad, que se determine por qué ocurrió un siniestro de semejante magnitud en medio de una zona poblada. Hasta que esas preguntas tengan respuesta, la tragedia de Viacha seguirá abierta. Y el Estado tendrá una deuda pendiente con sus víctimas.