Hay amnistías y amnistías

¿Qué nos estaba diciendo esta semana Cándido Conde-Pumpido cuando explicaba que si el Supremo no aplica la doctrina del Constitucional sobre la amnistía, lo hará el propio Constitucional? ¿Cómo puede plantearse ni siquiera como una posibilidad que eso ocurra? ¿Cómo puede un periodista preguntar con pasmosa naturalidad qué pasará si el Supremo se rebela, y cómo puede el presidente del Constitucional contestar con la misma pasmosa naturalidad que, si eso ocurre, el criterio del Constitucional lo aplicará el propio Constitucional? ¿Se nos está diciendo eufemísticamente que el Supremo boicotea la ley de amnistía? ¿Es normal que esa insinuación la diga, sin escandalizarse en ningún momento, ni más ni menos que el presidente del Tribunal Constitucional? Hay amnistías y amnistías. La de 1977 los jueces la aplicaron al pie de la letra con una diligencia extrema. La de ahora en muchos casos la boicotean, sobre todo el Supremo, que ha dicho que unos condenados se enriquecieron basándose no en hechos sino en presunciones, ya que si no hubieran utilizado dinero público habrían usado el suyo, algo que el Supremo sabe igual que si fuera Nostradamus. La ley de 1977 intercambió democracia por impunidad. Aquella norma fue el factor más importante que permitió desatascar la transición, mucho más que la ley de Reforma Política, los estatutos de autonomía o la legalización del Partido Comunista. Permitió cambiar un régimen dictatorial por uno democrático a cambio de la impunidad de los que habían cometido delitos políticos durante la dictadura, por muy graves que fueran. La ley actual deja el régimen intacto. Se limita a perdonar a ciertas personas y deja lo demás tal como estaba. La justicia que aplicó con ahínco la ley de 1977 es la misma que durante 40 años miró para otro lado ante los delitos del anterior jefe del Estado con la excusa de que este es inviolable según la Constitución. Poco importa que esa lectura constitucional sea claramente incorrecta, ya que en realidad el rey es inviolable por sus actos públicos, que deben ser refrendados por el gobierno, y el responsable de esos actos es el gobierno, pero no por sus actos privados, algo que la Constitución no explicita porque es una conclusión al alcance del señor Pero Grullo. Pero da igual. La justicia que se ha pasado 4 décadas silbando mientras el anterior jefe del Estado cometía sus fechorías boicotea ahora la aplicación de una ley del perdón que deja las cosas tal como estaban hace 16 años, cuando una comunidad autónoma pasó a ser regida por una norma estatutaria que no ha aprobado, ya que la que había bendecido la ciudadanía en votación directa tras ser aprobada en los parlamentos estatal y autonómico, tal como exige la Constitución, fue modificada por los magistrados de un Constitucional que ahora todo parece indicar que aprobará el perdón. Qué cosas pasan en este país. Con pasmosa naturalidad.