Causa Bacchiani: la insolvencia fraudulenta, ahora tarea de la Justicia provincial

Después de casi un año de idas y vueltas entre el fuero federal y el provincial, la investigación por la presunta insolvencia fraudulenta vinculada a Edgar Adhemar Bacchiani y Adhemar Capital SRL quedó definitivamente en manos de la Justicia ordinaria de Catamarca, en la Fiscalía de Instrucción N° 8, a cargo de Juan Manuel Sánchez Ruiz. El expediente investiga si, cuando la firma ya no podía afrontar sus obligaciones con los inversores, se realizaron maniobras para ocultar, transferir o desprenderse de bienes tales como inmuebles, dinero o activos digitales -como criptomonedas- con el fin de evitar que esos activos fueran usados para responder ante los acreedores. Es decir, el fiscal deberá determinar si Bacchiani y su entorno "vaciaron" el patrimonio antes de que la Justicia pudiera embargarlo. Juan Manuel Sánchez Ruiz, fiscal de Instrucción N°8. La causa pasó por una disputa de competencia entre la Justicia Federal y la provincial, que comenzó el año pasado y concluyó en julio último. El punto de partida estuvo en un dictamen de la Fiscalía Federal de Catamarca. La cronología fue la siguiente: En mayo de 2025, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz firmó el dictamen N° 3225, por el cual formuló requerimiento de instrucción contra Edgar Bacchiani, Zaraive Garcés Rusa y Gustavo Aparicio por "insolvencia fraudulenta en concurso ideal con quiebra fraudulenta". Lo hizo en procura de que el caso se investigara junto con la megacausa penal por estafa. por el cual formuló requerimiento de instrucción contra por "insolvencia fraudulenta en concurso ideal con quiebra fraudulenta". Lo hizo en procura de que el caso se investigara junto con la megacausa penal por estafa. 6 de junio de 2025 (sentencia N° 26): el juez federal Miguel Ángel Contreras rechazó ese requerimiento y se declaró incompetente para investigar la quiebra fraudulenta. el juez federal Miguel Ángel Contreras rechazó ese requerimiento y se declaró incompetente para investigar la quiebra fraudulenta. 13 de junio de 2025: el fiscal provincial N°8, Juan Manuel Sánchez Ruiz , planteó una declinatoria de competencia ante el Juzgado de Control de Garantías N° 4, a cargo de Marcelo Sago. Entendía que la causa debía unificarse en el fuero federal dado que allí ya se investigaba a los mismos acusados por hechos con coincidencias objetivas (las maniobras) y subjetivas (las personas), además de una eventual calificación legal idéntica: insolvencia fraudulenta, presuntamente cometida entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Sago remitió el expediente a la Justicia Federal. , planteó una declinatoria de competencia ante el Juzgado de Control de Garantías N° 4, a cargo de Marcelo Sago. Entendía que la causa debía unificarse en el fuero federal dado que allí ya se investigaba a los mismos acusados por hechos con coincidencias objetivas (las maniobras) y subjetivas (las personas), además de una eventual calificación legal idéntica: insolvencia fraudulenta, presuntamente cometida entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Sago remitió el expediente a la Justicia Federal. Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la apelación de la Fiscalía Federal e hizo lugar al planteo del juez Contreras. Para el tribunal, la insolvencia fraudulenta no es un asunto de competencia federal. rechazó la apelación de la Fiscalía Federal e hizo lugar al planteo del juez Contreras. Para el tribunal, la insolvencia fraudulenta no es un asunto de competencia federal. 27 de julio de 2026: con ese criterio ya firme, el expediente fue remitido al Juzgado de Control de Garantías N° 4, que lo giró a la Fiscalía de Instrucción N° 8 para que continúe con la investigación. En consecuencia, la investigación patrimonial quedó separada de la causa penal principal y en manos de la Justicia ordinaria. Causa voluminosa El expediente que llegó a manos del fiscal Sánchez Ruiz consta de 30 cuerpos, cada uno de los cuales tiene unas 200 fojas, es decir, alrededor de 6.000 en total. A eso se agregan 40 anexos probatorios, equivalentes a la misma cantidad de hechos investigados. La 'megacausa' penal (FTU 42/2021) que seguirá en la órbita de la Justicia Federal, en cambio, tiene 125 cuerpos que representan alrededor de 40.000 fojas. Hay más de 500 querellas, 82 querellantes y 16 imputados -hasta inicios de 2025- con sus correspondientes estudios patrimoniales. Si bien la diferencia de escala es considerable, la pieza de insolvencia fraudulenta es un expediente no menos sensible, porque es allí donde se podría determinar qué pasó con el patrimonio que debería responder ante las víctimas de la estafa piramidal. Según confirmó una fuente judicial a INFORAMA, serán notificados en el marco de la causa por insolvencia fraudulenta: Edgar Adhemar Bacchiani , fundador y CEO de Adhemar Capital SRL, principal imputado en toda la trama. , fundador y CEO de Adhemar Capital SRL, principal imputado en toda la trama. Zaraive Garcés Rusa , expareja y exsocia de Bacchiani. , expareja y exsocia de Bacchiani. Gustavo Aparicio , cuya vinculación con el expediente surgió en mayo de 2025. El profesional trabaja como supervisor en la Contaduría General de la Provincia y está sospechado de haber movido decenas de millones de dólares en billeteras digitales. Se sumó a la lista de imputados en la causa madre. , cuya vinculación con el expediente surgió en mayo de 2025. El profesional trabaja como supervisor en la Contaduría General de la Provincia y está sospechado de haber movido decenas de millones de dólares en billeteras digitales. Se sumó a la lista de imputados en la causa madre. Carlos Correa , abogado, exasesor legal de Adhemar Capital. , abogado, exasesor legal de Adhemar Capital. Joaquina Córdoba Gandini , escribana que intervino en buena parte de las operaciones inmobiliarias de Bacchiani. , escribana que intervino en buena parte de las operaciones inmobiliarias de Bacchiani. Lucas Retamozo , abogado vinculado a Bacchiani y a la administración de sus bienes. , abogado vinculado a Bacchiani y a la administración de sus bienes. Iván Segovia , contador jefe de Bacchiani en Adhemar Capital. , contador jefe de Bacchiani en Adhemar Capital. Alejandro Segli (empresario) y Luis Gribaudo (abogado de Segli). (empresario) y (abogado de Segli). A ellos se sumarán los demás denunciados en la causa federal. Los nombres de Correa, Córdoba Gandini y Retamozo en particular ya habían aparecido en 2023 en las propias declaraciones indagatorias de Bacchiani. El autodenominado "Trader God" los había señalado como quienes retenían la documentación de buena parte de sus propiedades. Carlos Correa y Joaquina Córdoba Gandini. Los montos y bienes en juego Determinar el volumen patrimonial en discusión es, paradójicamente, una de las partes más difusas del caso, porque buena parte de esos bienes nunca llegó a estar formalmente documentada a nombre de Bacchiani. En una nota publicada por este medio en septiembre de 2023 ("Edgar Bacchiani y el misterio de sus propiedades") se relevó que, durante su indagatoria, Bacchiani mencionó al menos 13 inmuebles que aseguró haber pagado íntegra o parcialmente, entre ellos: Un campo de 39 hectáreas en Valle Viejo, adquirido al exintendente Gustavo Jalile, con un proyecto de loteo de 1.000 terrenos valuados en $5 millones cada uno. El loteo "Wika" (8 hectáreas), cuya documentación habría quedado en poder de Correa y Córdoba Gandini. Locales comerciales, un salón de eventos, dúplex y otros lotes, cuya documentación en casi todos los casos habría quedado en manos de los abogados y la escribana. Lo llamativo es que Bacchiani nunca pudo o quiso acreditar escrituras ni títulos de propiedad sobre ese patrimonio, pese a haber tenido tiempo de sobra, antes de su detención, para resguardar la documentación. Bacchiani y uno de sus autos de alta gama. En el plano estrictamente civil-comercial, la jueza María Virginia Cano condujo los dos procesos de quiebra decretados en 2022, uno sobre Bacchiani como persona física y otro sobre Adhemar Capital SRL. Las cifras conocidas hasta ahora son: 1.444 personas se presentaron a verificar créditos en ambos procesos. En conjunto reclamaron más de $15.000 millones , aunque los síndicos terminaron comprobando cerca de un 30% menos. se presentaron a verificar créditos en ambos procesos. En conjunto reclamaron más de , aunque los síndicos terminaron comprobando cerca de un 30% menos. Se estima que ese universo de demandantes representaría apenas el 25% del total de inversores reales, calculado en unas 6.000 personas . reales, calculado en unas . La estafa "en blanco" (declarada y documentada) fue estimada en unos US$50 millones . . De los remates concretados hasta 2023, se subastaron bienes muebles menores y tres inmuebles: un conjunto de lotes en Intendente Lascano (base $75 millones), una propiedad en Sumalao (base $3,7 millones) y una vivienda en calle Henry Saint Clair (base $60 millones), esta última donde residía su expareja Sofía Piña y en donde Bacchiani fue detenido en abril de 2022. Esta combinación de millones en dinero y bienes inmuebles es justamente lo que la investigación por insolvencia fraudulenta busca esclarecer: si hubo maniobras deliberadas para que ese patrimonio nunca estuviera disponible para los acreedores. En paralelo y por separado, sigue en curso la mega causa penal federal (FTU 42/2021) por estafa, asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, ya en etapa de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, aunque aún sin fecha. Lo que sigue En lo que respecta a la Fiscalía de Instrucción N° 8, ya con el expediente de 30 cuerpos en su poder, resta que realice un análisis integral de toda la documentación acumulada y decida qué medidas de prueba corresponden. No obstante, una investigación de esas características necesita la intervención de contadores especializados en procesos de insolvencia y quiebras, además de peritos en criptomonedas y trazabilidad de activos virtuales. Todo ello con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero: de dónde provinieron los fondos, a dónde fueron dirigidos y si hubo maniobras para apartarlos del patrimonio que debería funcionar como garantía de los inversores. ¿Está en condiciones cualquier fiscalía de instrucción de llevar adelante una pesquisa de semejantes dimensiones sin apoyo de personal experto? ¿Cuenta la Justicia provincial con ese perfil de profesionales? ¿Habrá algún tipo de colaboración con el fuero federal en cuanto a la prueba ya producida? Por lo pronto, la única certeza es que la Justicia provincial deberá investigar una operación monumental de desapoderamiento de bienes inédita en la historia de Catamarca. De cuál sea su resultado dependerá alguna cuota de su crédito social.