Bajar impuestos no llena por sí solo los pueblos, no abre empresas, ni consigue retener talento. Pero ayuda a conseguirlo. Sobre todo, cuando la reducción de la presión fiscal no se plantea como una sucesión de porcentajes que fluctúan, sino como una herramienta para intervenir en algunos de los problemas más graves que arrastra esta tierra. El plan presentado este martes por Alfonso Fernández Mañueco apunta precisamente en esa dirección. Una batería de novedades en la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para el año 2027 que pone el foco en las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos: la vivienda, los jóvenes y la sangría demográfica. Política contante y sonante en la cartera de los contribuyentes.
La Junta de Castilla y León calcula que el conjunto de medidas fiscales supondrá un ahorro de 920 millones de euros para los vecinos de la Comunidad. Es dinero que dejará de entrar en las arcas públicas para quedarse en los bolsillos de familias, jóvenes y ciudadanos que llevan años soportando una escalada del coste de la vida difícil de digerir. En un momento delicado para las economías domésticas, aliviar esa carga se convierte en un asidero para su bienestar.
Para Zamora, el paquete tiene una lectura con valor añadido. A partir del próximo ejercicio, el umbral que permite acogerse a determinados beneficios fiscales vinculados al medio rural pasa a incluir a los municipios de hasta 20.000 habitantes en lugar de los 10.000 actuales, lo que se traduce en que servirá para meter en el saco a toda la provincia salvo a la capital. Y eso significa, por una vez, adaptar la norma a la realidad del territorio en lugar de obligar al territorio a encajar en una norma diseñada desde un despacho.
Porque Zamora es rural. Radicalmente rural. Lo es por población, por dispersión, por envejecimiento y por la cantidad de pequeños municipios que cada día pelean por mantener abiertos servicios que en otros lugares se dan por sentados y asentados. Rebajar impuestos para quienes viven allí, facilitar la compra o la rehabilitación de una vivienda o mejorar las deducciones por nacimiento y adopción no va a provocar de la noche a la mañana una revolución demográfica. Pero sí elimina piedras de un camino que ya está demasiado empinado.
El anuncio de "impuestos cero" para la transmisión de propiedades en el medio rural puede suponer, además, un acicate para la pervivencia rural. Buena parte de los pueblos zamoranos acumulan viviendas cerradas, inmuebles heredados y patrimonio sin uso que hace que encontrar una casa habitable y asequible sea una carrera de obstáculos. Si un nuevo paradigma en la fiscalidad sirve para facilitar que esas propiedades cambien de manos, se rehabiliten y vuelvan a tener vida, se podrá hablar de éxito en la medida.
La otra pata del plan son los jóvenes, y ahí tampoco sobra ningún esfuerzo. Castilla y León en general, y Zamora en particular, no pueden seguir permitiéndose formar generaciones para contemplar después cómo hacen las maletas. Ayudarles a acceder a una vivienda, favorecer el emprendimiento y facilitar el relevo generacional son medidas que atacan directamente una de las grandes hemorragias de esta provincia. Sin jóvenes no hay futuro. Y sin jóvenes en los pueblos, buena parte del mapa provincial corre el riesgo de convertirse en un decorado de verano, lleno durante unas semanas y vacío el resto del año.
Durante demasiado tiempo, vivir en un pueblo ha supuesto pagar prácticamente lo mismo para recibir bastante menos. Corregir parte de ese desequilibrio mediante la fiscalidad es política útil. Y hacerlo poniendo en el centro a los jóvenes y la vivienda, para una provincia como Zamora, es un buen comienzo.
Ahora toca que las rebajas anunciadas lleguen realmente al bolsillo y que vengan acompañadas del resto de políticas que necesita esta tierra. Porque Zamora no reclama privilegios. Reclama razones para quedarse.
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