Comienzo de un curso decisivo

Se acostumbra, cuando llega septiembre, a hacer balance de lo hecho hasta el parón vacacional y un repaso de lo que queda por hacer en el curso político. O, dicho de otra forma, de los deberes que tiene el Gobierno para cumplir sus compromisos y satisfacer las expectativas de los ciudadanos. En esta ocasión con más motivo, al ser el último de una legislatura que ha hecho un recorrido en equilibrio inestable y tener a la vuelta de la esquina unas elecciones municipales con fecha fija (en mayo de 2027) y unas generales, cuya celebración está por decidir, aunque todo indica que se va a agotar el mandato. El caldo de cultivo, en todo caso, no invita a pensar que las cosas se vayan a hacer por consenso, con una oposición beligerante con todo lo que se mueve. Las vacaciones no han sido precisamente cómodas para el Gobierno, que, seguramente cuando más necesitaba un descanso para abordar a la vuelta tareas de calado como los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de la financiación autonómica, los problemas de la vivienda, las movilizaciones anunciadas del personal docente y sanitario, entre otras, sin contar los conflictos judiciales que le acechan por diversos flancos, entró en agosto con media España en llamas y un incendio sobrevenido en Ceuta, donde más de 80.000 personas (el equivalente a la población de la ciudad autónoma) provocaron esa 'violación de la integridad territorial' (en palabras de Pedro Sánchez) que eleva ad infinitum la crisis migratoria, amén de dar alas a la oposición para echar más leña al fuego, lanzar acusaciones y exigir dimisiones y adelantos electorales. Así está el patio. El lío de Ceuta, sobre el que hay mucho que aclarar, no será fácil de arreglar; pero, además de ese grave problema, el Gobierno tiene esos otros frentes citados, que tienen puesto el foco, en primera instancia, en la negociación de la financiación autonómica y de los Presupuestos, algo que no ha logrado en toda la legislatura y ha obligado a prorrogar año tras año los de 2023. La negociación en esos ejercicios fracasó sistemáticamente por la negativa de Junts a sumarse al resto de grupos que apoyó la investidura y es el grupo catalán (además de Podemos) el más reticente. Ya rechazó en julio la senda de gasto, con lo que las perspectivas son poco halagüeñas para el Gobierno. El cambio de postura depende, por tanto, más a cuestiones políticas (amnistía a su líder, Carles Puigdemont) que las compensaciones económicas. Con estos condicionantes se ha producido este viernes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebró y que la Comunidad de Madrid intentó boicotear llamando a la rebelión de las comunidades dirigidas por el PP. Sin éxito. La mayor parte de ellas, gobernadas por este partido tuvieron la sensatez de acudir y exponer sus posiciones, aunque no dieron su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica. Tampoco lo dieron las de Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, pero al Gobierno le bastaba el apoyo de una comunidad para alcanzar el 50% necesario. Y tuvo los de Cataluña y Canarias. Un "éxito histórico" después de 17 años, según el ministro de Hacienda, Arcadi España. El Gobierno ha partido de la condonación de deuda autonómica (83.000 millones de euros) y de avanzar en la reforma de la financiación autonómica, con una aportación de 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades en su primer año de funcionamiento, previsto para 2027. La reforma contempla una mayor cesión de impuestos de manera que las comunidades pasarán a participar en el 55% del IRPF y 56,5% del IVA, frente al 50% actual. La de los impuestos especiales se mantendrá en el 58%. Además, se incorporarán al sistema el 100% de la recaudación de varios tributos, entre ellos el impuesto sobre el patrimonio, el de los depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos. El objetivo es dotar a las autonomías más recursos propios y que el sistema dependa en menor medida de las transferencias estatales. Otro de los frentes pendientes desde julio fue el de la vivienda, que propone una prórroga obligatoria de hasta dos años en los alquileres para aquellos inquilinos cuyos contratos vencen antes del 30 de junio de 2028. Asimismo, contempla incrementar hasta el 21% el IVA de los pisos turísticos, hasta ahora exentos salvo en aquellos casos en los que hay servicios de limpieza, que pagan el 10%. A ello se añade un endurecimiento del régimen sancionador en lo que atañe a la publicidad en plataformas digitales, con lo que se persigue desincentivar este tipo de alquiler. Antes del verano, Junts ya mostró su rechazo al texto por no incluir medidas de protección para los pequeños propietarios, mientras que Podemos exigió, para respaldarlo, retirar del decreto la reforma de la ley del suelo. También está pendiente la nueva revalorización del SMI para 2027, que defiende principalmente Sumar, grupo que aboga por endurecer el control telemático del registro horario, sobre el que el ala socialista tiene reservas, y por la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales, que fue uno de los puntos de su pacto de Gobierno. La lideresa de este grupo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, añade el Estatuto del Becario, que está atascado en el Congreso en la fase de ampliación de enmiendas, y la iniciativa para que los trabajadores tengan presencia en los consejos de administración de las empresas.