El precio del carro también debería pesar en la multa

Hay infracciones que Bogotá termina normalizando. Una de ellas es el mal parqueo o cualquier acto de desobediencia civil como lo vimos con los piques ilegales de ciclistas y el famoso spark azul. Un carro se sube al andén, bloquea un carril, tapa una ciclorruta o se estaciona frente a una esquina; el conductor se baja, hace lo que necesita y sigue su camino. El resto de la ciudad paga las consecuencias: peatones que deben lanzarse a la vía, ciclistas expuestos, buses atrapados y conductores condenados a otro minuto de congestión. Y cuando llega la multa, aparece el problema: ¿572.500 pesos realmente disuaden a todos por igual? No. Una sanción debe tener capacidad para cambiar una conducta. Si alguien conduce un vehículo de $300 millones y recibe una multa de $572.500 por apropiarse indebidamente del espacio público, difícilmente enfrenta el mismo impacto que quien tiene una capacidad económica mucho menor. Por eso propongo algo que seguramente incomoda: que la multa por mal parqueo sea equivalente al 1 % del valor del vehículo. Un carro de $300 millones tendría una multa de $3 millones. No porque su propietario deba ser castigado por tener dinero, sino porque quien decide incumplir una norma debe enfrentar una sanción que realmente tenga efecto. Aquí no se trata de perseguir a quienes tienen vehículos de alta gama. Se trata de que nadie crea que el precio del carro le compra una excepción frente a la ley. Y esto también toca una discusión política que no podemos seguir aplazando. En países como Suiza, Finlandia, Suecia y Reino Unido existen mecanismos que relacionan determinadas sanciones con la capacidad económica del infractor. La idea de que una multa debe generar un efecto real sobre quien infringe no es una extravagancia colombiana; es un debate que ya existe en otras democracias. Bogotá tiene que atreverse a dar la discusión. Porque el mal parqueo no es una falta menor. Cuando un vehículo ocupa ilegalmente un carril, afecta la circulación; cuando invade un andén, expone al peatón; cuando bloquea una ciclorruta, pone en riesgo al ciclista. El espacio público deja de cumplir su función para convertirse en el espacio privado de quien decide ocuparlo. Por eso también propongo que cualquier ciudadano pueda aportar evidencia desde su celular para denunciar infracciones, que las zonas azules tengan responsabilidad sobre sus áreas aledañas y que las autoridades cuenten con herramientas efectivas para actuar. Ahora la pregunta es para quienes tienen la responsabilidad de cambiar las reglas: ¿qué están haciendo los representantes a la Cámara por Bogotá frente al mal parqueo y la defensa del espacio público? Porque desde el Concejo podemos denunciar, proponer y abrir el debate. Pero algunas decisiones requieren una discusión nacional, sobretodo la de la alcaldía mayor. No podemos seguir aceptando que las normas existan solamente para quienes las respetan. Bogotá necesita una autoridad que haga cumplir la ley, ciudadanos que entiendan que el espacio público pertenece a todos y sanciones que realmente modifiquen conductas. Mi propuesta es clara: si una multa de $572.500 no logra que alguien deje de parquear donde se le da la gana, discutamos una sanción que sí lo haga. Y si la propuesta incomoda, mejor. Hay debates que precisamente necesitan dejar de ser cómodos. Juan David Quintero