Sebastián López: ¿Y esto, para qué sirve?

Michael Faraday fue uno de los grandes físicos del siglo XIX y una figura decisiva en la historia de la ciencia. En 1831 descubrió la ... inducción electromagnética, principio que acabaría siendo fundamental para la generación y utilización de la energía eléctrica a gran escala. Es en ese contexto donde se sitúa una célebre anécdota atribuida a Faraday según la cual William Gladstone, que llegaría a ser primer ministro británico, le habría preguntado durante una demostración: «¿Y esto, para qué sirve?», a lo que Faraday habría respondido: «No lo sé, pero algún día quizá el Gobierno pueda cobrar impuestos por ello». No sabemos si Faraday pronunció exactamente esas palabras, pero sí sabemos que la referencia a los impuestos resultó casi profética, ya que la inducción electromagnética acabó generando una riqueza económica difícil de imaginar en la primera mitad del siglo XIX. No se trata, ni mucho menos, de una excepción. La historia de la ciencia está llena de investigaciones cuya utilidad se desconocía, o que ni siquiera nacieron con una finalidad práctica, y que terminaron haciendo posibles aplicaciones tan relevantes como la cirugía de alta precisión, la firma electrónica o las PCR. Esto no significa, naturalmente, que toda investigación básica vaya a producir una aplicación revolucionaria, ni debería servir para cuestionar la investigación aplicada u orientada a retos. La virtud está precisamente en la combinación: generar nuevo conocimiento, también cuando su utilidad inmediata no puede anticiparse; orientar parte de la investigación hacia problemas concretos; y disponer de mecanismos eficaces de transferencia de conocimiento que permitan que sus resultados lleguen a las empresas, las administraciones y a la sociedad, transformándose en innovación y contribuyendo a la diversificación económica. Este equilibrio entre investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento, característico de las economías más avanzadas, solo puede sostenerse con una financiación suficiente, estable y continuada que cree las condiciones necesarias para hacerlo posible. Si algún país entendió bien la importancia de construir y sostener este ecosistema, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos. Sobre una amplia base de investigación, con universidades fuertes y una notable capacidad para transformar el conocimiento en tecnología, construyó buena parte del liderazgo científico, económico y geopolítico que ha mantenido durante décadas. Precisamente por ello resulta paradójico que algunas de las políticas impulsadas por la Administración Trump cuestionen elementos centrales de ese mismo modelo. Sin ir más lejos, su propuesta presupuestaria para 2026 planteó reducir en torno a un 56% el presupuesto de la National Science Foundation y, dentro de ella, cerca de un 68 % el destinado a ciencias sociales, del comportamiento y económicas. Es decir, el país que hizo de una amplia base de conocimiento y de la fortaleza de sus universidades una ventaja competitiva parece inclinarse ahora hacia una concepción más selectiva de qué ciencia merece ser financiada. Lamentablemente, el de Estados Unidos no es un caso aislado. Chile acaba de ofrecer un ejemplo particularmente explícito al excluir las ciencias sociales, las humanidades y las artes de las diez áreas prioritarias del concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027, concentrándolo en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o las tecnologías asociadas a sectores estratégicos. El presidente Kast ha defendido la decisión afirmando que las ciencias sociales y las humanidades «son muy importantes», pero que «los recursos son escasos y las necesidades infinitas», todo ello en un país cuyo gasto total en I+D se sitúa en apenas el 0,41 % de su PIB. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Chile y otros países invita a pensar que, especialmente cuando se habla de investigación en humanidades y ciencias sociales, algunas personas han vuelto a formularse la vieja pregunta de Gladstone sobre para qué sirve todo esto. Sin embargo, lo preocupante en este caso es que esas mismas personas parecen haber llegado demasiado deprisa a la miope conclusión de que la investigación en estos campos sirve para poco o para nada y que, por tanto, puede relegarse cuando los recursos son escasos y existen ámbitos tecnológicos considerados más estratégicos. En resumidas cuentas, a la investigación en humanidades y ciencias sociales le han dado bola negra. La paradoja es que quienes están protagonizando la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo parecen reclamar lo contrario. Empresas como Microsoft, OpenAI o Anthropic están dedicando recursos crecientes a estudiar no solo cómo hacer más capaces sus sistemas de inteligencia artificial, sino también cómo afectarán al empleo, a las empresas, a las instituciones y a la distribución de oportunidades, cómo deben gobernarse, qué riesgos sociales generan o cómo pueden alinearse con valores y normas humanas, recurriendo para ello a economistas, juristas, especialistas en políticas públicas, lingüistas, sociólogos, psicólogos y otros perfiles procedentes de las ciencias sociales y las humanidades. En cualquier caso, defender ahora las humanidades y las ciencias sociales solo porque la inteligencia artificial las necesita sería aceptar los postulados de la misma lógica utilitarista que pretende marginarlas. La investigación en estos campos ha sido, es y seguirá siendo fundamental, con independencia del modelo tecnológico de cada época, porque genera conocimiento sobre las personas, las instituciones, los conflictos, las desigualdades, la geopolítica y las formas de convivencia, pero también porque nos ayuda a comprender el territorio en el que vivimos. Reducir ese conocimiento a una malentendida utilidad inmediata sería empobrecer precisamente aquello que hace útil a la investigación. Por todo lo expuesto, en investigación, la distinción que realmente importa no debería establecerse entre áreas de conocimiento, o entre investigación que sirve o no sirve para algo (sic), ni siquiera entre investigación básica y aplicada, sino entre buena y mala investigación. La buena investigación siempre es útil porque siempre genera valor, aunque no necesariamente económico ni inmediato: puede convertirse en una tecnología, una empresa o una patente, pero también en mejores políticas públicas, mayor bienestar social o una mejor comprensión de nosotros mismos y de nuestro entorno. Y producirla exige talento, rigor y, necesariamente, recursos. Casi dos siglos después de aquel diálogo entre Faraday y Gladstone seguimos sin saber cuáles de las investigaciones que hoy parecen alejadas de cualquier aplicación serán las que dentro de veinte o cincuenta años nos resulten imprescindibles. Una buena política científica no consiste en fingir que podemos predecirlo, sino en crear las condiciones para que esa investigación pueda existir en todos los ámbitos del saber y para que, llegado el momento, podamos convertir el conocimiento que genera en progreso. La ULPGC ha demostrado que, incluso desde un territorio fragmentado y ultraperiférico, es posible producir ciencia competitiva internacionalmente: situarnos entre las primeras cincuenta universidades del mundo en Turismo y entre las primeras setenta y cinco en Oceanografía, ocupar posiciones muy destacadas en ámbitos como Ciencias Agrarias, Veterinaria o Biología Humana, contar con personal investigador entre el 2% más influyente a nivel mundial en diferentes áreas del conocimiento, estar entre las universidades españolas con mejores indicadores en creación de spin-offs y colaboración científica con empresas, incorporar cada vez más personal posdoctoral y contar con una elevada proporción de profesorado con una trayectoria investigadora consolidada. Para seguir haciéndolo necesitamos algo bastante menos misterioso que anticipar el futuro: la financiación estructural necesaria para investigar bien o, dicho de otro modo, para seguir haciendo investigación de la buena.