Porque no somos suecos, por Benito Arruñada

Esta semana Pedro Sánchez sostuvo en el Congreso que su Gobierno había convocado a la embajadora de Marruecos; Exteriores acabó admitiendo que la embajadora no estaba en España. Sus engaños, sumados a un mes de crisis sobre Ceuta, cuestan al PSOE nueve décimas en la media de sondeos. A un precio tan modesto, ninguna palabra obliga. Y aún habrá quien piense que Sánchez es la enfermedad y no el síntoma. Donde la palabra obliga, el pacto dura. Suecia ha rectificado por sí misma dos veces sus grandes errores: primero en su estado de bienestar, en el que introdujo precios y competencia tras la crisis de los noventa, y después en la inmigración, cuando cerró la puerta que ella misma había abierto de par en par. Y las dos veces convirtió la rectificación en pactos que el adversario respeta al volver al poder. Nosotros nunca hemos virado por nuestra cuenta. Solo nos hemos reformado cuando no quedaba otro remedio y en términos dictados desde fuera: el Plan de Estabilización de 1959, pactado con el Fondo Monetario; la reconversión de los ochenta, acelerada por la entrada en el Mercado Común; los ajustes de 2010 a 2012, al dictado de Bruselas y del mercado de deuda. Además, los intentos autónomos quedaron en nada: la liberalización de alquileres y comercio de 1985 se revirtió pronto, el Informe Abril de 1991 sobre la sanidad murió en un cajón y la reforma educativa de 2013 la desactivó el propio Gobierno de Rajoy en 2016, antes de que sus exámenes tuvieran efecto. Ni siquiera hemos debatido las grandes decisiones: las tomamos a la fuerza o, en el mejor de los casos, por imitación e inercia. Entramos en el Mercado Común y en el euro por aclamación y seguidismo, mientras Dinamarca, mucho más apta para adoptar el euro, lo rechazaba en referéndum. Las encuestas de valores apuntan a la raíz: nuestro capital social es escaso. A la pregunta de si se puede confiar en la mayoría de la gente, responde que sí el 41 por ciento de los españoles y el 63 de los suecos. Esa desconfianza no nos aparta del Estado, y tiene su lógica: castiga el trato anónimo del mercado, no la solución política, que aquí concebimos personal, con nombre y despacho a los que acudir. Por eso encargamos nuestro bienestar al patrón antes que a las reglas. De ese patrón esperamos milagros: pensiones generosas pero sin relación con lo cotizado ni el ajuste automático que los suecos pactaron en 1994, sanidad de alta calidad pero sin su copago, o escuelas con mucho juego y aire acondicionado pero sin deberes ni reválidas. Todo ello con el gasto nórdico, pero sin sus tasas, sus impuestos ni su productividad. La inconsistencia alcanza a la inmigración: padecemos el fracaso de integración que hizo virar a Suecia. Según los microdatos de la EPA, entre los nacidos en África con menos de diez años en España, marroquíes en su mayor parte, solo trabaja el 39% de los que están en edad laboral, frente al 68 de los nacidos aquí; entre las mujeres africanas trabaja el 22, y de sus 42 puntos de desventaja, 30 persisten a igual edad, formación y residencia. Ni el debate nos hemos permitido. Menos aún podemos pactar: un pacto exige confiar en que el adversario cumplirá cuando gobierne y solo cumple el político al que sus votantes castigarían si no lo hiciera. Entre nosotros, sin lo uno ni lo otro, el pacto dura lo que dura la mayoría que lo firmó. Todo Gobierno invoca el Pacto de Toledo, pero desde 2011 ninguna reforma de pensiones ha reunido a los dos grandes partidos y cada mayoría deshace la regla de la anterior: el factor de sostenibilidad de 2011, pactado con sindicatos y patronal, se aprobó con el PP en contra; el PP impuso el suyo en solitario en 2013, y el PSOE lo derogó en 2021, sin que ninguno de los dos llegara a aplicarse un solo día. Con la Constitución ocurre lo mismo a mayor escala: la amnistía de 1977 la votaron 296 de los 350 diputados como cimiento de la Transición; la ley de memoria de 2022, aprobada por 173, manda reinterpretarla, y la amnistía de 2024 la aprobaron 177 diputados contra 172, a cambio de una mera investidura. El desarme viene de lejos: en 1985 la mayoría socialista se adjudicó la elección del gobierno de los jueces, sobre la endeble separación de poderes del diseño de 1978, y la derecha, pese a dos mayorías absolutas, dejó el mecanismo intacto. Respetar lo acordado es respetar a los demás, y esa costumbre ya la han perdido la izquierda y los nacionalismos a los que la mitad de nuestros conciudadanos sigue votando. Tampoco es seguro que la derecha la conserve. Nuestro pactismo arrastra, además, un elemento mágico: supone que basta ponerse de acuerdo, en lo que sea, y por eso el acuerdo suele consistir en partir la diferencia. Pero las políticas solo funcionan si son consistentes: el punto medio entre dos rutas que bordean un arrecife pasa por el arrecife. Cabe compensar a los perjudicados, como hizo Suecia, pero no partir el rumbo. La próxima restricción exterior está al llegar. No es probable que nos encuentre con el capital suficiente para rectificar por nosotros mismos. La duda es si esta vez nos alcanzará para obedecer.