Descomposición social

En los últimos días, dos acontecimientos aparentemente distintos han vuelto a colocar en el centro de la discusión pública una problemática que trasciende la comisión de delitos particulares, la progresiva normalización de la violencia como mecanismo para resolver conflictos, así como la capacidad del crimen organizado para incorporar a sectores poblacionales cada vez más vulnerables, particularmente niñas, niños y adolescentes. El asesinato del músico Jonathan Meléndez 'Honas', tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, constituye un caso particularmente perturbador, no solamente por la gravedad de los hechos en los que también perdieran también la vida su esposa, hija e incluso su mascota, sino por los elementos que, de acuerdo con las primeras investigaciones, vinculan el homicidio con un conflicto de carácter económico, amenazas y posibles antecedentes relacionados con conductas fraudulentas. Personalmente, el caso me produjo conmoción, ya que, durante mis años vinculados al mundo de la música, tuve el gusto y la oportunidad de alternar en el escenario con Camilo Séptimo en dos ocasiones. En una de ellas, incluso, tuve la oportunidad de coincidir con Jonathan en backstage, donde lo vi acompañado de su familia, por lo que la noticia no fue un acontecimiento distante, adquiriendo una dimensión humana al no ser una víctima anónima sino el rostro conocido de un colega. Sin embargo, precisamente dicha circunstancia obliga a trascender la experiencia individual formulando una reflexión más amplia acerca de ¿qué condiciones sociales, institucionales y culturales permiten que una controversia relacionada con dinero pueda desembocar en un acto de violencia extrema? En este sentido, el problema no radica únicamente en la existencia de individuos dispuestos a ejercer violencia, sino analizarse en un contexto más amplio, caracterizado por la persistencia de prácticas de extorsión, fraude, amenazas, impunidad y mecanismos informales de resolución de conflictos, ya que cuando la violencia comienza a ser percibida como una herramienta disponible para obtener recursos, resolver disputas o eliminar obstáculos, nos encontramos ante una manifestación de descomposición social que rebasa el ámbito estrictamente criminal. En este sentido, la gravedad reside en la pérdida de proporcionalidad entre el conflicto y la respuesta. Una diferencia económica, un adeudo, una disputa comercial o un posible fraude bien pueden formar parte de la conflictividad ordinaria de cualquier sociedad, lo que resulta preocupante es que dichos conflictos puedan escalar hasta convertirse en amenazas, o como en este lamentable caso, en homicidios múltiples. En este punto resulta necesario reconocer los avances que las autoridades federales han señalado en materia de reducción de homicidios. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sostenido que la estrategia nacional de seguridad ha permitido disminuir de manera significativa los homicidios dolosos en el país, registrándose una reducción del delito de homicidios en 51% respecto de los niveles observados al inicio de la actual administración, pasando de 86 a 42 homicidios diarios. Dicha reducción, sin duda, constituye un indicador positivo que debe ser considerado, aunque no puede ser valorado como el indicador específico que explique la resolución integral del problema de seguridad. En este sentido lo cierto es que la percepción de inseguridad continúa siendo elevada, particularmente en lo referido a la criminalidad cotidiana que no necesariamente se refleja de manera inmediata en las estadísticas de homicidio, sino en robos, fraudes, amenazas y extorsiones, entre otros delitos, que afectan directamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, generando, en consecuencia, condiciones propicias para que los conflictos sociales y económicos se desarrollen en escenarios de alta vulnerabilidad, incertidumbre y volatilidad. El caso de Jonathan Meléndez adquiere relevancia precisamente desde esta perspectiva. Es decir, de llegar a confirmar las investigaciones la vinculación a proceso de los autores materiales por la existencia de antecedentes de fraude, amenazas y disputas económicas que posteriormente derivaran en homicidio premeditado, el fenómeno debería obligarnos a revisar la capacidad institucional para detectar y contener tempranamente determinadas trayectorias delictivas. Una denuncia de fraude que no encuentra respuesta, una amenaza que no es atendida o una víctima que carece de mecanismos eficaces de protección pueden parecer, individualmente, problemas menores frente a los grandes indicadores de violencia organizada. Sin embargo, al acumularse constituyen una forma de deterioro de la seguridad pública que puede generar consecuencias mucho más graves. Por tanto, la prevención de la violencia requiere intervenir antes de que ésta alcance su expresión extrema, lo cual requiere una atención profunda e integral de todos los actores involucrados, entre ellos el Ministerio Público y la capacidad de investigación, inteligencia y operatividad de los cuerpos securitarios y procuración de justicia, para atender las necesidades de la ciudadanía que se ven mermadas por dichos actos delictivos. En esta misma lógica, donde la impunidad y la violencia se entrelazan, tiene también lugar el reciente operativo en Michoacán en el cual cayeran abatidos el líder del Cártel de Los Reyes, el "R5" y su sobrino de 15 años, "Chuchito Nini", siendo otra cara de la misma moneda. Las imágenes del adolescente posando con armas de grueso calibre no deberían sorprendernos, pero sí indignarnos ya que, presuntamente, habría estado encargado del reclutamiento de jóvenes, representando la dificultad de atender las causas que propician el delito, acumulando nuestro país más de 15 años sin aprobar una ley específica contra el reclutamiento de menores, propiciando que el crimen organizado construya ejércitos privados de niños y adolescentes con cifras estimadas entre 30 y 35 reclutados anualmente, representando tal hecho una condena para ellos, convirtiéndolos en victimarios y víctimas al mismo tiempo. En este contexto, la conexión entre ambos casos es innegable, siendo representaciones de la misma descomposición. En el primer caso, la indiferencia ante el fraude y la extorsión permite que un conflicto comercial termine en un multihomicidio familiar; en el segundo, la falta de oportunidades y de un estado de derecho fuerte posibilitan que un niño de 15 años sea abatido por su participación criminal en un enfrentamiento armado. Por tanto, no basta con lamentar la tragedia, sino pensar en diferentes opciones para revertirla, tales como acciones legislativas que pudieran modificar el código penal para menores en asuntos específicos de crimen organizado, tema incómodo que políticamente nadie quiere tocar, pero que lacera diariamente el tejido social, así como el dejar de invisibilizar a las víctimas de delitos de fraude, amenazas y extorsiones por menores que estos sean. La mejor manera de honrar a alguien es mantener viva su obra. Recordemos a 'Honas' a través de su música, sus composiciones y la huella que dejó en quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo y alternar escenario con él. ¿Cuánto hay que ver para saber en que fallamos? (Fantasmas).