Menos reformas federales llegan a la Suprema Corte: especialistas vinculan la caída de impugnaciones con el dominio de Morena y sus aliados en el Congreso

Menos reformas federales llegan a la Suprema Corte: especialistas vinculan la caída de impugnaciones con el dominio de Morena y sus aliados en el Congreso. | Crédito: X @SCJN/Presidencia Sólo tres leyes federales fueron impugnadas ante la Suprema Corte en 2025 y 2026, mientras especialistas consultados por Reforma advierten una reducción del control constitucional. CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una reducción en las impugnaciones promovidas contra leyes federales mediante acciones de inconstitucionalidad, una situación que especialistas consultados por Agencia Reforma consideran relevante para su función como contrapeso constitucional. De acuerdo con el reporte de la agencia, durante 2025 y lo transcurrido de 2026 se han presentado únicamente tres recursos de este tipo contra legislación federal: dos fueron desechados y uno continuaba en trámite. La cifra se refiere específicamente a impugnaciones de normas federales y no al total de acciones de inconstitucionalidad que recibe la Corte. Los registros oficiales de la SCJN muestran que este mecanismo continúa utilizándose de manera amplia para revisar normas de distintas entidades y autoridades. Al 1 de septiembre de 2026 había 340 acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución, muchas relacionadas con legislación estatal. Por ello, la advertencia planteada por especialistas no significa que la Corte haya dejado de ejercer control constitucional, sino que apunta a una menor utilización del mecanismo para someter a revisión leyes aprobadas a nivel federal. ¿Qué está ocurriendo con las impugnaciones contra leyes federales? De acuerdo con Agencia Reforma, en 2025 y hasta septiembre de 2026 solamente se habían promovido tres acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales. México SCJN 'da luz verde' para perseguir al entorno de García Luna El medio señala que: dos de esas acciones fueron desechadas; una permanecía en trámite; esta última fue presentada en julio por el PRI; el recurso buscaba cuestionar una reforma relacionada con la integridad de candidaturas. ARCHIVO. La nueva Corte estrena foto oficial y arranca con ritual de 'purificación'. | Crédito: SCJN Los registros de la Suprema Corte confirman la existencia de la acción de inconstitucionalidad 83/2026, relacionada con normas emitidas por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo federal. También consta un recurso de reclamación derivado de ese expediente. Este dato debe distinguirse del volumen general de trabajo de la Corte. En 2026 se han registrado numerosas acciones contra normas estatales. Por ejemplo, el índice oficial incluía al cierre de agosto asuntos promovidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y partidos políticos contra legislaciones locales. Te puede interesar: Ariadna Montiel y ministros de la SCJN entre los asistentes al segundo informe de gobierno de Sheinbaum ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad y para qué sirve? La acción de inconstitucionalidad permite pedir a la Suprema Corte que revise si una norma general contradice la Constitución. Este mecanismo fue incorporado con la reforma constitucional de 1994, que entró en vigor en 1995 y amplió las facultades de control constitucional de la Corte. La propia SCJN explica que esa modificación permitió al máximo tribunal asumir funciones más cercanas a las de un tribunal constitucional. En términos prácticos, no es necesario esperar a que una ley afecte primero a una persona mediante un acto concreto. Quienes están facultados pueden cuestionar directamente su constitucionalidad dentro del plazo previsto por la ley. La Constitución establece que estas acciones deben promoverse, como regla general, dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación de la norma. ¿Quién puede impugnar una ley federal ante la Suprema Corte? No cualquier ciudadano, legislador o partido puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra cualquier ley. México Juez concede amparo contra reforma judicial de 2024 El artículo 105 constitucional fija quién tiene legitimación para hacerlo. Entre los actores que pueden intervenir se encuentran: al menos 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados , contra leyes federales; , contra leyes federales; al menos 33% del Senado , contra leyes federales o tratados internacionales; , contra leyes federales o tratados internacionales; el Ejecutivo federal, en los casos establecidos por la Constitución; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando considere que una ley vulnera derechos humanos; partidos políticos, cuando se trate de leyes electorales y se cumplan los requisitos constitucionales. La legislación reglamentaria mantiene, entre otros requisitos, que las demandas promovidas por minorías legislativas cuenten con la firma de al menos 33% de los integrantes del órgano correspondiente. Esta regla es importante para entender el debate actual: la capacidad de llevar una ley ante la Corte depende también de la distribución de fuerzas dentro del Congreso. Te puede interesar: INE busca un presupuesto de 13 mil 453 millones de pesos para renovar la Cámara Baja a pesar de la política de austeridad de Sheinbaum, y diputados como Monreal califican la cifra de despropósito y alistan una revisión a fondo que podría derivar en recortes al gasto electoral ¿Por qué los especialistas hablan de una menor capacidad de contrapeso? Especialistas citados por Agencia Reforma relacionan la caída de impugnaciones federales con dos factores. El primero es la integración actual de la Suprema Corte después del proceso de transformación del Poder Judicial. es la integración actual de la Suprema Corte después del proceso de transformación del Poder Judicial. El segundo es la composición política del Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados cuentan con una posición que reduce las posibilidades de que una minoría legislativa alcance por sí sola los porcentajes requeridos para determinadas impugnaciones. La conclusión de que la Corte 'ya no es un contrapeso' corresponde a la valoración de los especialistas consultados por Reforma y no constituye una determinación jurídica ni una postura oficial de la SCJN. Lo comprobable es que el diseño constitucional condiciona parte de este control a que determinados actores decidan presentar los recursos y cumplan con los requisitos para hacerlo. ¿Qué diferencia existe con el sexenio de López Obrador? El contraste señalado por Reforma está en la frecuencia con la que las reformas federales terminaban bajo revisión de la Suprema Corte. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, distintas modificaciones legislativas fueron cuestionadas mediante acciones de inconstitucionalidad y otros medios de control constitucional. ARCHIVO. El presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera durante su sexenio. | Crédito: EFE/ José Méndez (José Méndez/EFE) Entre ellas se encontraron reformas electorales y cambios relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Esto provocó que distintas decisiones del Congreso y del Ejecutivo llegaran al Pleno de la Corte, donde los ministros analizaban si las normas respetaban los límites constitucionales. En el periodo actual, según el análisis citado por Reforma, varias reformas de la agenda impulsada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum no han enfrentado hasta ahora el mismo nivel de impugnaciones mediante acciones de inconstitucionalidad federales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su 'Conferencia del Pueblo' del miércoles 26 de agosto del 2026. | Crédito: Presidencia Esto no significa necesariamente que esas leyes sean constitucionales o inconstitucionales. Significa que no han sido sometidas a revisión mediante este mecanismo específico, condición necesaria para que la Corte pueda pronunciarse dentro de ese procedimiento. ¿La Suprema Corte dejó de revisar la constitucionalidad de las leyes? No. La SCJN conserva la facultad de resolver acciones de inconstitucionalidad y otros mecanismos de control previstos por la Constitución. De hecho, su índice oficial mostraba 340 acciones pendientes de resolución al 1 de septiembre de 2026. Entre los promoventes aparecen la CNDH, la Fiscalía General de la República y partidos políticos. La diferencia está en el tipo de normas cuestionadas. Una gran parte de los expedientes corresponde a leyes y reformas estatales, mientras que Agencia Reforma identifica una reducción particular en los asuntos dirigidos contra legislación federal. ¿Por qué importa que una ley llegue o no a la Corte? Las acciones de inconstitucionalidad forman parte de los mecanismos creados para impedir que una norma permanezca vigente cuando contradice la Constitución. La SCJN explica que, cuando declara inválida una disposición mediante este procedimiento y se alcanza la votación requerida, la decisión puede tener efectos generales, es decir, retirar la norma del sistema jurídico y evitar su aplicación. Por eso, el número de impugnaciones no sólo representa una estadística judicial. También permite saber qué leyes están siendo sometidas a revisión constitucional y cuáles entran en vigor sin que exista un cuestionamiento de este tipo ante el máximo tribunal. Te puede interesar: ASF observa más de 282 millones de pesos en recursos de Acapulco durante la gestión de Abelina López; 206.2 millones corresponden sólo a 2024 y siguen pendientes por aclarar