OPINIÓN¿Es irreversible el desplome del gobierno por el 'affaire Cerimedo'?Moisés Gutiérrez

Política | 07/09/2026 02:25 El país se encaminará de manera inexorable hacia una salida pactada o un acortamiento de mandato por acuerdo político, reeditando el desenlace de la UDP de Hernán Siles Zuazo. El presidente Rodrigo Paz junto a Fernando Cedimero (der.). Foto Manuel Seoane. Brújula Digital|07|09|26| Moisés Gutiérrez Entre la estructura y la coyuntura, la morfología de la crisis se despliega en los sistemas políticos y económicos. Al igual que cualquier estructura compleja, estos se definen por atributos esenciales (estructurales) y accidentales (superestructurales). Históricamente, los modelos de poder –desde los ensayos de planificación centralizada y estatización hasta las vertientes corporativas y autoritarias del siglo XX– colapsan no solo por sus contradicciones doctrinarias, sino cuando el andamiaje institucional pierde la capacidad de subordinar la realidad económica y social a sus mandatos políticos. En el país, esta dinámica tiene precedentes claros: estructuralmente, la herencia colonial persiste y, en el pasado inmediato, la izquierda tradicional y los proyectos de gobernabilidad han enfrentado ciclos terminales recurrentes. Esto ocurrió con el colapso de la Unidad Democrática y Popular (UDP, 1982-1985), ahogada por la hiperinflación y el asedio social que forzó el acortamiento del mandato de Hernán Siles Zuazo. Continuó con el agotamiento del ciclo denominado neoliberal tras el Decreto 21060, y se reconfiguró a inicios de los 2000, cuando las guerras del Agua y del Gas sepultaron al viejo sistema partidario, abriendo paso al ciclo del MAS. Hoy, la administración del presidente Rodrigo Paz parece haber ingresado en su propio laberinto histórico: un escenario de desgaste estructural donde los escándalos de poder y la fragilidad económica amenazan con transformar su gestión en un mero gobierno de contextura amorfa de administración de la crisis, sin propuestas claras de cambios sustanciales. El 'Affaire Cerimedo' sale a la luz pública desde la crónica policial al corazón del poder, erigiéndose en detonante de la actual vulnerabilidad gubernamental. El caso, que involucra al operador político Fernando Cerimedo y a la activista Beller, ha roto la barrera de la crónica roja para instalarse en el núcleo del Ejecutivo. La gravedad del caso radica en factores influyentes como: La penetración en las estructuras estatales con denuncias que no apuntan a un actor marginal, sino a un operador informal con presunto acceso e influencia directa en el círculo presidencial y con denuncias aún no esclarecidas de redes de contratos estratégicos e interlocución privileged. Asimismo, el debate público y fiscal se centra en determinar si se articularon operaciones al margen de los controles institucionales y normativos del Estado (es decir, una operación en las sombras) y el componente de violencia armada y tentativa de feminicidio, actualmente en sede judicial, que cancela cualquier margen de defensa puramente retórica. El impacto político ha sido de tal dimensión que la bancada legislativa del propio PDC se encuentra fracturada, la oposición ha endurecido sus posiciones de fiscalización y aliados importantes, como Doria Medina y Tuto Quiroga, han tomado distancia explícita denunciando corrupción y parálisis de las reformas, lo que resta al Ejecutivo capacidad para sostener la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. En el frente económico, el tema de los combustibles es ya persistente en la conflictividad, puesto que ninguna crisis política es fatal por sí sola sin el concurso del deterioro material. La economía atraviesa un momento crítico por los ajustes y presiones inflacionarias: el encarecimiento del diésel para grandes compradores, el riesgo latente de desabastecimiento y el incremento sostenido de precios erosionan la base social. A esto se agrega la inestabilidad en el gabinete con la salida conflictiva del ministro de Economía, que desnuda las profundas fracturas internas sobre el rumbo del modelo relacionado con el dilema del FMI. Además, el paquete de asistencia financiera internacional por cerca de $us 1.900 millones requiere de reformas estructurales y viabilidad política en la Asamblea Legislativa. Con un Congreso hostil y un Ejecutivo debilitado, los desembolsos corren el riesgo de trabarse o supeditarse a condiciones de cumplimiento inviables. El tablero externo parece deslizarse del respaldo activo a la cautela estratégica, debido a que, durante las olas de protestas de mayo y junio, la administración de Rodrigo Paz contó con un salvavidas clave consistente en el respaldo diplomático explícito de Washington, materializado en gestiones de figuras como el senador Marco Rubio y comunicados internacionales que condenaban cualquier intento de desestabilización institucional. En el futuro inmediato se prevé una disyuntiva: ¿caída fulminante o agonía prolongada? Aunque las especulaciones se ciernen sobre un desenlace abrupto, la evidencia institucional indica que la caída del Gobierno no es automática ni inmediata. El ordenamiento constitucional boliviano impone barreras sumamente altas: complicados umbrales legislativos con juicio de responsabilidades o un acortamiento formal con exigencia de dos tercios de la Asamblea Legislativa, una mayoría compleja de articular sin un pacto político transversal. Mecanismos como el revocatorio por iniciativa ciudadana demandan plazos, recolección de firmas y validaciones electorales prolongadas. Por lo tanto, la hipótesis central no es la destitución súita, sino que esta dependerá de la confluencia acumulativa de tres factores internos: - Bloqueo legislativo total: La consolidación de comisiones investigadoras con pruebas judiciales que alcancen formalmente al entorno del Presidente. - Estallido social sincronizado: Movilizaciones sostenidas provocadas por la escasez de combustibles, la inflación y los ajustes macroeconómicos. - Pérdida definitiva de cohesión estatal: la incapacidad del mandatario de sostener una base mínima de gobernabilidad partidaria y técnica, provocada en parte (eso no es ningún secreto) por operadores evistas enquistados o designados como nuevos ministros o viceministros por el propio Presidente, con intenciones de implosionar al Gobierno. Si estos tres elementos convergen, el país se encaminará de manera inexorable hacia una salida pactada o un acortamiento de mandato por acuerdo político, reeditando el desenlace de la UDP de Hernán Siles Zuazo. Tags: