Cómo tapar la crisis política con el informe

Si alguien piensa que el ejercicio del poder es sencillo —y más cuando el antecesor pretende seguir gobernando de manera directa o indirecta a través de sus lacayos—, solo hay que observar cómo llega la actual administración federal a este segundo año de gobierno. Claudia Sheinbaum Pardo llega en un momento muy complejo. A dos años del inicio de su administración, el discurso oficial busca consolidar una narrativa de estabilidad, continuidad y resultados; sin embargo, detrás de las cifras y los anuncios permanece un conjunto de problemas que no desaparecen por el hecho de no ocupar un lugar central. El informe presenta avances y sería absurdo negarlos; pero un informe de gobierno no debería medirse únicamente por aquello que el poder decide destacar, sino también por aquello que prefiere callar. Miles de desaparecidos, la percepción de inseguridad por las nubes, una violencia persistente y persecución política: tal vez esos «detalles» sociales no se comparan con la fractura interna dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional, por no hablar de la relación cada vez más complicada con Estados Unidos. Uno de los distanciamientos más notables en el discurso oficial radica en la persistente crisis de desapariciones forzadas. Pese a las solicitudes sistemáticas de los colectivos de madres buscadoras para articular una política de Estado con presupuesto garantizado y rigor forense, el informe continuó relegando este flagelo a la categoría de pasivo heredado. La falta de un informe cuantitativo transparente y la resistencia a reestructurar la Comisión Nacional de Búsqueda reflejan una postura defensiva que prioriza el impacto mediático sobre la justicia restaurativa. Paralelamente, se percibe un uso instrumental del aparato institucional contra las voces disidentes y sectores de la oposición. Y qué decir del espejismo que se presenta en el tema de inseguridad: mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhibe disminuciones porcentuales en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la percepción ciudadana de inseguridad permanece estancada en niveles críticos. La pacificación anunciada contrasta con amplios espacios en todo el territorio nacional —como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas—, donde la delincuencia organizada ejerce una soberanía de facto, determina precios de la canasta básica y cobra derecho de piso a comercios locales. México continúa enfrentando episodios de violencia que demuestran la enorme capacidad territorial, económica y operativa de las organizaciones criminales; los grupos delictivos no solamente cometen homicidios, sino que también controlan territorios, economías regionales y actividades sociales. El desafío ya no es únicamente detener delincuentes: el desafío es recuperar el control del Estado. Uno de los principales vacíos del segundo informe es el tratamiento de la crisis de desapariciones. México vive una tragedia humanitaria que ya no puede explicarse solamente como una consecuencia de la violencia criminal; las desapariciones han adquirido dimensiones sociales, familiares e institucionales. Hay madres buscando a sus hijos, colectivos realizando labores que deberían corresponder al Estado, fosas clandestinas descubiertas por ciudadanos y familias enteras atrapadas en procesos burocráticos interminables. La desaparición de personas representa una de las formas más graves de fracaso institucional: una víctima de homicidio, por terrible que sea el crimen, eventualmente entra en una estadística; una persona desaparecida representa algo todavía más doloroso: la ausencia permanente de una respuesta. El problema para la administración de Sheinbaum es que la política de seguridad no puede medirse exclusivamente con la reducción de determinados delitos; la eficacia gubernamental también debe medirse por su capacidad para localizar personas, identificar responsables y garantizar que las familias no tengan que sustituir a las autoridades. A todos los problemas sociales hay que agregar la crisis más fuerte que está enfrentando la Cuarta Transformación: el enfrentamiento interno de sus grupos, que amenaza con desestabilizarlos y debilitarlos de cara al proceso electoral de 2027. Si el segundo informe mostró algo políticamente importante, fue la insistencia de la presidenta Sheinbaum en negar divisiones dentro del movimiento. La presidenta ha sostenido que no existe ruptura con Andrés Manuel López Obrador y ha llamado reiteradamente a la unidad. Sin embargo, la necesidad de repetir un mensaje suele revelar precisamente aquello que se intenta combatir: Morena ya no es el movimiento homogéneo que ganó la Presidencia en 2018. La disputa por las candidaturas rumbo a 2027 ha comenzado a revelar una realidad incómoda: la unidad de Morena tiene límites. Cuando Morena era oposición, la unidad se construía alrededor de un objetivo: conquistar el poder. Ahora que Morena tiene el poder, la disputa consiste en decidir quién se queda con él. Y claro que la gota que derramó el vaso es ni más ni menos que Rubén Rocha Moya. La solicitud y las acusaciones provenientes de Estados Unidos colocaron al entonces gobernador sinaloense en una situación jurídica, política y diplomáticamente explosiva; posteriormente, su intento de regresar al gobierno de Sinaloa terminó convirtiéndose en un fracaso político. Pero el verdadero problema no termina con Rocha Moya, sino con lo que él representa. Sinaloa se convirtió en un espejo de las contradicciones de Morena: por un lado, un gobierno que sostiene una política de combate a la corrupción y al crimen organizado; por el otro, uno de sus principales cuadros políticos involucrado en una crisis internacional de enormes dimensiones. Con este panorama, el problema para la administración federal no es lo que ha pasado en dos años… es que faltan aún cuatro más con un horizonte sumamente complicado.