Nadie responde solo

México ocupa el cuarto lugar mundial en asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, según el más reciente reporte de Global Witness, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha documentado 195 asesinatos entre 2016 y 2026, con una impunidad que ronda 99 por ciento. Detrás de estas cifras conviene rastrear una cadena de actores que se reparten las etapas del ataque; las violencias se estructuran bajo una lógica binomial, en la que el Estado se encarga de la primera fase, criminalizando, abriendo carpetas de investigación, contra quien protesta o revocando la posibilidad de organizarse, mientras la ejecución última recae en grupos armados, cuyo negocio depende de que esa oposición desaparezca, que terminan de ejecutar lo que la ley debía haber impedido. Dicho lo anterior, conviene distinguir entre los grupos que solemos nombrar bajo la etiqueta genérica de delincuencia organizada, una categoría tan amplia y heterogénea como la de Estado, que en estos casos no remite a los cárteles que ocupan la conversación pública, sino a economías ilegales concretas, talamontes armados que defienden la tala clandestina, grupos que disputan el control de una mina de barita, mafias que protegen la pesca ilegal, empresas concesionarias de agua, ganaderas porcícolas, que, como mencioné, quedan resguardadas sin ensuciarse las manos, y el desgaste judicial previo vuelve casi innecesaria la violencia directa del propio Estado. Con esta distinción establecida, el informe más reciente de Cemda, correspondiente a 2024, atribuye al Estado 65.9% de las agresiones documentadas ese año, una cifra concentrada, sobre todo, en la primera fase. De los 25 casos letales registrados en 2024, sólo cuatro involucran de forma comprobada a un agente estatal como perpetrador directo, vinculados a policías estatales que dispararon contra manifestantes. El resto de los homicidios corresponde a esos otros grupos armados, y su origen varía según el conflicto, a veces se trata de la defensa frente a un megaproyecto impulsado por el propio Estado y a veces de una economía criminal que no necesita ningún proyecto federal de por medio para amenazar a quien se le opone, que suele tratarse de comunidades indígenas habitantes de los territorios en disputa. En 2024, lo anterior se tradujo en 35 de los 94 eventos de agresión documentados por Cemda, distribuidos entre 15 pueblos distintos, del nahua al tseltal, del binnizá al mixe. En cuanto a lo primero, lo documentó Cemda con Renato Romero, integrante del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, citado tres veces ante la Fiscalía de Puebla después de protestar contra una granja porcícola que extrae, sólo esa empresa, más de dos millones de metros cúbicos de agua concesionada, mientras la población carece de ella. Meses antes, dos compañeros del mismo movimiento, los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vásquez, habían sido asesinados por la Fuerza Civil estatal durante el desalojo armado de un plantón frente a esa misma granja, un hecho que obligó al gobierno de Veracruz a anunciar la desaparición de ese cuerpo policiaco. Lo segundo, queda claro en el caso de Ignacio López y diez integrantes de su familia, ejidatarios tzotziles de Chiapas, asesinados e incinerados por un grupo armado que buscaba imponer la explotación de una mina de barita en su territorio, un crimen que desplazó a más de 2,300 habitantes de la región. Además, México ratificó el Acuerdo de Escazú en 2020 y ha firmado el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa a pueblos originarios, compromisos que se sostienen mal frente al hecho de que el propio gobierno se ha rehusado a acatar amparos que suspendían megaobras por invadir territorio maya y ch'ol, y que cinco años después de ratificar Escazú, todavía no presenta la hoja de ruta que el propio acuerdo le exige para su implementación. Quien se opone a un proyecto extractivo enfrenta una red de intereses entretejidos. Una protesta local puede tocar, al mismo tiempo, a un gobierno municipal que otorgó el permiso, a una fiscalía estatal que prefiere no investigar, a la empresa que financia el proyecto y al grupo armado que controla el territorio donde éste se asienta. Esa acumulación de frentes multiplica el riesgo, pues si ninguno actúa solo, ninguno responde solo; así es como un país deja solo a quien defiende su tierra.