Austeridad: ¿para quién y para qué?

El término austeridad sigue siendo una de las principales narrativas en los mensajes que se presentan a las y los mexicanos. La propia presidenta de la República ha pedido que su gobierno sea austero y lo volvió a reiterar durante su Segundo Informe. Pero, ¿qué es la austeridad en la administración pública? Vayamos por partes: una cosa es la austeridad como principio personal y otra, muy distinta, aplicarla a los recursos públicos. Ser austero no significa trabajar con equipos de cómputo obsoletos, sistemas desactualizados, sin antivirus o sin invertir en la seguridad informática. Eso no es austeridad: es poner en riesgo la operación de las instituciones y la información de millones de personas. Las recientes vulneraciones de bases de datos deberían servir como ejemplo y llamada de atención. La seguridad de la información y la protección de los datos personales no pueden ser una variable de ajuste presupuestal. Lo mismo ocurre con los hospitales en sus adquisiciones e infraestructura pública. Dejar deteriorar una instalación por ahorrar puede terminar pagándose con accidentes, interrupciones de servicios o, incluso, vidas humanas. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos. Los derechos laborales establecidos en la ley son un derecho no un favor. También hay que hablar de los vehículos oficiales. No todos cumplen la misma función: hay servidores públicos que necesitan unidades adecuadas y seguras para supervisar obras o trasladarse a comunidades alejadas. Enviarlos en vehículos inseguros no es austeridad: es irresponsabilidad. Y resulta contradictorio ver a funcionarios y gobernadores utilizar camionetas de alta gama, algunas blindadas, especialmente cuando, al mismo tiempo, se hace un llamado a gobernar con humildad. No puedes hablar de austeridad mientras viajas y te trasladas en camionetas pagadas con recursos públicos y disfrutas de otros beneficios. No existe congruencia entre el discurso y los hechos. Es válido que un servidor público tenga una buena casa o un automóvil de alta gama si lo hace con dinero legítimamente obtenido. Eso no debería ser estigmatizado. El problema es cuando su estilo de vida parece estar muy lejos del discurso de austeridad que se pretende imponer a los demás. Recordemos que la declaración patrimonial es un instrumento de transparencia y una obligación legal de los servidores públicos, pero no un certificado de congruencia. Cuando existen investigaciones periodísticas sobre patrimonios, propiedades, empresas o estilos de vida que parecen no corresponder con los ingresos conocidos, lo responsable es explicar y transparentar el origen de esos bienes y recursos, con pruebas de que todo se encuentra dentro de la legalidad. La ciudadanía no necesita funcionarios pobres. Necesita funcionarios honestos, transparentes y congruentes. Eso también ayuda a que no busquen alternativas para sobrevivir ante sueldos demasiado bajos. La verdadera austeridad no consiste en gastar menos a cualquier precio. Consiste en gastar bien, con responsabilidad y donde realmente se necesita. Un gobierno debe ser austero donde aplique y responsable donde tiene que serlo. Cuando la austeridad se aplica a la seguridad, la tecnología, el mantenimiento o los derechos laborales, puede convertirse en precariedad y terminar afectando a los ciudadanos, que son quienes necesitan servicios eficientes y eficaces, así como el respeto a sus derechos, sin importar qué administración esté al frente. La austeridad no se demuestra con discursos, sino con congruencia y hechos. Todo discurso, tarde o temprano, tiene que enfrentarse al espejo. Por Julieta del Río PAL