El poder y la 'autoritas', por Teresa Freixes

Decían los clásicos que el poder político tenía que estar subordinado a un orden ético, a la razón o a la tradición (Platón). Que la autoridad legítima no emana de la fuerza, sino del conocimiento superior (Aristóteles). Que el poder no pertenece a un individuo, sino al orden constitucional (Cicerón). En el fondo, afirmaban, ya en aquellos tiempos, que la autoridad legítima se distingue de la tiranía porque se ejerce en beneficio del bien común y respetando las leyes de la comunidad. Vemos, pues, que se distingue entre poder, que otorga fuerza, y autoritas, que confiere legitimidad. Distinción que es importante, sobre todo, a partir de los siglos XVII-XVIII, cuando la autoridad deja de justificarse mediante lo que se consideraba de orden divino y derivamos hacia lo que ha sido el llamado pacto social. No estamos, pues, en una etapa histórica en la que el orden se justifique por el miedo o la obediencia ciega, sino que tiene que provenir de una relación de confianza entre quienes detentan el poder y los destinatarios del mismo. Pero todo ello ha de estar presidido por una fuerza coercitiva en la que los ciudadanos no entreguen al albur sus derechos al gobernante, sino que se los cedan bajo custodia para protegerlos y garantizarlos, porque sin el poder del Estado, los pactos solo son palabras escritas que puede que no tengan ninguna eficacia (Locke). En tal contexto, hoy en día, la medida formal de la aquiescencia solo puede hallarse en una mayoría electoral obtenida mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; aunque ello no es suficiente, porque, contrariamente a Schmitt, el número es solo forma. Hoy, además del número, además del necesario apoyo numérico, el poder precisa de autoritas, precisa de legitimidad, derivada de un sistema jurídico que tenga suficiente calidad (Smend). Por eso, si el gobernante abusa del poder y no se cuenta con jueces imparciales para resolver las disputas, el pueblo puede ejercitar el derecho de resistencia (Rousseau) con la única y exclusiva finalidad de restablecer el orden constitucional violado. Ahí es donde reside la autoritas: los individuos forman una comunidad política en la que se obedecen a sí mismos a través de la voluntad general por ellos generada, donde las leyes solo son válidas si garantizan el bien común de la comunidad, tal como se expresa en la sociología clásica. Actualmente, en especial a partir de Weber, se requiere, además, que los gobernados crean que el mandato es legítimo, es decir, que no hay poder sin autoritas. No se puede ejercer el poder, la dominación, sin autoritas (Herrschaft), por lo que ni la dominación de clase (Marx) justifica en sí la autoridad del poder que pueda ejercer, ya que deriva en una ideología que enmascara una opresión de clase. Y quien habla de opresión de clase, habla también de opresión de partido o de grupo gobernante, que hoy en día el concepto de clase está más que desdibujado, no solo en Occidente. ¿Puede, pues, ejercer un poder legítimo el gobernante que basa su poder en una mayoría numérica obtenida sin finalidad de formar una voluntad general que no implique la dominación de una parte de la sociedad sobre otra? Evidentemente, si eso sucede, el ejercicio del poder se realiza sin autoritas, pues se pretende situar al margen del mismo al adversario político, dificultando artificiosamente la normal alternancia en democracia. «Socialdemocracia o barbarie», afirman, como si tuvieran la patente y pudieran otorgar franquicias a conveniencia. Pero esto no es lo peor. Lo peor es cuando se pretende justificar tal anomalía en una pretendida verdad que no es más que la imposición, mediante cualquier subterfugio legal o propio de leguleyos, de una visión social de parte que niega la legitimidad al conjunto. Como se realiza cuando se pretenden levantar muros ideológicos que consideran que solo los de un lado del muro tienen «la verdad» y todo lo cifran en impedir que otros que no sean los propios detenten no la autoritas, que no saben lo que es, sino el control de las instituciones. Es decir, que lo que pretenden con la construcción de su muro es ejercer el poder por el poder. ¿Podemos afirmar que tiene autoritas un Gobierno que es incapaz de contar con presupuestos durante prácticamente toda una legislatura? La dejación de funciones constitucionales origina en tal caso dificultades amplificadas a la prestación de los servicios públicos, especialmente en circunstancias de crisis. Sí, además, a ello se añade que la crisis sea poliédrica, multidimensional, compleja de gestionar, en la que funcionarios, sanitarios, fuerzas de seguridad y militares, los primeros llamados operativamente a hacerle frente, no dispongan de los medios necesarios para afrontar la situación, desciende todavía más el nivel de autoritas con el que los gobernantes obsequian a la ciudadanía. Al respecto, cuando he sabido que a las patrullas militares desplegadas en Ceuta solo les autorizan un fusil para cada 4 o 5 componentes, me he acordado de lo que me explicó un soldado del Frente Polisario en una de las visitas que hice a los campos de refugiados de Tinduf allá por los ochenta: me dijo que cuando Marruecos les bombardeaba con napalm, en su penoso éxodo hacia Argelia, solo disponían de un fusil para cada cinco o seis guerrilleros y que era necesario salvaguardarlo incluso pagando con la vida. Y qué decir del personal sanitario, que tiene que atender, a veces en la calle, a más del triple de personas que la ratio ordinaria les tiene adjudicadas y prevenir, con medios insuficientes, contagios, infecciones y extensión de enfermedades que creíamos prácticamente erradicadas. Y de los jueces y fiscales, que no pueden hacer frente a la avalancha de casos en los que tienen que intervenir, ya sea por delitos que tienen que investigar, o por situaciones administrativas o decisiones sobre menores que tienen que autorizar. O del personal administrativo o policial especializado que solo puede formalizar diariamente entre 20 o 30 expedientes de identificación previa al triaje, originando problemas de larga duración, porque no se sabe cuántos son en realidad, que pueden pasar de diez mil, los extranjeros que pululan a su suerte por las calles, suburbios, cementerios o bosques de Ceuta. «Lo peor es cuando se pretende justificar tal anomalía en una pretendida verdad que no es más que la imposición, mediante cualquier subterfugio legal o propio de leguleyos» ¿Puede considerarse que tiene autoritas un Gobierno que, en los últimos años, ha cifrado su política exterior en enfrentarse con los «aliados naturales», es decir, las denominadas democracias occidentales, para pasar a conformar alianzas con quienes ni responden a principios democráticos ni respetan los derechos humanos? Poca autoritas reviste un tal Gobierno. Tan poca, que cuando pretende dar explicaciones, por supuesto antes a su prensa afín que al Parlamento al cual se debe, cae en una falta de credibilidad tanto mayor cuanto más se esfuerza en desgranar pretendidos argumentos que a nadie, ni a sus propios compañeros de coalición gubernamental o apoyo parlamentario, convencen. Tan pronto hablan de crisis migratoria como de ataque a la integridad territorial de España. Acusar primero a la manipulación de las mafias y las redes y luego, cambiando de opinión o directamente mintiendo como con la amnistía y tantas otras cosas, responsabilizar a estados como Rusia o Israel, o a la «internacional ultraderechista» de organizar la guerra híbrida en la que nos encontramos, afirmando que han obtenido una «estrecha colaboración» de las autoridades marroquíes, más que sorprender, lo que origina es una sonrisa de condescendencia (otra vez con el «relato» que ya nadie cree). ¿Tiene autoritas un Gobierno que no sabemos si se entera de los informes que elaboran los servicios de inteligencia, que se contradice sobre su emisión y contenido, que declara una «situación de interés para la seguridad nacional» y parece que no sabe qué hacer con ella? Mucha menos autoritas tiene ese Gobierno cuando su presidente pretende hacernos creer un «relato» que los hechos desmontan, que no es capaz de afrontar personalmente la dirección de la crisis, permaneciendo de vacaciones cuando van creciendo los problemas e, incluso, pretende inoportunamente hacer de influencer musical y literario. Tal es la falta de autoritas, que estamos ante un Gobierno sin credibilidad, que no tiene capacidad de gestión ni de explicación plausible y coherente, ni en el ámbito interno ni ante las instituciones y órganos de la Unión Europea. Se les ha pedido intervención tarde y mal. Tan mal que hasta el portavoz de la Comisión ha tenido que justificar la tardanza en proporcionar la respuesta europea adecuada, explicando que el Gobierno de España ha presentado las solicitudes a destiempo y con información insuficiente. ¿Consideraremos con autoritas a un Gobierno cuyo presidente parece buscar más la confrontación con la Corona que aunar voluntades y generar consensos mientras nos va alejando de esa Europa en la que tanto nos costó integrarnos? Si a la guerra híbrida de origen exterior añadimos la intención cada vez más descarada de provocar la desafección ciudadana con la monarquía parlamentaria, con los valores que la sustentan en democracia y con el sistema constitucional del que trabajosamente nos dotamos en 1978, generando además cada vez mayor distancia con los Estados miembros de la UE, se percibe claramente que la autoritas que debería presidir nuestra vida política va disminuyendo sistémicamente. Y, ¿qué hacemos ante un Gobierno sin autoritas? Evidentemente, podrá mantenerse en el poder. Pero sin autoritas su legitimidad se está disolviendo como un azucarillo en un vaso de agua.