La renta canalera y el círculo que pagamos todos

Durante 26 años de gestión panameña, el Canal aportó B/.31,231 millones al Estado. Tras la ampliación, aumentaron tanto su capacidad como sus aportes. Sin embargo, una parte considerable de estos recursos se mezcló con los ingresos ordinarios: el 54% se destinó a inversión, el 6% al Fondo de Ahorro de Panamá y el 40% al gasto corriente y al pago de deudas. Se hicieron obras útiles, pero también hubo gastos ineficaces, corrupción y subsidios mal asignados. Estos fondos retrasaron reformas, mantuvieron estructuras ineficientes y aumentaron la deuda pública. El crecimiento no generó empleo formal suficiente ni mejoró los servicios públicos. A pesar de la riqueza, casi la mitad de los trabajadores sigue en la informalidad y el desempleo es alto. Los ciudadanos pagan impuestos y aún deben cubrir servicios básicos por su cuenta. Seguimos, además, aplicando parches, como los descuentos en servicios y productos específicos. Y la desconfianza social sigue aumentando. El origen de las pensiones insuficientes Las pensiones bajas resultan de salarios insuficientes, causados por un escaso desarrollo económico, empleo informal y baja productividad. Subir las pensiones o incrementar los descuentos por decreto no soluciona el problema de fondo, pero es urgente atender a quienes ya sufren, sin perder de vista las causas económicas. El Proyecto de Ley 226, pendiente de aprobación ejecutiva, amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores, pero transfiere parte del déficit estatal a negocios y proveedores de servicios. Estos sectores podrían compensar los costos con precios más altos, menos inversión o recortes de empleo, lo que finalmente afectaría al Estado o a los consumidores. Para beneficiar a pensionados de bajos ingresos, el proyecto debe devolverse con objeciones; esto permitiría reemplazarlo por una propuesta de ayuda urgente y sostenible, financiada por el Estado. La necesidad de unir las propuestas El Proyecto de Ley 491 propone un fondo para aumentar las pensiones menores de B/.600,00, reconociendo el derecho a una vida digna tras la jubilación. Sin embargo, tanto este como el Proyecto de Ley 226 requieren datos claros sobre beneficiarios, montos y costos futuros. El proyecto resalta la urgencia del tema, pero no garantiza recursos automáticos. Se sugiere unificar ambas propuestas en una sola iniciativa. La solución más ordenada sería establecer un complemento social pagado por el Tesoro y separado de los fondos contributivos de la Caja de Seguro Social. La CSS conservaría la pensión calculada conforme a los salarios y las cuotas, mientras que el Estado cubriría, con criterios definidos, la diferencia necesaria para alcanzar el mínimo aprobado. Panamá ya posee un precedente institucional: el presupuesto nacional destina más de cien millones de balboas anuales a jubilaciones especiales de los estamentos de seguridad. No se trata de desconocer la naturaleza de su servicio, sino de reconocer que el Estado ya sabe administrar complementos cuando los considera prioritarios. Este grupo de beneficiarios debería recibir un porcentaje fijo de los aportes que el Canal transfiere al Tesoro, incluyendo los correspondientes a actividades conexas, como los puertos, gasoductos, etc. No debemos abrir otra vía de financiación que desaparezca precisamente cuando haya que utilizarla. Registro, financiación y aplicación del fondo Antes del primer pago, la CSS, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría tendrían que depurar un registro nominal y calcular el coste del programa. Para ello, deberían sumar las diferencias entre cada pensión elegible y B/.600,00 y multiplicar el resultado por doce meses. También tendrían que proyectar las nuevas jubilaciones y los cambios en el número de beneficiarios. El presupuesto debería identificar las partidas que se redistribuirían y el aporte de cada una. No bastaría con invocar ahorros, eficiencia o recuperación de la evasión. Los ahorros solo podrían incorporarse después de haberse realizado y certificado; los recursos procedentes de la evasión, la corrupción o las concesiones, solo cuando hubieran sido efectivamente cobrados. Esos ingresos variables fortalecerían la reserva, pero no deberían sostener el pago mensual básico. El fondo tendría que comenzar con un flujo de caja asegurado para doce meses y una reserva líquida equivalente, como mínimo, a tres meses de beneficios. El Tesoro transferiría mensualmente los recursos a una cuenta separada, administrada con la prohibición expresa de utilizarlos para otros fines. No debería permitirse financiarlo con nueva deuda, con las cuotas del fondo de pensiones ni con descuentos impuestos a terceros. Si los recursos iniciales no fueran suficientes, la aplicación tendría que ser escalonada y comenzar por las pensiones más bajas, en lugar de prometer a todos una cantidad que después no pudiera pagarse. Control y protección frente a los ciclos políticos El programa necesitaría una auditoría trimestral y la publicación del padrón estadístico, del coste, del origen de los recursos y del saldo de la reserva. Una evaluación independiente anual determinaría si las fuentes permanentes cubren los doce meses siguientes. La ley debería crear un derecho financiado, no una aspiración cuya continuidad dependiera de la discrecionalidad presupuestaria. El mecanismo también tendría que protegerse de los ciclos políticos. La partida no podría quedar sujeta a traslados discrecionales durante el año ni a promesas electorales de aumentos sin respaldo. Cualquier ampliación del mínimo tendría que acompañarse de una certificación fiscal previa y de una fuente permanente equivalente. De ese modo, el derecho del pensionado no dependería del Gobierno de turno ni de la disponibilidad ocasional del Tesoro. Una urgencia moral y una responsabilidad estatal Durante 26 años, los réditos del Canal y de su ampliación proporcionaron a Panamá un margen que pocas naciones poseen. Ese margen se utilizó parcialmente para modernizar el país, pero también para encubrir debilidades, aplazar decisiones y sostener un Estado que no siempre devolvió a la población servicios, empleo y protección social equivalentes a la riqueza recibida. Atender ahora a los pensionados más vulnerables no es una concesión ni puede esperar a una transformación económica que tardará años. Es una urgencia moral. La ayuda debe ser directa, focalizada, verificable y pagada por quien tiene la responsabilidad social: el Estado. El complemento atenderá el hambre y los medicamentos de hoy. Al mismo tiempo, una economía con mejores salarios, mayor productividad y más empleo formal deberá impedir que mañana volvamos a producir pensiones de pobreza. El autor es médico neurocirujano y exministro de Estado.