Si la política no se hace cargo, la violencia organiza el barrio

La violencia en los barrios populares del Conurbano se vincula cada vez más con el narcotráfico, el consumo de drogas y el endeudamiento asociado a ese mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae) Guardar 'Quienes andan por el Bajo, no pueden cruzar la Canchita, si lo hacen hay enfrentamientos o represalias'. Frases del estilo se repiten en los barrios populares del Conurbano. Desde hace tiempo este desencuentro proviene de diferencias entre las familias históricas que ordenan el territorio tras el retraimiento del Estado en su esfera social. Pero cada vez más la violencia y la extorsión están vinculadas al comercio y consumo de drogas, y al endeudamiento, muchas veces asociado a este mercado. Los tiroteos se normalizan y moldean la vida cotidiana. El miedo a la circulación por los pasillos regula los horarios de apertura y cierre de escuelas y comedores, marca también cuándo los vecinos y niñxs tienen que volver a sus casas y acelera el abandono de los espacios comunes. Frente a esto, la organización comunitaria resiste a fuerza de estrategias de autocuidado. PUBLICIDAD Los datos estadísticos fuerzan a complejizar las lecturas sobre los comportamientos de las dinámicas delictivas y las capacidades estatales para contenerlas. Pese a la prevalencia de estas violencias, los registros oficiales muestran una baja en la violencia letal. En 2025, la tasa de homicidios en la Provincia de Buenos Aires fue de 4,4 por cada 100.000 habitantes, tres puntos menos que diez años atrás, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Criminal. En la actualidad la provincia se encuentra por encima de la referencia nacional (3,6) y por debajo de la tasa de Santa Fe (5,7). PUBLICIDAD A su vez, la violencia más extrema se duplica en algunos municipios del Conurbano Bonaerense. San Martín muestra en 2025 una tasa de homicidios de 9 cada 100.000 habitantes, seguido de La Matanza, José C. Paz y Moreno con una tasa de 8. El Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín presentó su último informe el pasado 26 de agosto. El estudio revela que durante el primer semestre del año, los homicidios dolosos aumentaron cerca de un 30% y los hechos altamente lesivos un 50% respecto al mismo período del año anterior. Del total de los casos, el 77% está vinculado al narcotráfico. Los principales afectados son los jóvenes de entre 16 y 25 años y las armas de fuego son el principal medio para perpetrar estos hechos. PUBLICIDAD Este escenario hace espejo con lo ocurrido hace unas semanas en Florencio Varela, donde dos jóvenes fueron asesinados y otro resultó gravemente herido. Las primeras hipótesis señalan que el ataque estaba dirigido a una banda vinculada al narcotráfico pero, por error, mataron a dos trabajadores de la construcción. Ante los hechos, los vecinos arremetieron contra el búnker que debía ser el objetivo original y provocaron la muerte de una mujer e hirieron a su pareja. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la percepción sobre la oferta de drogas es sustancialmente mayor en los barrios empobrecidos. En 2023, en las villas de emergencia y en los conjuntos de vivienda social, esta percepción alcanzó el 62% y el 70,5% respectivamente, en contraste con el 29% registrado en los barrios de trazado urbano formal. La diputada Fernanda Miño advierte que en las zonas más vulnerables la oferta de drogas no responde a la demanda, sino que la tracciona y la empuja, afectando especialmente a los jóvenes, niños y niñas. PUBLICIDAD La realidad de los barrios populares exige intervenciones urgentes. Ante este escenario, resulta indispensable construir un espacio amplio de diálogo y acción que articule a las organizaciones de la sociedad civil con los distintos niveles y áreas de gobierno y también al poder judicial. Para ello, un paso fundamental es reconocer los límites del abordaje exclusivamente policial frente a un negocio atravesado por la complicidad política y que, a estas alturas, sostiene la economía diaria de muchas familias. Como medidas iniciales, se requieren políticas focalizadas en frenar la circulación de armas, abordar los consumos problemáticos desde la salud pública y generar fuentes de trabajo para las familias. Recuperar las políticas de integración sociourbanas sería un buen comienzo. *El texto es producto de una línea de trabajo del CELS en la que intervienen Victoria Darraidou y Natalia Narváez.