Siete burócratas contra la crisis del agua en Jalisco

A las cinco de la mañana, doña Lupe ya sabe si hay agua. No necesita el periódico: le basta girar la llave y oír el ruido del aire. Su colonia es una de las 302 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, después de una rasurada, documentó esta semana, en un segundo informe al Congreso: agua a ratos, turbia, con un descuento en la tarifa que nunca se concretó. Doña Lupe paga completo. El agua le llega a medias. Le dicen 'integral' a la política hídrica de Jalisco. Como el pan de caja: la bolsa anuncia salvado y fibra, y adentro va harina blanca industrializada con buen departamento de mentirotecnia. La Secretaría de Gestión Integral del Agua —Segia, para los que leemos términos de la burocracia— promete planear, regular, validar, supervisar y coordinar. Lo promete con siete personas. Siete. No alcanzan ni para armar una cascarita, mucho menos para gobernar a quienes nos dejan sin agua. ADVERTISEMENT No es error ni exageración: es su plantilla autorizada, publicada en su propio 'Plan Institucional 2025-2030'. Ahí la Segia reconoce que cuenta con siete plazas —seis hombres y una mujer, todas de confianza, ninguna de base— y que ninguno de sus trabajadores echó raíces en la casa: la secretaría nació apenas en esta administración, así que no hay memoria institucional porque, a la fecha, no ha habido institución suficiente. Hay siete nóminas y un logotipo (Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2026). Comencemos por lo aburrido, como con la sopa de verduras, que casi siempre es importante: para que un órgano rector merezca el nombre necesita dos cosas: músculo para mandar y una vara para medir si lo que mandó sirvió de algo. El artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo nombra a la SEGIA 'órgano rector y operador en materia hídrica' del estado (Congreso del Estado de Jalisco, 2026). El título lo tiene. El músculo y la vara, no. La tesis de esta columna cabe en una línea incómoda: lo que parece incompetencia es, en el fondo, creación y diseño propio. ADVERTISEMENT Vamos al músculo. Con base en el acuerdo del gobernador del 9 de diciembre de 2024, la Segia rige a dos organismos: la Comisión Estatal del Agua y el Siapa. Entre ambos suman más de 3,300 trabajadores —440 en la CEA y 2,721 de planta, más 173 eventuales, en el Siapa—, organismos con patrimonio y junta de gobierno propios; el Siapa es, incluso, organismo fiscal autónomo. Siete contra tres mil y pico. Es como pedirle a un árbitro de cascarita que dirija la Primera División, sin silbato, y con los jugadores convencidos de que la regla la ponen ellos. Y se pone peor… En junio de 2026, el Congreso aprobó una 'reforma integral' que amplía las atribuciones de la Segia: ahora debe definir criterios de inversión pública, elaborar indicadores de evaluación e integrar la información hídrica del estado (Congreso del Estado de Jalisco, 2026). Más tareas, más papeles que firmar, para los mismos siete fantásticos. Es la extraña secretaría del mundo burocrático donde la reforma sube la carga de trabajo pero no el número de trabajadores, que suele ser a la inversa. Productividad extrema, le dirán en el informe. El dinero es el capítulo peor entendido. Los 5,621 millones que se presumen para el agua en 2026 son del sector: se van casi todos a obra por la vía de la CEA y de Infraestructura, no de la Segia. ¿Cuánto ejerce el rector con su propia mano? Según la Tabla 5 de su plan, menos de cuatro millones de pesos en 2025 —bajando desde 4.6 millones en 2021—, casi todos en el capítulo de nómina. Cero pesos en obra. Cero en transferencias. Cero en inversión. El rector del agua no construye ni reparte; tampoco hace rectoría: apenas se paga a sí mismo. Se cuelga medallas ajenas: su indicador estelar en el sistema estatal de monitoreo (MIDE Jalisco) es el 'número de obras terminadas'. De su función real —regular, supervisar y medir a sus organismos— no hay indicadores. Sus propias 'líneas de acción' en el plan se resumen en 'participar en las juntas de gobierno' de la Comisión y del Siapa 'para la elaboración de actas y seguimiento de acuerdos'. Traducido: el rector gobierna yendo a juntas y levantando minutas. La cifra que lo delata: la Segia reporta una cobertura de agua potable cercana al 98%; suena a misión cumplida, a foto para el informe. Solo que, la primera semana de septiembre, la CEDH elevó a 302 los sectores de la zona metropolitana con agua insuficiente o de mala calidad, y el descuento prometido por el Congreso sigue sin entrar en vigor para todos los afectados. Según la vara oficial, casi todos tenemos agua. Según la llave de doña Lupe y sus 301 colonias vecinas, hay agua a ratos, hedionda o café, cuando llega. Cuando el indicador y la realidad se pelean con tal violencia, no sobra la realidad: sobra la vara con que se mide. O peor: es la vara que conviene al que mide. Por su parte, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en su informe de desempeño del ejercicio 2023, documentó que la Segia careció de mecanismos, formatos y criterios para acopiar y actualizar información hídrica estatal, y no acreditó evaluación de lo planificado: no hay sistema de información que sirva; el rector no tiene con qué saber qué pasa. Al analizar la inversión en obra hidráulica, la ASEJ no encontró evidencia que siga criterios de rezago social; al contrario, la probabilidad de recibir obra desciende en los municipios más rezagados (ASEJ, 2024). En Jalisco, el agua llega a quien más puede presionar, no a quien más la necesita, pero eso ya lo sabíamos; no hacían falta ni la secretaría de los siete ni la auditoría para enterarnos. Un pequeño detalle del debate reciente: el 'rector' permite que el operador discuta el agua sucia colonia por colonia, cuando la red no respeta colonias: respeta presión, pendiente y tubería. Escoger la unidad que, a veces, ni el propio municipio conoce, permite rasurar listas y administrar el problema, en vez de resolverlo. Cierro con la teoría del cambio, que es la forma técnica de decir sentido común en un ente público como la Segia. Para que el agua mejore no basta con construir: hacen falta una regla que mida resultados, una medición hecha por quien no sea juez y parte, y un rector con poder real para corregir a sus organismos cuando fallan. Sin esos tres ingredientes, cualquier 'gestión integral' es rótulo de bolsa de pan. No es tecnicismo de gabinete: esos miles de millones son de los tapatíos, no del membrete; y el agua es un derecho humano, no una mercancía que se vende a medias y se cobra completa. El agua de Jalisco ya tiene secretaría, presupuesto, logotipo, plan institucional y hasta reforma del Congreso. Lo único que le falta es quien la gobierne para que el agua llegue a las casas cumpliendo la norma. Detalle menor. Sobre el autor Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.