La ejecución no cabe en un titular

En días pasados publiqué un artículo referente al tema de las computadoras portátiles compradas por el Ministerio de Educación (Meduca). Es necesario aclarar que no digo que la tecnología no sirva en el aula. Sostuve algo más específico: el beneficio aparece cuando un adulto limita y dirige el uso, dentro de un currículo y con formación docente. Desaparece, o se revierte, cuando es solo acceso: se entrega la máquina y ya. Ese sigue siendo el problema del pliego de Meduca, que especifica NPU y RAM con precisión de ingeniero y no dice una palabra sobre supervisión. El costo de $268.5 millones no es una cifra abstracta. Es casi el doble del presupuesto completo de infraestructura escolar de Meduca para 2026: $150 millones para 25 proyectos de construcción en todo el país. Es más de cinco veces la deuda salarial de $53.1 millones que el ministerio tardó una década en pagar a los docentes. La evidencia sobre ese acceso sin acompañamiento es consistente y no favorable. La OCDE encontró que, entre estudiantes similares en 31 países, un mayor uso de computadoras en clase predijo un peor desempeño. El experimento One Laptop per Child (OLPC) en Perú, con casi un millón de equipos, no mostró efecto en matemáticas ni lenguaje, ni a los 15 meses ni a los diez años. Uruguay, con el Plan Ceibal, tuvo apenas un pequeño efecto positivo en matemáticas y ninguno en lenguaje. Ningún estudio riguroso muestra una mejora con el modelo que Panamá desea implementar a la fuerza. En la homologación de este pliego participaron 49 interesados: 47 empresas y dos personas naturales. Solo una empresa presentó una propuesta en firme, por $1.28 millones sobre el precio de referencia. Su rostro visible se promocionó como 'el Bukele panameño' durante una candidatura fallida a diputado en 2024. El contrato daba 60 días para entregar 54,000 computadoras; el plazo venció el 27 de junio y, para el 6 de agosto, solo habían ingresado al país 24,635 equipos, según registros aduaneros. Meduca anunció, de todas formas, la entrega completa el 4 de agosto. El valor declarado de esas importaciones promedia $256.66 por unidad; el contrato paga $527.45. A razón de 54,000 equipos, los ingresos para el proveedor serían de aproximadamente $14.6 millones. El 1 de septiembre conocimos que el contralor no había refrendado el contrato y lo había devuelto a Meduca. Los recursos son escasos. Pero el problema de fondo no son los equipos. Es que Meduca, la institución con el presupuesto más grande del Estado, no logra gastar el dinero que ya tiene presupuestado. A junio de 2026, había ejecutado apenas el 9.4% de su presupuesto de inversión, la cifra más baja de todas las entidades del Gobierno Central, frente a un promedio del 30.5 % entre las demás entidades. El patrón no es nuevo: la propia ejecución de Meduca cerró en 17.2% en 2025. La exministra renunció el 12 de agosto, cinco días antes de las vistas presupuestarias de Meduca ante la Asamblea, donde la baja ejecución habría sido el titular. Ese mismo día, ella misma pidió la investigación sobre las computadoras portátiles. Es difícil no preguntarse si escogió el escándalo que sí cabe en un titular, en lugar de comparecer con el peor índice de ejecución del Gobierno Central. Es tentador ver la renuncia como un acto de responsabilidad, y en parte lo fue. Pero conviene no confundir el escándalo que se ve con el problema que importa. Las portátiles son un contrato bajo investigación. La ejecución es otra cosa: el ministerio con el presupuesto más grande del Estado solo había ejecutado el 9.4% de lo que tenía aprobado para inversión y, aun así, se comprometió a gastar $268.5 millones más, esta vez en dispositivos. Molinar renunció por el escándalo que cabe en un titular. El que no cabe sigue ahí, esperando al nuevo ministro. El autor es director de la Fundación Libertad.