Verificar el fracaso

En Jalisco, el automóvil debe demostrar que no contamina. Mientras, el programa de verificación parece exento de demostrar que sirve. Al ciudadano se le exige aprobar una prueba. Al gobierno le basta con cobrarla. La comisión especial del Congreso concluyó que el programa no cumple plenamente su objetivo ambiental. La cautela legislativa no disimula el problema. Después de años de operación y subsidios, la promesa de mejorar el aire sigue necesitando pruebas. El contraste es demoledor. Según cifras expuestas por colectivos críticos, en 2024 hubo 68 días de mala calidad del aire. En 2025, con el récord de un millón 155 mil vehículos verificados, fueron 239 dias con aire pésimo. Más revisiones, pero un peor balance del aire que respiramos. La comparación no demuestra, por sí sola, que el beneficio sea nulo. Influyen el clima, los incendios y otras emisiones. Pero tampoco permite presumir éxito contando trámites. Una política ambiental se mide por la contaminación que reduce, no por los automóviles que desfilan frente a una máquina para pagar. La cobertura máxima reportada apenas alcanza 25 por ciento del parque vehicular, frente a una meta de 60. El programa incumple sus objetivos mientras exige al ciudadano cumplir sus obligaciones. Una asimetría muy cómoda para quien administra el negocio. La gratuidad tampoco resiste una revisión. Según Hacienda, el esquema supone más de 900 millones de pesos anuales de subsidio. Que el conductor no pague directamente la prueba no significa que nadie la pague. La factura termina en el presupuesto de los impuestos de todos. Además, la concesión está vigente hasta 2038. Hacienda sostiene que cancelarla costaría 20 mil millones de pesos. La eficacia ambiental sigue en evaluación, pero la factura de salida ya tiene precio. Sabemos cuánto costaría terminar el contrato. Falta acreditar cuánto aire limpio compramos al mantenerlo. El Congreso pide transparentar pagos, auditorías y resultados. No son accesorios, sino condiciones mínimas para justificar semejante gasto. Jalisco necesita controlar emisiones, no perpetuar contratos por miedo a indemnizarlos. Defender el aire limpio no obliga a defender este negocio. Si el ciudadano debe verificar su automóvil, el gobierno debe verificar su fracaso con la verificación.