El coste del paro refuta el relato del Gobierno

Entre los datos que cuestionan el triunfalismo del Gobierno con la evolución del mercado de trabajo a raíz de su reforma laboral de 2022 sobresale el fuerte aumento del gasto mensual en prestaciones por desempleo. ¿Qué explicación tiene que una economía con el mayor nivel de ocupación de su historia -22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social- y en la que, según las estadísticas oficiales, el paro registrado se ha rebajado un 17%, equivalente a medio millón de personas, desde finales de 2022, deba destinar nada menos que 2.000 millones de euros mensuales a subsidios para trabajadores que están inactivos? Este nivel sólo se había rebasado en épocas de crisis económica, mientras que ahora la tasa de paro es la menor desde 2007. Son varios los motivos de esta paradoja. Primero, la mejora de los salarios y el aumento de las bases de cotización, que generan derecho a percibir prestaciones más elevadas en caso de salir del mercado laboral. Segundo, la revalorización de las cuantías máximas previstas en la ley. Y tercero, el hecho de que los trabajadores con un contrato fijo-discontinuo tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo cuando éste queda inactivo, aunque no computen como parados a efectos estadísticos. Al hilo, el Ministerio de Trabajo sigue incumpliendo la promesa de publicar cada mes, junto al resto de los datos del mercado laboral, la evolución del número de trabajadores fijos-discontinuos, cuyo contrato ha sido suspendido temporalmente. Una opacidad que impide conocer el verdadero comportamiento del empleo en España y alimenta las sospechas sobre los récords laborales.