Un CGPJ sin bloques

Con el nuevo año judicial, el Consejo General del Poder Judicial retoma una agenda cargada de asuntos pendientes. El más urgente es cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, pero también tendrá que afrontar las de otras salas y decidir sobre la creación de nuevas plazas, mientras los tribunales siguen reclamando más medios para hacer frente a la carga de trabajo. Todo ello deberá resolverse en un contexto de tensión entre sectores del poder judicial y el Gobierno, alimentado por las acusaciones de lawfare y por la importancia política de las investigaciones y causas de corrupción que afectan a dirigentes y partidos de distinto signo. En este contexto, cada decisión del Consejo puede ser interpretada en clave política y convertirse en un nuevo argumento en el debate sobre la independencia judicial. Por eso debe evitar que el enfrentamiento entre bloques condicione su actuación y justificar sus decisiones con criterios objetivos y comprobables. Una cuestión especialmente relevante en la Sala Segunda del Supremo, que no solo fija doctrina, sino que también investiga y juzga causas en las que pueden estar implicados altos cargos y líderes políticos. En esta sala hay ahora tres vacantes y habrá otras tres durante el próximo curso por las jubilaciones previstas. Un sector del Consejo defiende esperar a que se produzcan las próximas bajas para negociar los nombramientos en conjunto, mientras otros vocales consideran que las plazas deberían cubrirse a medida que quedan libres, porque mantenerlas vacantes durante meses puede aumentar las dudas sobre la objetividad del proceso. La exigencia de 13 votos obliga, en cualquier caso, a buscar acuerdos. La dificultad para alcanzar esos acuerdos se refleja también en el proceso abierto para cubrir tres de esas plazas. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha informado favorablemente sobre siete magistrados que aspiran a ocuparlas. El informe no decide quién será nombrado, pero forma parte de la valoración de los candidatos y tiene especial importancia por la trayectoria de algunos de ellos. Entre los aspirantes hay magistrados que han intervenido en causas de gran trascendencia política, como Gürtel, Púnica o Lezo, y también Enrique López, que fue consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Estos antecedentes no permiten cuestionar por sí mismos la imparcialidad de ninguno de ellos, pero hacen muy pertinente que el Consejo explique sus decisiones a partir de los méritos profesionales de los candidatos y no de las posiciones que puedan atribuirse a cada uno. El desafío al que se enfrenta el CGPJ no es solo cubrir las vacantes, sino recuperar la confianza en el procedimiento. Para ello tendrá que abandonar la lógica de los sectores ideológicos que ha condicionado durante años su funcionamiento y que, al convertir cada decisión en un acuerdo entre bloques, alimenta y reproduce las sospechas sobre la politización del órgano. En un momento de fuerte polarización política e institucional, la independencia judicial no puede depender de la confianza entre sectores ni de la ausencia de controversia, sino de decisiones que atiendan solo a su capacitación y trayectoria judicial. Solo así el Consejo podrá evitar que sus propios nombramientos se conviertan en una parte más del conflicto.