Sergio Ramos: Cuidado con las bajas temerarias en la contratación pública

Hay una cuestión sobre la contratación pública de la que deberíamos empezar a hablar con más claridad: las bajas temerarias. Durante años hemos asumido que ... cuanto menos pague una Administración por un contrato, mejor se están gestionando los recursos públicos. Y aunque existe, evidentemente, la obligación de cuidar hasta el último euro de los ciudadanos, conviene preguntarnos si determinadas ofertas extraordinariamente bajas suponen realmente un ahorro o si estamos generando un problema que aparecerá más adelante. Porque una cosa es competir, ajustar márgenes y ser eficiente, y otra muy diferente es presentar precios con los que resulta difícil creer que un servicio pueda prestarse correctamente. Además, hablamos de contratos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos: limpieza, mantenimiento, servicios sociales, transporte, conservación de instalaciones, tecnología y muchos otros servicios esenciales. Cuando una empresa realiza una baja extrema para conseguir uno de estos contratos, sobre el papel la Administración ahorra dinero, pero la realidad comienza al día siguiente de la adjudicación. Hay que pagar salarios, comprar materiales, mantener maquinaria y vehículos, asumir seguros, combustible, energía y responder ante los problemas que inevitablemente aparecen. Todo eso cuesta dinero y no desaparece porque alguien haya escrito una cifra muy baja en una oferta. Me preocupa especialmente que este modelo termine perjudicando a empresas que durante años han demostrado solvencia, experiencia y capacidad para hacer bien las cosas. Hay compañías que conocen sus costes y saben hasta dónde pueden bajar sin poner en riesgo un servicio. Cuando se encuentran frente a competidores dispuestos a realizar ofertas que consideran inviables, tienen dos alternativas: entrar en esa carrera hacia abajo o quedarse fuera. Muchas optan razonablemente por lo segundo. Nos encontramos entonces con la paradoja de que un sistema pensado para fomentar la competencia puede acabar expulsando a empresas serias simplemente porque se niegan a trabajar en condiciones insostenibles. Por eso ha llegado el momento de plantear cambios en la contratación pública y también de revisar determinados aspectos de su marco legal. Durante los últimos años hemos dedicado muchos esfuerzos, con razón, a reforzar la transparencia, garantizar la concurrencia y establecer controles contra la corrupción. Ese camino debe continuar. Pero una buena ley de contratación no debería proteger únicamente al ciudadano frente a posibles prácticas corruptas. También debería protegerlo frente a contratos económicamente mal planteados, ofertas imposibles de cumplir y adjudicaciones que pueden terminar deteriorando servicios públicos importantes. No estoy defendiendo que se limite la competencia. Una empresa eficiente puede ofrecer un servicio por menos dinero que otra y debe poder aprovechar esa ventaja. El problema es que tampoco basta con detectar una posible baja temeraria y pedir a la empresa que la justifique. La empresa, como es lógico, presentará una justificación para defender su oferta. Y demasiadas veces esa explicación acaba aceptándose casi como un trámite más, porque también existe una presión por terminar el procedimiento, adjudicar y conseguir que la licitación salga adelante. La justificación de una baja anormal no puede convertirse en un simple intercambio de documentos para cubrir el expediente. Tiene que existir un análisis económico y técnico serio que determine si con ese precio se puede prestar realmente el servicio. Y cuando los números no salgan debe existir también la voluntad de decir que no, aunque eso complique la adjudicación. Ahora bien, tampoco podemos colocar toda la responsabilidad sobre las empresas. Las administraciones tienen que hacer sus deberes y conocer los precios reales del mercado antes de publicar una licitación. No puede elaborarse un presupuesto simplemente partiendo del dinero disponible o de lo que costaba ese mismo servicio hace varios años. Los costes cambian: suben los salarios, los materiales, la energía, los seguros, los vehículos o la tecnología. Si queremos exigir un determinado nivel de servicio, primero tendremos que conocer cuánto cuesta razonablemente prestarlo. Esto nos lleva a otro problema: las licitaciones que quedan desiertas. Cuando sale a concurso un servicio importante y ninguna empresa se presenta, algo debería hacernos reflexionar. Si compañías diferentes llegan a la conclusión de que con ese presupuesto no merece la pena asumir el contrato, quizá el precio de salida no responda a la realidad. Una licitación desierta no es ningún éxito para las arcas públicas. Supone retrasos, nuevos procedimientos, incertidumbre y, en determinados casos, problemas en servicios que afectan directamente a los ciudadanos. También deberíamos hablar sin complejos de una realidad evidente: las empresas se presentan a los concursos para ganar dinero. Y no hay nada malo en ello. Deben cumplir sus obligaciones, respetar a sus trabajadores y prestar correctamente aquello a lo que se han comprometido, pero también necesitan obtener un beneficio razonable. De ese beneficio salen inversiones, contratación, formación, innovación, renovación de equipos y capacidad para afrontar dificultades. Pretender que una empresa trabaje prácticamente sin margen durante años no es necesariamente defender el interés público; muchas veces puede ser precisamente ponerlo en riesgo. Hay además otro aspecto que merece una revisión: el peso de los criterios subjetivos en las adjudicaciones. Siempre existirán cuestiones que requieran una valoración técnica, pero cuanto menor sea el margen de interpretación y mayor el peso de criterios objetivos, medibles y comprobables, mayores garantías existirán para todos. Y hablar de criterios objetivos no significa hablar solamente de precio. También pueden medirse la calidad, los medios materiales y humanos, los tiempos de respuesta, la cualificación del personal o determinados compromisos de ejecución. Deberíamos aspirar a que dos técnicos diferentes, ante una misma oferta, lleguen a valoraciones similares. Eso aporta seguridad, reduce la discrecionalidad y evita sospechas sobre las adjudicaciones. Necesitamos, en definitiva, una contratación pública que siga cerrando cualquier espacio a la corrupción, pero que también tenga los pies en el suelo. Una ley que ponga límites efectivos a las bajas verdaderamente temerarias, que obligue a estudiar los precios reales de mercado, que reduzca la excesiva subjetividad y que no expulse a empresas responsables y solventes por negarse a participar en una carrera absurda por ver quién ofrece hacer lo mismo por menos. Al final estamos hablando de contratar bien. El objetivo de una Administración no debería ser presumir de haber adjudicado un servicio un 20, un 30 o un 40 por ciento más barato, sino garantizar que ha conseguido las mejores condiciones para los ciudadanos y que ese contrato puede cumplirse correctamente de principio a fin. Ahorrar dinero público es fundamental, pero ahorrar poniendo en peligro un servicio termina siendo una mala decisión. Porque en contratación pública no se trata de pagar mucho ni de pagar poco, sino de pagar lo justo por recibir un buen servicio. Y el precio más bajo no siempre es el mejor precio.