El programa Jóvenes en Acción nació con una promesa: brindar una oportunidad a miles de jóvenes que no encuentran empleo y permitirles adquirir experiencia. El problema aparece cuando se observa qué tipo de experiencia están obteniendo y, sobre todo, si esa experiencia tiene relación con aquello para lo que estudiaron. Y que está a años luz de ser para lo que se creó
Una política pública destinada a los jóvenes debería hacer algo más que entregar una transferencia temporal. Debería conectar educación, capacitación y empleo. Permitiendo que un joven que estudió ingeniería, administración, comunicación, informática, contabilidad, diseño, turismo o cualquier otra profesión pueda desarrollar, aunque sea temporalmente, actividades relacionadas con sus conocimientos.
En su tercera etapa, el Gobierno estableció 150.000 cupos para jóvenes de entre 18 y 29 años, con un incentivo de USD 400 mensuales durante tres meses. Los participantes son vinculados a instituciones públicas como los ministerios de Infraestructura y Transporte, Salud Pública, Educación, Deporte y Cultura, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Lo paradójico es que en dichos ministerios se reducen presupuestos, no hay ni siquiera para materiales de aseo u oficina y pretenden generar experiencia laboral a partir de este programa. Solo en Ecuador.
No se trata de menospreciar el trabajo de limpieza, mantenimiento, apoyo administrativo o actividades comunitarias. Todas esas labores son necesarias y dignas. El problema es otro: el Estado está utilizando recursos públicos para generar una experiencia laboral que puede no incrementar significativamente el capital profesional del beneficiario.
Un ingeniero no debería pasar por un programa público para terminar haciendo exclusivamente labores que no requieren sus conocimientos de ingeniería. De pronto necesita calcular la cantidad de material de aseo que debe utilizar a diario en un área específica; y que dicho sea de paso es conseguido mediante autogestión, ya que lo que debe ser regentado por los distritos pasa a los bolsillos de los padres de familia. (Educación)
No basta con preguntar cuánto dinero recibe cada joven. Hay que preguntar qué obtiene el país a cambio de ese dinero. Si el Estado invierte millones de dólares en jóvenes profesionales, pero no utiliza sus conocimientos, existe un problema de eficiencia. El gasto puede cumplir una función asistencial temporal, pero queda en duda su capacidad para convertirse en una verdadera política de inserción laboral.
Porque pagar tres meses no es lo mismo que formar para el empleo. ¿Dinero mal gastado?, cuando hay necesidades más urgentes que resolver.
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