Distribuir la prosperidad

Las cifras macroeconómicas de España y de Catalunya en cuanto a crecimiento económico y empleo son espectaculares. Los beneficios de las empresas crecen año tras año y las cotizadas están llegando a valoraciones que suponen récords históricos. En esos términos, nuestra economía es una de las más dinámicas de la UE y de la OCDE. En este panorama solo hay dos amenazas: la primera es la inflación, que se ha vuelto a disparar por el impacto en los precios energéticos de la crisis de Irán; la segunda es el alto nivel de endeudamiento del Estado. Ambas amenazas pueden derivar en un cóctel explosivo en forma de subida de los tipos de interés. Ciertamente ni las familias ni las empresas tienen hoy el nivel de deuda que tenían cuando estalló la crisis financiera en el año 2008. Pero la tragedia puede llegar porque no hemos recuperado la renta disponible. Y aquí nuestros datos son mucho peores que los de nuestro entorno. Una subida de tipos podría desencadenar un desajuste en las cuentas públicas por la vía del impacto presupuestario del pago de los intereses de una deuda desbocada, y en las cuentas familiares, diezmadas por la inflación y por los bajos salarios. En el fondo, estas amenazas describen las debilidades de la política económica de los gobiernos de Pedro Sánchez, fundamentada en una fiscalidad expansiva y en unos costes sociales disparatados que lastran que el beneficio de las empresas se traslade a los salarios, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría en este país. La vivienda es el mejor ejemplo de estos desajustes, pero no el único. El diario publicó ayer un dato que pone al otro frente de los desajustes: 5.000 pueblos en toda España carecen de una tienda de alimentación. En Catalunya ocurre en el 18% de los municipios. ¿Por qué han cerrado estos comercios de proximidad? En primer lugar, por la despoblación. Pero no únicamente. Los costes energéticos que repercuten en el transporte, por ejemplo, o los costes sociales que tienen esas empresas con sus trabajadores también influyen en la viabilidad de unos comercios que no pueden ganar volumen ilimitadamente como ocurre en las grandes ciudades. Una vez más, nos encontramos con una política económica que no consigue trasladar a la mayoría de los ciudadanos y a la mayoría de los territorios el crecimiento del PIB. La prosperidad del país no se distribuye adecuadamente y no solo por la presunta avaricia del capital, como proclaman por partidos de este Gobierno, sino también por la carga fiscal del Estado. Y en muchos casos, más por la segunda razón que por la primera. ¿Está empezando a agotarse este modelo económico? Es evidente que, políticamente, pasa por sus peores momentos. Pero también hay indicadores que invitan a la preocupación. Para empezar, los datos de empleo del mes de agosto que se han salvado por el impacto en las altas a la Seguridad Social del proceso de regularización de inmigrantes. Un dato en sí mismo positivo, pero que no puede ocultar que el crecimiento económico también encuentra dificultades para traducirse en empleo. ¿Por el impacto de la IA? Puede ser. Pero muchas veces si la IA es competitiva es porque confronta con unos costes laborales desorbitados que no vienen determinados por el salario que perciben los trabajadores sino por las cotizaciones que detrae el Estado.