Imparable la violencia feminicida

A pesar del incansable reclamo de justicia por parte de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, Honduras sigue atrapada en una preocupante inercia estatal y social ante el creciente número de mujeres que pierden la vida de manera violenta en el territorio nacional. Solo el fin de semana, los medios de comunicación informaron del asesinato de tres mujeres en el interior de una vivienda en El Porvenir, Francisco Morazán, y de una cuarta en las playas de La Ceiba, Atlántida, con lo que se eleva a 184 la cifra de mujeres que han perdido la vida de manera violenta durante 2026. Este escenario refleja la urgencia de que el Estado adopte medidas inmediatas para frenar la espiral de violencia que enluta a miles de familias. La impunidad en este tipo de delitos, superior al 95 % según estadísticas del CONADEH, exige fortalecer urgentemente el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como impulsar políticas públicas efectivas para frenar la falta de investigación y el castigo a los agresores. Es cierto que en el Congreso Nacional se han impulsado reformas a leyes y se han endurecido las penas del delito de femicidio; sin embargo, a la luz de las cifras de muertes y la aplicación de la ley, las medidas no han sido suficientes ni disuasivas para frenar el alto número de asesinatos. Muy bien lo ha planteado Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del CONADEH: 'Más allá de crear mecanismos y documentos legales, es necesario que el Estado traduzca esos mecanismos a la efectividad práctica'. Ha quedado probado que registrar fríamente y a diario el número de víctimas, sumado a aprobar leyes que se quedan en el papel, no es la solución; al contrario, esto solo consolida los alarmantes y escalofriantes índices de impunidad. Exigir justicia en todos y cada uno de estos casos no solo es tarea de las familias de las víctimas, sino un deber moral e impostergable de toda la ciudadanía.