Tareas ineludibles para avanzar hacia las elecciones

En efecto, no estamos listos para un proceso electoral. Esto es obvio. Hay una serie de cuestiones, todas imprescindibles, que deben resolverse previa y urgentemente. A listarlas y comentarlas brevemente está dirigido este artículo. La primera que deseo mencionar aquí se refiere a la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Los rectores actuales —que participaron en el descarado fraude electoral del 28 de julio de 2024— deben salir del organismo y ser reemplazados sin dilación. Aprovecho para preguntar: ¿Los responsables del fraude tendrán que rendir cuentas ante un tribunal o esperan hacerse de un perdón político sin considerar la opinión de los millones de venezolanos cuya voluntad fue desconocida? En el nombramiento de los nuevos rectores no deben privar cuotas partidistas de ninguna índole. Lo que se exige es que sean ciudadanos de limpia trayectoria y con las capacidades profesionales necesarias para afrontar los aspectos técnicos del complejo sistema electoral venezolano. Apenas se instale un nuevo equipo directivo, le tocará afrontar de inmediato la renovación de los gerentes titulares de los cargos clave, que serán los responsables de garantizar un proceso electoral equilibrado, transparente, confiable y rápido. Ambos son objetivos prioritarios y deben asumirse sin más demora en las negociaciones en curso. Otra gran pregunta que exige una respuesta también urgente es quiénes podrán ejercer el derecho a votar, derecho garantizado por el artículo 63 de la Constitución Nacional: 'El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas'. En concreto, ¿será reconocido, como hacen tantos países democráticos del mundo, el derecho a elegir de quienes viven fuera del territorio nacional —alrededor de cinco millones de personas mayores de 18 años, en el caso de Venezuela—, dispersos en decenas de países? ¿Acaso no es absolutamente imprescindible reconocer sus derechos políticos? La nueva directiva del Consejo Nacional Electoral no solo tiene la tarea prioritaria de revisar y actualizar el Registro Electoral Permanente, sino que también debe organizar jornadas masivas de inscripción de nuevos votantes y poner en marcha una operación logística que asegure que una parte sustantiva de los venezolanos mayores de 18 años que viven fuera del país puedan registrarse como electores y votar. La complejidad y magnitud de dicha operación exige que en corto plazo sean designados equipos dentro y fuera de Venezuela que asumirán esta exigente responsabilidad y que deben iniciar sus diligencias sin demoras, apenas sean constituidos. Otro aspecto fundamental que debe resolverse es el de cuáles serán las organizaciones políticas y sociales que podrán participar en el proceso electoral. Hay que devolver la titularidad jurídica, los emblemas, los signos y las propiedades de los partidos políticos a sus legítimos propietarios. Hacerlo pronto generaría un beneficio importante para el funcionamiento democrático: facilitaría a los partidos y grupos políticos realizar debates doctrinales, revisar sus reglamentos, legitimar a sus autoridades, prepararse para el retorno al funcionamiento democrático. El pasado jueves 3 de septiembre, representantes de medios de comunicación regionales y nacionales entregaron a Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento del 2015, un documento para el restablecimiento de las garantías jurídicas y económicas, marco necesario para un ejercicio libre del derecho a informar y opinar. El mismo contiene cinco peticiones concretas: Primera: cese total del bloqueo a portales y medios de comunicación, tanto venezolanos como extranjeros. Segunda: eliminación de todos los expedientes policiales y tribunalicios en contra de periodistas y editores, residenciados dentro o fuera de Venezuela. Tercera: reformas inmediatas o derogación de leyes y reglamentos, como la Ley del Odio y otras, creadas para obstaculizar o impedir el ejercicio libre del periodismo. Cuarta: establecimiento de cambios legales que aseguren estabilidad a las empresas a las que el Estado entregue concesiones para administrar emisoras de radio y canales de televisión. Quinta: creación de un marco legal e institucional claro y transparente que impida que los organismos del Estado ejerzan de forma arbitraria e ilegal sanciones o penas sin fundamento a las empresas de comunicación, sus propietarios o sus trabajadores. La solicitud está indisolublemente ligada al próximo proceso electoral. No puede haber elecciones realmente libres sin un debate libre, abierto y visible de los candidatos y sus proyectos, pero también de los actores de la sociedad civil que tengan opiniones que expresar sobre el futuro de la nación venezolana. Quiero agregar otro factor fundamental del que apenas se habla: ¿qué pasaría con el Plan República en un próximo proceso electoral? ¿Bajo qué criterios se establecerían reglas y límites para devolver a las Fuerzas Armadas a disciplinas estrictamente institucionales, apegadas a la Constitución, ajenas al partidismo del PSUV y a la seudodoctrina del militarismo bolivariano, que ha justificado conductas inaceptables con los electores y las ha hecho cómplices de sucesivos fraudes electorales? Ninguno de estos elementos que he mencionado hasta aquí es accesorio: están directamente vinculados al objetivo de unas elecciones libres, transparentes y justas para todos los participantes. Pero hay también otros elementos político-morales asociados, que son cruciales para llegar a un proceso electoral en verdaderas condiciones de libertad política. Por ejemplo: el de los presos políticos. ¿Sería aceptable volver a un proceso electoral y que todavía haya centenares de venezolanos inocentes e indefensos encerrados en las mazmorras de la narcodictadura? ¿Sería aceptable? No lo sería. Por lo tanto, no puede olvidarse en las exigencias que los demócratas hacemos sobre las cosas que deben solucionarse para avanzar hacia la democracia que los presos políticos continúan siendo el más prioritario de los objetivos.