La financiación y el Gobierno

Nos vamos enterando por los medios de comunicación que este Gobierno de pato cojo no ceja en su empeño de morir matando. En cualquier ámbito, ya sea la inoperancia en la crisis de Ceuta o, como en el caso que quiero destacar, fijar una financiación autonómica que le permita obtener algún que otro voto para seguir cojeando y trastabillando hasta que no haya más remedio que convocar elecciones. Es inaudito que en algo que precisa de un consenso agravado, porque afecta a todos y a todas las instituciones, centrales, autonómicas y locales, como es el modelo de financiación, el Gobierno pretenda acordarlo sin tener ni la mayoría numérica ni la legitimidad de ejercicio para ello. También sorprende buena parte de los medios de comunicación afirmen que el Gobierno 'ha aprobado' el nuevo modelo sólo con los votos, en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El CPFF no ha aprobado ningún modelo, sino, de acuerdo con unas normas de funcionamiento más que mejorables, las bases del proyecto que el Gobierno tiene que enviar al Parlamento para que el nuevo modelo, reformando o derogando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) sea, en su caso, aprobado por Ley orgánica. Llevamos ya dos lustros de retraso en poner al día la LOFCA. No se consiguió actualizar lo necesario con el Gobierno Rajoy. Y tampoco se ha hecho en los mandatos de P.S. que ahora quiere correr la maratón y dar por hecho que sólo con el apoyo de la Generalitat (no de Cataluña, que es algo más complejo) y del Gobierno de Canarias, puede suplir la legitimidad necesaria para adoptar una propuesta de tal calibre. No se puede acordar de forma bilateral entre el Gobierno y una o varias CCAA asuntos que afecten al Estado y/o a todos los ciudadanos españoles, incluyendo cualquier medida de política fiscal y financiera o de gestión tributaria. La Constitución, la LOFCA y la jurisprudencia constitucional se oponen a ello. Máxime cuando lo que pretende aprobar es resultado de pactos que responden a intereses políticos concretos, que están al margen del interés general. En este caso, siendo éste uno de los reproches que la mayoría de comunidades hacen al reciente acuerdo del CPFF, la madre del cordero está en el pacto que, a través de la Generalitat del Sr. Illa, se tiene con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio del apoyo que este partido da al Gobierno catalán y los votos que este mismo partido ha otorgado y continúa otorgando como respaldo parlamentario al Gobierno de P.S. Política de boquita pequeña, podríamos decir. Se enmascara una discutible legitimidad en la toma de decisión, mediante un grandilocuente acuerdo pírrico en el CPFF. En este Consejo, el Gobierno de España posee el 50% de los votos, por lo que, con el único respaldo de una comunidad autónoma, ya puede, numéricamente, tomar cualquier decisión. Ello ha originado que, en la pasada reunión, con el voto en contra de 12 representantes de comunidades autónomas, incluidas las presididas por un socialista, además de Ceuta y Melilla, el Gobierno haya podido aprobar los criterios de la propuesta que tiene que elevar al Parlamento sobre el nuevo modelo de financiación. La Comunidad de Madrid no acudió a la convocatoria, cosa que en mi opinión es inoportuna, ya que nos dejó sin conocer sus argumentos en tal sede; es mejor acudir y oponerse con claridad. Y el País Vasco y Navarra no están en este régimen, por lo que no forman parte del Consejo. ¿Por qué tal rechazo? Como se viene observando desde que comenzó a discutirse el asunto, cambiar el modelo de financiación es posible, pero no es adecuado hacerlo si no se cumplen con ciertos requisitos, fijados constitucionalmente para evitar desequilibrios financieros y garantizar la igualdad de todos los españoles, vivan en la comunidad autónoma en la que vivan. En este contexto, según lo aprobado en el CPFF, que afecta a las comunidades autónomas de régimen común (no al País Vasco o Navarra, que tienen régimen especial en la misma Constitución, lo cual, dicho sea de paso, quizás fuera adecuado revisar, al menos en su aplicación práctica respecto al cupo), el nuevo sistema de financiación supondría 20.975 millones de euros adicionales al año para esas comunidades de régimen común. También aumentan los porcentajes de recaudación transferidos, por ejemplo, el IRPF subiría al 55% y el IVA al 56,5% y se prevén transferencias en otros tributos. Si tenemos en cuenta cómo se reparten tales montos entre comunidades, podemos señalar incrementos como los de Andalucía (+4.846 M€), Cataluña (+4.686 M€), Comunidad Valenciana (+3.669 M€) o Madrid (+2.555 M€), junto a subidas progresivas en el resto de los territorios, al tiempo que se establecen límites a ciertos tributos autonómicos para evitar el 'dumping' fiscal. Es necesario ponderar también que estos valores absolutos han de ser analizados en el contexto de los indicadores de cada una de las comunidades (población, capacidad fiscal, servicios públicos, competitividad o cooperación). Es realmente curioso apreciar como en el acuerdo no aparecen los conceptos que más rechazo general originan, como es el de 'financiación singular' o el denominado 'principio de ordinalidad', sino que se pretende vender la idea de que estamos ante una mejor 'federalización' de la financiación, que se va a traducir en mejoras generalizadas sin ningún tipo de discriminación. Por ello, el texto habla de 'población ajustada', 'nivelación horizontal' y 'nivelación vertical', así como de 'garantía de statu quo', eufemismos que reconducen a las exigencias de parte del nacionalismo catalán, que es quien ha estado 'en la cocina' de la propuesta, centradas en su única y exclusiva conveniencia monetaria. Cierto, desde otro orden de consideraciones, que Junts, al no ver reflejada explícitamente su petición de 'financiación singular', con un modelo similar al del País Vasco y Navarra, se opone también al nuevo modelo. Así las cosas, el Gobierno se va a esmerar ahora en conseguir los apoyos parlamentarios numéricamente necesarios para conseguir aprobar la correspondiente Ley orgánica. Como no lo tiene nada claro, dado la oposición que la propuesta ha generado incluso en las comunidades gobernadas desde su propio partido, ya hemos comenzado a ver las 'sugerencias' de intercambio de cromos que ha lanzado Moncloa. Por ejemplo, que está abierta a considerar que Cataluña quede al margen del reparto de migrantes que pretenden para descongestionar Ceuta. O al pedir a Junts que permita la tramitación porque podrán obtener otras mejoras durante el pase del proyecto por el Congreso. O anunciando que tendrá en cuenta todo ello en la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial que quieren también emprender. O, yendo más allá, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que el Gobierno acaba de comunicar al Consejo de Asuntos Generales de la UE, consistente en que va a vetar las lenguas oficiales de las futuras ampliaciones si el catalán no es oficialmente reconocido en el marco europeo. Pesaditos son, desde luego. Lo malo es que, pasito a pasito, se va desmembrando el Estado y se va confederalizando el sistema, al margen de las exigencias constitucionales que conforman nuestro modelo territorial.